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Revista Psicologia Política
ISSN 2175-1390
ARTIGOS
Una propuesta de categorización de la participación política de jóvenes cordobeses
A proposal of categorization of the political participation of cordoban youngsters
Uma proposta de categorização da participação política de jovens cordobeses
Silvina Brussino*, I, II, III ; Hugo Rabbia**, I, III; Patricia Sorribas***, I, III
I Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
II Universidad Católica de Córdoba
III Centro de Estudios Avanzados. Universidad Nacional de Córdoba (CEA - UNC)
RESUMEN
El presente trabajo indaga en la estructura subyacente de las prácticas políticas de 300 jóvenes de Córdoba/Argentina (de 18 a 30 años). A partir de un análisis de clúster jerárquico de variables within-groups, se obtuvieron tres conglomerados que incluyen la participación partidario-sindical, la participación comunitaria y la participación expresiva, y que reflejan la categorización de un 76% de casos puros. La propuesta taxonómica fue validada por un análisis factorial de componentes principales y replicada en una muestra de 2003 integrada por 278 cordobeses de todos los cohortes etarios. Así mismo, el artículo traza perfiles descriptivos de los jóvenes que integran cada conglomerado, considerando variables socio-demográficas y actitudinales.
Palavras-chave: Psicología política, Participación política, Comportamiento político, Tipos de participación política, Jóvenes comportamiento.
ABSTRACT
This article interrogates on the structural elements of political practices in a sample of 300 young people (18 to 30) from Cordoba/Argentina. Three conglomerated were obtained by using a hierarchical cluster analysis of within-groups variables which reflect the categorization of 75% of pure cases: partisanship-trade union participation, communal participation and expressive participation. This taxonomy was validated by a principal components factorial analysis and replicated in a 2003 sample of all age cohorts composed by 278 individuals from Cordoba. Furthermore, the article provides descriptive profiles of the young people from each conglomerate considering socio demographic and attitudinal variables.
Keywords: Political psychology, Political participation, Political behavior, Typology of political participation, Young people.
RESUMO
Este trabalho pesquisa a estrutura subjacente das práticas políticas de 300 jovens de Córdoba-Argentina entre 18 e 30 anos. A partir de uma análise cluster hierárquica de agrupamentos de variáveis-intra-grupos, se obtiveram três agrupamentos que incluem a participação partidarismo-sindical, a participação da comunidade e a participação expressiva, e refletem a categorização de 76% dos casos puros. A proposta de taxonomia foi validado por uma análise fatorial de componentes principais e foi replicado em uma amostra de 2003 com 278 Cordobeses de todos os grupos etários. Além disso, o artigo traça perfis descritivos dos jovens em cada cluster, considerando variáveis sócio-demográficas e atitude.
Palabras clave: Psicología política, Participação política, Comportamento político, Tipos de participação política, Jovens.
Introducción
Ya en 1977 Milbraith y Goel afirmaron que los ciudadanos se enfrentan con dos "decisiones" importantes al tomar posición en los asuntos públicos: primero deben elegir entre intervenir en los mismos o permanecer al margen; en segundo término, de optar por la implicación, necesariamente deberán adoptar de un set de comportamientos disponibles aquél o aquellos que vayan a realizar. Más allá de que una u otra decisión sea – o no – de naturaleza instrumental, o que mantengan entre sí una lógica secuencial o simultánea, es posible trazar un paralelismo entre estas dos instancias y dos de los principales dilemas que han abordado los estudios sobre participación política: el dilema actividad-inactividad y el dilema de los modos de participación política. La mayoría de los abordajes sobre participación política han cabalgado entre uno u otro dilema, incluso ambos, al intentar desentrañar los factores explicativos respecto a quiénes, cómo y por qué participan en la arena política.
El dilema actividad-inactividad centró el interés de los primeros desarrollos sobre participación política (Campbell, Converse, Miller & Stokes, 1960; Campbell, 1962; Wilson & Western, 1969). Enmarcados en una definición de participación política como legitimadora del orden político, los ítems de participación privilegiados por estos estudios fueron "las actividades de ciudadanos privados que buscan influir o apoyar al gobierno y a las políticas" (Milbraith & Goel, 1977:2), es decir, el voto y otros comportamientos partidario electorales. De esta forma, estos estudios pioneros trazaron un panorama generalizado sobre quiénes eran los votantes: el foco se centraba en el monto de participación que una persona predeciblemente realizaría (o estaría dispuesto a realizar) en virtud de factores como la identificación partidaria, la exposición a información política relevante, el apoyo al sistema político, el nivel socioeconómico (NSE) y otras variables socio-demográficas y psico-sociales. Otras formas de intervenir en los asuntos públicos podían ser identificadas como factores de la participación política (por ejemplo, el adoptar una estrategia de influencia que busque el apoyo de otros para lograr medidas concretas por parte del gobierno, en Verba, 1962); formas de participación "pasiva" frente a las formas "activas" sometidas a estudio (como el seguir información política relevante de periódicos, radios y televisión, en Wilson & Webster, 1969), o bien, como es el caso de las acciones de oposición al régimen político u otras prácticas contestatarias, enmarcarse en la noción de "violencia política" (Gurr, 1970)
Durante los 70, numerosos estudios comenzaron a cuestionar la centralidad del análisis en torno al dilema actividad-inactividad y la pretendida unidimensionalidad de la medición de participación política. Zipp y Smith (1979), por ejemplo, advirtieron factores explicativos diferenciados para el voto y el intervenir en campañas electorales. Verba y Nie, en su ya clásica obra de 1972, abordaron factorialmente 12 ítems de participación, de los que identificaron cuatro modos principales de comportamiento político de los estadounidenses, excluyendo las acciones de protesta: el votar, el activismo de campaña, el activismo comunal y los contactos personalizados.
A partir de la visibilidad que adquirieron nuevas formas de intervenir en los asuntos públicos desplegadas por los movimientos sociales de los 60 y 70 se ampliaron y complejizaron los repertorios de acción disponibles en las sociedades occidentales. En este marco, las generaciones más jóvenes y otros grupos subalternos (mujeres, afroamericanos, indígenas) ganaron presencia pública, siendo crecientemente identificados como actores privilegiados de una "revolución participatoria" (Kaase, 1986).
Ante estos cambios, un creciente número de estudios hizo propia la necesidad de profundizar en el segundo de los dilemas de la acción política: el de los modos de participación. Autores como Kaase y Marsh (1979) y Booth (1979) buscaron incorporar los comportamientos contestatarios y las diversas acciones de protesta de los nuevos movimientos sociales al análisis de la participación política electoral o tradicional. Para Booth (1979), por ejemplo, la participación política no tenía que ocurrir necesariamente en la arena formal gubernamental: "acciones de cualquier tipo — violentas o no, legales o ilegales — que buscan influir en la distribución de bienes públicos comenzaron a ser enmarcadas bajo la noción de participación política" (p. 32).
Kaase y Marsh (1979:41), por su parte, denominaron acciones políticas no convencionales a todos aquellos comportamiento que "no se corresponden con las normas, leyes, reglas y costumbres que regulan la participación política en un régimen dado", pero que, al no ser anti-sistémicos, no podían seguir siendo considerados bajo la etiqueta de "violencia política". Estos autores incluyeron entre las modalidades de participación de tipo no convencional todas aquellas prácticas no electorales: el participar en una sentada, en un boicot o una manifestación, participar de grupos ciudadanos, cortar rutas o calles, ocupar edificios públicos, involucrarse en huelgas ilegales y la desobediencia civil, entre otras opciones; mientras que los modos convencionales incluían el trabajar para un candidato o partido, informarse y discutir acerca de cuestiones políticas, asistir a un mitin político, convencer a una persona para que vote a determinado candidato, y votar.
Partiendo de un eje de categorización diferente, Seligson (1980) también advirtió la existencia de dos dimensiones de intervención política en su muestra costarricense: por un lado, consideró aquellas prácticas movilizadas que pueden ser o son ilegales y de carácter más bien informal (huelgas y movilizaciones e invasiones de tierras); y, por otro, aquellas prácticas no necesariamente electorales pero sí enmarcadas en canales formalizados que denominó institucionalizadas, como el voto, el activismo en el gobierno local (asistir a reuniones del gobierno para presentar proyectos y pedir servicios), el activismo organizacional (en asociaciones de padres y docentes), la participación en proyectos comunales (involucramiento activo en proyectos de la comunidad), y la participación desde el lugar de trabajo (participación individual en las decisiones que se toman en el trabajo).
Desde entonces, los estudios sobre participación política han estado dominados por lo que Seligson (1980) denomina una "bifurcación conceptual" entre las modalidades de participación política, privilegiándose el criterio de clasificación entre prácticas convencionales —las cuales suelen confundirse con las prácticas electorales y se las considera canalizadas y promovidas por las instancias del poder constituido— y prácticas no convencionales —que exceden estos canales y, muchas veces, los marcos de legalidad establecidos— (Sabucedo, 1988 y 1996; Uslaner, 2004; Vis, 2001; Rodríguez, Mirón, Godás & Serrano, 1996) A su vez, esta "bifurcación" de la participación política se ve profundizada por la marcada diferenciación conceptual y metodológica entre el cuerpo de estudios de participación política –de perspectiva individual- y el de movimientos sociales y protesta –de abordaje colectivo-, que a veces asumen lógicas excluyentes.
No obstante, a pesar de su extendido uso, el criterio de categorización dicotómica de la participación política resulta problemático. Por un lado, los resultados obtenidos para uno y otro modo en diferentes contextos resultan muchas veces contradictorios, incorporando a su vez evidencias que cuestionan el carácter excluyente de la participación convencional y no convencional. Por otro, la categorización dicotómica tiende a la oposición de dimensiones no necesariamente contrastables en la realidad y que dejan trascender posicionamientos normativos sobre una y otra forma de intervenir en los asuntos públicos.
En lo que respecta a los antecedentes empíricos, numerosos estudios han caracterizado a los estratos más jóvenes de la población y a las personas con menor interés y confianza política como más propensos a realizar prácticas no convencionales y acciones de protesta, mientras que los adultos más educados, con un alto nivel de conocimiento e interés en la dinámica política y con mayor sensación de eficacia política tenderían a participar más de forma convencional, en especial en prácticas partidario-electorales (Quintelier, 2007; Rodríguez, Mirón, Godás & Serrano, 1996; Soule, 2001; Schlozman, Verba, Brady & Erkulwater, 1998) Sin embargo, existen también evidencias contrapuestas que relacionan negativamente la edad y positivamente el conocimiento e interés político con la participación no convencional o algunas acciones de protesta (Somuano Ventura, 2005; Bean, 1991) A su vez, mientras algunos estudios evidencian lógicas paralelas entre aquellos que desarrollan prácticas convencionales y aquellos que optan por las prácticas de tipo no convencional (Buendia & Somuano, 2003; Welch, 1975; Seligson, 1980), otros análisis concluyen que los ciudadanos se muestran dispuestos a realizar tanto unas y otras prácticas dependiendo del objetivo de influencia perseguido (Verba, Scholzman & Brady, 1995; Somuano Ventura, 2005). Para Uslaner (2004), por ejemplo, los activistas no eligen una u otra forma de intervenir sino ambas, y esto se debe a que, cuando las personas protestan, no están desafiando la legitimidad de sus gobiernos, sino que expresan sus opiniones y desarrollan tácticas de comunicación política.
En cuanto a los ejes de categorización privilegiados, éstos también son objeto de discrepancias. Algunos autores identifican automáticamente a las prácticas electorales como convencionales, y a las acciones de protesta como no convencionales, dejando en manos de valoraciones teóricas o metodológicas la superación de la indefinición que supone un conjunto más ambiguo de comportamientos políticos como, por ejemplo, el recurrir a medios de comunicación para presentar demandas o propuestas, o realizar prácticas en organizaciones socio-comunitarias (Norris, 2002; Dalton, 2006; Somuano Ventura, 2005). En otras tipologías, el eje de categorización privilegiado es el de prácticas legales (convencionales) e ilegales (no convencionales) (Seligson, 1980). No obstante, la diferenciación dimensional obtenida mediante escalamiento multidimensional por Schmidtchen y Uhlinger (1983, citados en Sabucedo & Arce, 1991) entre conductas legales e ilegales no resultó equivalente a la clasificación entre prácticas convencionales y no convencionales. A su vez, el eje categorial legal-ilegal supone clasificar las prácticas desde el status quo, introduciendo apreciaciones normativas que no son pertinentes desde la aproximación científica al problema (Sabucedo, 1989), a la vez que se trata de una categorización sujeta a condicionantes sociales cambiantes (Sabucedo, 1984).
En este sentido, hoy es posible advertir en diferentes contextos que prácticas consideradas ilegales, ilegítimas o desviadas hace sólo unas décadas han adquirido legitimación e incluso han sido reglamentadas, mientras que otras acciones se han deslegitimado socialmente. Rucht (1992), por ejemplo, encuentra que las sentadas, bloqueos, campañas, concentraciones, peticiones, sabotajes, marchas, desobediencia civil, entre otras prácticas, predominan en el ámbito de los nuevos movimientos sociales feministas, ecologistas, pacifi stas o alternativos. Se trata de actividades de características disímiles aunque conllevan principalmente un objetivo de oposición o rechazo al sistema político o a determinadas decisiones gubernamentales. Conge (1988) considera justificado incluirlas en los análisis de participación política, a la par de las acciones orientadas a apoyar al sistema y al gobierno; Melucci (1999), en cambio, reserva el propósito y potencialidad de oposición al sistema exclusivamente a los movimientos sociales, ya que poseen una orientación antagónica que surge y altera la lógica de las sociedades complejas y en la cual residiría el carácter "no político" de sus acciones.
La naturaleza colectiva o individual de las prácticas plantea discusiones en torno a determinados modos de acción, su naturaleza y orientaciones. Es posible pensar que la gran mayoría de las prácticas políticas desarrolladas por las personas son, en última instancia, de naturaleza colectiva: la firma de un petitorio, por ejemplo, puede ser considerada una acción de naturaleza individual para un entrevistado que fue interpelado para participar del mismo, pero sólo en el entrecruzamiento de esas prácticas individuales (firmas) y en las acciones de un colectivo que ha acordado ciertas posiciones sobre un tema puntual, las ha sistematizado y ha desplegado una estrategia de difusión de la colecta de firmas, el petitorio tiene sentido como práctica política. De forma idéntica ocurre con el proceso electoral: el voto es una elección individual entre concurrir y no a las urnas, y votar a tal o cual candidato; no obstante, sin la agregación de estas prácticas individuales, el proceso mismo en el cual se enmarca la práctica perdería toda razón de ser. En un estudio transcultural europeo, Morales Diez de Ulzurrun (2001) aboga por considerar la pertenencia a grupos como una forma específica de participación política que adquiere características diferenciales según la apertura del sistema político y el contexto de movilización y de temas relevantes en una sociedad dada. Sin embargo, es válido preguntarse si la pertenencia o afiliación grupal, sin importar el grado de involucramiento de los sujetos en el mismo o el reparto de cargas y responsabilidades organizacionales entre sus miembros, supone un modo de participación política en sí. Se trata de una discusión que nos enfrenta con debates psicosociales respecto a los criterios de unicidad de la acción grupal (Morales & Moya, 1996), pero también que conlleva riesgos de sobreestimación de las referencias colectivas cuando algún sujeto no necesariamente despliega en ese marco práctica alguna. En este sentido, Ohmer (2007) se muestra interesada en diferenciar los beneficios de la participación en organizaciones sociales vecinales en virtud de los diversos grados de implicación en las dinámicas internas de la organización (de la mera afiliación a la participación activa en la toma de decisiones) que puedan asumir los participantes.
Como puede apreciarse, la conceptualización de las prácticas como convencionales y no convencionales no es un problema menor, y apunta a la propia concepción de la participación política en un contexto determinado. En un estudio previo en Córdoba/Argentina se advirtió el escaso poder discriminante de ciertas variables psicosociales (eficacia política externa y confianza política) en relación a la participación política no convencional, dada la gran variedad e indefinición de comportamientos que le son asociados (Brussino, Rabbia & Sorribas, 2009). Las discrepancias categoriales entre diversos estudios y la indefinición respecto a cuáles prácticas deben ser consideradas convencionales y cuáles no, aluden a la necesidad de una mayor problematización de los modos en que las personas intervienen en los asuntos políticos.
En este sentido, algunos autores han propuesto diversas categorizaciones de las prácticas políticas que intentan superar la excesiva simplificación y homogeneidad que supone la diferenciación dicotómica.
Muller (1982), por ejemplo, identifica cuatro modos de participación política a partir de considerar la no participación y la participación convencional (institucionalizada) y no convencional (movilizada). Estos cuatro modos son denominados como la participación de retiro (aquellos que no participan ni en actividades de tipo institucionalizado ni en movilizadas), la participación conformista (prácticas institucionalizadas no acompañadas por movilizadas), el activismo pragmático (se involucran tanto en participación institucionalizada como en movilizada) y la oposición no conformista (personas involucradas exclusivamente en actividad movilizada) Conway (1990) también brega en la tipología de participación convencional - no convencional pero incorpora los modos de participación simbólica (aquellos que contribuyen a reafirmar las creencias y actitudes de los ciudadanos que apoyan las instituciones y que aceptan las políticas por éstas desarrolladas) e instrumental (aquellos que se realizan para obtener un resultado específico, sea personal o político). La autora considera que existen formas de participación que pueden ser a la vez simbólicas e instrumentales, dependiendo de su intención o sus efectos, lo cual acarrea una nueva indefinición categorial.
A partir de un análisis de datos de encuestas electorales en México, Somuano Ventura (2005) retoma la discusión en cuanto al grado de legitimación de ciertas prácticas que han sido consideradas como no convencionales e, incluso, disruptivas. Realizando un análisis factorial, la autora identifica cuatro factores además del voto: la participación política convencional 1 (actos que requieren cierta iniciativa individual pero escasa cooperación interpersonal, como enviar una carta a un periódico, llamar a un programa de radio, pedir apoyo a organizaciones civiles o políticas); la participación política convencional 2 (requieren mayor interacción y cooperación entre individuos, como recolectar firmas, unirse con otras personas por un mismo problema, formar comisiones vecinales), y la participación política no convencional, que incluye el factor actividades de protesta y el de actuaciones ilegales. De esta forma, varias de las modalidades de participación no convencional analizadas por sus precedentes (Rucht, 1992, por ejemplo) son recategorizadas bajo la etiqueta convencional.
Retomando propuestas de Verba, Nie y Kim (1978) y Verba, Schlozman y Brady (1995), Clagget y Pollock (2006) presentan una categorización de las acciones políticas según quién impulsa el tema en agenda (agenda setter), los recursos necesarios (tiempo, dinero, habilidades), el campo de la acción (de naturaleza colectiva o individual) y los grados de conflicto y cooperación que requieren. De esta forma identifican siete modos de participación más un grupo de comportamientos ambiguos: el votar; el participar de campañas (trabajar para una partido/candidato, asistir a un evento de campaña, entre otras acciones); el realizar contribuciones (a candidatos, partidos u otros grupos electorales); el participar de actividades comunales (trabajar con otros por problemas comunitarios, trabajar con vecinos sobre problemas comunes, asistir a reuniones sobre temas escolares o comunitarios, contactar a políticos/gobernantes sobre temas públicos, entre otros); realizar contactos particularizados (para obtener información o ayuda específica); la discusión política en general y los comportamientos cooperativos-pasivos (pertenecer a organizaciones que buscan influir en el gobierno o en las escuelas). En los ambiguos, por último, sitúan el persuadir a otro para votar a un candidato, pertenecer a clubs u organizaciones políticas y ser miembro de una organización que apoya a determinado candidato. Entre las contribuciones de este análisis destacan el hecho de que los actos impulsados desde la élite y los actos auto-convocados representan dimensiones diferenciadas de participación política; a su vez, la propuesta incorpora una profundización en torno al eje cooperaciónconfl icto que permitiría superar las discrepancias normativas subyacentes entre una y otra categoría. Sin embargo, la clasificación sólo aporta precisiones para las prácticas convencionales y las actividades socio-comunitarias –las cuales suelen ser criticadas por su carácter a-político (Van Deth, 2001) —, excluyendo del abordaje a las acciones relacionadas a la protesta y otras prácticas no convencionales.
La multidimensionalidad de los modos de participación usualmente identificados como no convencionales es profundizada por Bean (1991). El autor aboga por una diferenciación tipológica entre la protesta de baja intensidad (como escribir a un periódico y recoger firmas para un petitorio) y la participación en manifestaciones autorizadas, de la protesta radical y las prácticas ortodoxas o convencionales (entre las que incluye los comportamientos asociados a las instancias electorales)
Partiendo del supuesto de que las acciones individuales se realizan como tentativas particulares de inserción en un conjunto de acciones colectivas preexistentes y que las mediaciones cognitivas y afectivas se originan en matrices de ideas y representaciones preexistentes en la sociedad, Mendoza y Camino (2000) identifican cuatro factores de acción política en una muestra de estudiantes brasileños: movimientos sociales (que abarca protestas por carestía, luchas laborales, protestas por violencia familiar, luchas barriales y apoyo movimientos sociales), movimientos culturales (prácticas de extensión universitaria, movimientos culturales y otros movimientos), movimientos estudiantiles (actividad electoral en general, actividad electoral universitaria, movimiento de ética en política y participación en huelgas universitarias) y movimientos religiosos (actividades religiosas, participación de campañas contra el hambre, drogas, etc.). La propuesta de estos autores es un intento válido por sortear las discrepancias entre participación individual y acción colectiva, a la vez que lidia con una caracterización de tipo psico-social, aunque aún prime cierta indefinición en cuanto a la medición de las prácticas que son objeto de análisis.
Por último, a partir de un procedimiento que combina escalamiento multidimensional más un análisis de clúster, Sabucedo y Arce (1991) distinguen cuatro modalidades de participación política: persuasión electoral, participación convencional (dado el carácter legal de las mismas), participación violenta y participación pacífica directa. Los autores advierten dos ejes de categorización en torno a dimensiones subyacentes a la participación política: una dimensión típicamente política, identificada como "dentro" y "fuera" del sistema, y una dimensión que refiere a prácticas "conservadoras" o "progresistas". La propuesta de los autores españoles surge de considerar las percepciones de estudiantes gallegos respecto a un conjunto amplio de prácticas políticas, por lo cual profundiza en una medición actitudinal de la participación política en vez de considerar prácticas efectivamente realizadas por los participantes del estudio.
Como puede advertirse en los antecedentes relevados, en la búsqueda por ceñir el alcance de la noción de participación política hemos arribado a una heterogeneidad de propuestas en los modos en que se ha categorizado la acción política. En esta situación, sobresalen dos conclusiones: por un lado, cada vez más investigaciones intentan avanzar en una conceptualización de la "decisión" de participar como la opción entre formas particulares de acción política que constituyen un set disponible de acciones potenciales, identificando contextualmente el conjunto de prácticas que integran los repertorios de acción válidos para los ciudadanos (Leighley, 1995) Por otro lado, la distinción entre prácticas convencionales y no convencionales parece no ser la salida definitiva al dilema de los modos de participación política ya que reduce la discusión respecto al carácter dinámico y contextual de los repertorios de acción política, deja trascender criterios normativos en la distinción entre prácticas y genera indefiniciones empíricas y conceptuales respecto a la propia categorización de la participación política.
En este cruce de intereses, el presente estudio aborda un conjunto de comportamientos típicamente políticos realizados por jóvenes de la ciudad de Córdoba/Argentina, intentando responder si los diferentes repertorios de acciones políticas relevados pueden agruparse bajo una propuesta taxonómica de participación política. De ser así, ¿qué características socio-demográficas y actitudinales asumirían estos perfiles de la participación política de los jóvenes cordobeses? A su vez, ¿resulta esta dimensionalización de la participación política comparable a otras propuestas o asume características propias?
Método
Participantes
Para seleccionar a los participantes se realizó un muestreo no probabilístico de jóvenes entre 18 y 30 años de edad de la ciudad de Córdoba. La muestra quedó constituida por 300 participantes, de los cuales el 50% pertenecían al género femenino y 50%, al masculino. Con relación a la edad, el 16% fueron personas entre 18 y 19 años, el 45 % entre 20 y 24 años y el 39% entre 25 y 30 años de edad. Asimismo, de acuerdo a los indicadores establecidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, el 23% pertenecía a un Nivel Socioeconómico Alto, Medio Alto y Medio Típico, 34% a un nivel Bajo Superior, un 22% a Bajo Inferior y un 21% Marginal.
Instrumento
Dada la amplitud de prácticas posibles de ser incorporadas y las discrepancias que las mismas puedan acarrear respecto a su carácter político o no (Van Deth, 2001), se optó por recurrir a una escala de comportamientos políticos considerados frecuentemente como tales. En este sentido, para medir la variable Participación Política se construyeron 9 ítems que contemplan distintas actividades políticas, teniendo en cuenta las modalidades de participación convencional y no convencional planteadas por Kaase y Marsh (1979) y recogidas por Sabucedo (1984). Los ítems hacen referencia a: ¿Trabaja en las campañas de algún partido político?, ¿Le hace llegar a los Concejales o al intendente sus ideas y propuestas?, ¿Busca contactarse con punteros políticos?, ¿Está afiliado a un partido político? y ¿Está afiliado a una organización gremial?, ¿Participa en el centro vecinal?, ¿Participa en marchas / manifestaciones públicas? ¿Busca el apoyo de sus vecinos para demandas concretas? y ¿Acude a medios de comunicación masivos para presentar demandas o propuestas?
Cada uno de estos comportamientos es valorado por el entrevistado en función de si lo realiza o no. Es necesario mencionar que no se incluyó en la escala el comportamiento de voto en elecciones. La concurrencia a las urnas se trata, en Argentina, de una acción obligatoria y con empadronamiento compulsivo para todos los mayores de 18 años, la cual es realizada habitualmente por más de 3/4 de la población, y exige análisis particularizados.
Procedimiento y Análisis de Datos
La escala de participación política fue administrada entre setiembre y octubre de 2007 por miembros del equipo de investigación del Laboratorio de Psicología Cognitiva debidamente entrenados. La administración se realizó de forma individual y oral, enfatizando la naturaleza voluntaria de la participación en el estudio.
Para indagar en la estructura subyacente de los ítems de participación relevados, se sometió al conjunto de prácticas a un análisis de clúster jerárquico de variables within groups, adoptándose phi-4 point correlation como medida de similitud, la cual es pertinente para variables binarias. En virtud del objetivo taxonómico que moviliza el presente estudio, el análisis de clúster se presenta como un procedimiento válido para explorar empírica y teóricamente la existencia de agrupamientos de prácticas más o menos homogéneos entre sí (Bizquerra Alzina, 1989). Posteriormente, con el objeto de validar el análisis de cluster, se realizó un análisis factorial de componentes principales. Los análisis fueron efectuados utilizando el paquete estadístico SPSS 15.0.
Resultados
A partir del análisis de clúster inicial, es posible advertir la presencia de 3 conglomerados diferenciados de la participación política de los jóvenes cordobeses (Figura 1). En primer término, sobresale un conglomerado que reúne la afiliación a un partido político en estrecha relación con el intervenir en campañas electorales y, con mayor distancia, la afiliación a gremios o sindicatos. Este conglomerado se presenta como marcadamente diferenciado del resto de las prácticas relevadas en virtud de la mayor distancia de encuentro con las demás ramas graficadas. Un segundo conglomerado agrupa el recurrir a vecinos para demandas concretas, relacionado a presentar ideas y propuestas a concejales o al intendente. Un tercer conglomerado, que incluye gráficamente al anterior, abarca el acudir a medios de comunicación para exponer demandas o propuestas y el participar de marchas y manifestaciones. Se trata de un conglomerado que implica prácticas usualmente asociadas a la queja o al reclamo. Finalmente, se advierte el objeto "participar del centro vecinal" como no aglomerado, aunque diferenciado del conglomerado 1. En relación a este ítem, además de tratarse de una de las prácticas menos referenciadas por los participantes.
Así mismo, cabe destacar que el contactar a punteros políticos resultó un objeto atípico que distorsionaba el análisis de clústers. El instrumento pedía a los entrevistados que manifestaran por Sí o por No si "buscan contactarse con punteros políticos", lo cual podría suponer tanto prácticas efectivas (como la relevadas en el resto de los ítems) como un componente marcadamente actitudinal (el deseo o la intención de contactarse con punteros políticos, aunque la práctica no se haya concretado finalmente); de allí es posible pensar en ciertos problemas en la medición que recomiendan apartar este ítem del análisis definitivo.
Con objeto de validar la solución clúster, la propuesta taxonómica fue replicada por un análisis factorial de componentes principales (Ver Tabla Nro. 1). La factibilidad de este análisis se evaluó mediante el índice de adecuación muestral KMO (Kaiser-Meyer-Olkin), el cual presentó un valor de .824, y la prueba de esfericidad de Barttlet, que mostró resultados significativos (df= 28; sig= .000), indicando una intercorrelación adecuada para realizar el análisis. Utilizando la regla Kaiser-Gutman de autovalores superiores a uno, se obtuvieron tres factores que explican el 57% de la varianza total de los comportamientos políticos estudiados: el primer factor explica el 23% de la varianza total; el segundo, 18%, y el tercero, un 16%, y que replican la propuesta de la solución clúster.
A continuación, se categorizaron los casos según los conglomerados obtenidos. En este sentido, se advierte el poder descriptivo de la solución clúster: sin contemplar los que no realizan otra práctica además del votar (70% del total de la muestra), los casos puros identificados para cada conglomerado representan más del 76,2 % del total (Ver Tabla 2). Así mismo, los conglomerados crecen en representatividad a medida que avanzan de un tipo de participación más institucionalizada y convencional (conglomerado 1) a las acciones más asociadas a la protesta (conglomerado 3). A la par, los casos mixtos (23,8 % del total) representan mayoritariamente una combinación de los conglomerados 2 y 3, lo cual es sugerido por la solución clúster.
Posteriormente, se realizó un análisis bivariado para explorar perfiles descriptivos entre los conglomerados obtenidos y variables sociodemográficas y actitudinales. De esta forma, es posible advertir relaciones positivas entre edad y los casos categorizados en el conglomerado 1 (,46; p< ,05) y entre nivel educativo y la pertenencia al mismo conglomerado (,47; p<. ,000). A nivel psicosocial, la variable seleccionada refiere a las valoraciones individuales respecto a los medios a través de los cuales las personas canalizarían reclamos o demandas de existir una necesidad social concreta en su entorno. De alguna forma puede pensarse esta variable como un marco actitudinal que orienta preferencias respecto a repertorios posibles de comportamientos políticos. Los participantes que desarrollan prácticas en instancias partidario-sindicales (conglomerado 1) se muestran más proclives a canalizar demandas a través de partidos políticos que el resto de los jóvenes (,33; p< ,01) y menos dispuestos a apoyar peticiones directas de los afectados. Los participantes del conglomerado 3, por su parte, son quienes evidencian una tendencia ligeramente mayor a canalizar demandas a través de marchas y manifestaciones (,32; p< ,05), mientras que los casos categorizados en el segundo conglomerado reflejan a nivel de frecuencias una mayor tendencia a no reclamar (16% del total no reclamarían en caso de encontrarse con una necesidad social, en comparación a menos del 7% del total de sujetos de otros conglomerados)
Finalmente, con objeto de realizar otra validación de la solución clúster obtenida, se aplicó el mismo tipo de análisis a las prácticas realizadas por una muestra de 278 cordobeses de todos los cohortes etarios (18 a 65 años), la cual se tomó en 2003. Como puede apreciarse en la Figura 2, los conglomerados se replican y sugieren nuevos elementos para las inferencias teóricas de la propuesta taxonómica. Por un lado, se refuerza la proximidad entre el acudir a vecinos para demandas concretas y el presentar ideas y propuestas a concejales o al intendente (participación comunitaria), y, por el otro, la proximidad entre el participar de campañas electorales y la afiliación partidaria. En segundo término, se advierte que la participación en un centro vecinal es un objeto en mayor relación con los elementos del conglomerado 2 y 3 ya relevados. Por último, vale considerar que la mayor proximidad de los elementos del conglomerado 1 (afiliación sindical, partidaria y participar de campañas políticas) podría deberse a la mayor frecuencia de estas prácticas en los mayores de 30 años.
Conclusiones
En el presente estudio se exploran los modos de participación política de jóvenes de Córdoba/Argentina a partir de considerar prácticas usualmente relevadas como políticas. En este sentido, más allá de las pertinentes discusiones en torno a los paradigmas emergentes de la participación juvenil (Urresti, 2002) o al carácter político o no de las prácticas analizadas (Van Deth, 2001) -de las cuales existen abundantes antecedentes contradictorios entre sí-, se ha optado por relevar la Escala de Participación Política presentada por Kasse y Marsh (1979) y recogida por Sabucedo (1984). Esta escala adopta una clasificación apriorística entre modos convencionales y no convencionales de participación política. Sin embargo, estudios previos han discrepado empírica y teóricamente con esta categorización dicotómica de los comportamientos políticos, por lo cual se ha decidido avanzar en la estructura subyacente de las prácticas relevadas y presentar una propuesta taxonómica a partir de un análisis de clúster jerárquico por variables.
De esta forma, la solución clúster identifica tres conglomerados y un objeto atípico, que cumplen con una función de categorización de la muestra en el 75% de los casos. A su vez, la solución clúster fue validada por un análisis factorial de componentes principales, obteniéndose tres factores equivalentes a los conglomerados relevados, que explican el 57% de la varianza total de los comportamientos políticos analizados. Por último, la solución clúster fue replicada en una muestra del 2003, tomada en Córdoba a ciudadanos de todos los cohortes etarios.
En cuanto a la propuesta taxonómica de la solución clúster, vale destacar que un primer conglomerado, al cual denominaremos participación partidario-sindical, recoge principalmente aquellos casos que están afiliados a un sindicato y/o partido político y participan activamente de las actividades de campaña. Caracterizando los casos de este conglomerado a partir de un análisis bivariado, se observa la presencia de jóvenes de mayor edad y nivel educativo, a la vez que una valoración más positiva de los partidos políticos como canales de posibles demandas sociales de su entorno. En este sentido, al destacar la ocurrencia de la participación efectiva en el marco de instituciones políticas tradicionales (partidos políticos y sindicatos), este conglomerado podría ser incluido dentro de la etiqueta participación convencional. Al mismo tiempo, se aproxima de forma algo más restringida al factor activismo de campaña relevado por Verba y Nie (1972) y podría situarse dentro de las dimensiones subyacentes de la participación política identificada como "dentro del sistema" y "conservadora" por Sabucedo y Arce (1991). En nuestra muestra, sin embargo, se advierte la centralidad que juega la afiliación (partidaria o sindical) como eje de categorización de los participantes de este conglomerado y la clara distinción que conlleva respecto al conjunto restante de prácticas relevadas, de allí la denominación adoptada. En esta línea, es posible pensar a los casos puros de la participación partidario-sindical como próximos a la participación conformista relevada por Muller (1982): participantes que optan por prácticas institucionalizadas y sólo marginalmente adoptan comportamientos movilizados.
Respecto al conglomerado 2, que incluye el recurrir a vecinos para demandas concretas y el presentar ideas y propuestas a concejales y al intendente, nos encontraríamos con un tipo de participación comunitaria más bien esporádica y causal que, no obstante, requiere mayor interacción y cooperación entre individuos, similar a las actividades comunales relevadas por Clagget y Pollock (2002) o a las prácticas convencionales 2 advertidas por Somuano Ventura (2005) en México. Dos cuestiones resultan llamativas respecto a este conglomerado: por un lado, presenta una mayor proporción de jóvenes que no reclamarían en caso de encontrarse con una necesidad social de su entorno, lo cual puede echar luz sobre el carácter político (fuertemente resistido por Van Deth, 2001) de este tipo de prácticas. Por otro lado, la relación de proximidad entre una y otra práctica relevada permite suponer que, al menos contextualmente, el presentar ideas y propuestas a concejales o al intendente no se trata de una práctica de naturaleza individual, sino, por el contrario, fruto de la negociación y cooperación al interior de un grupo de personas afectadas, en particular, vecinos.
Por último, el conglomerado 3, que incluye gráficamente a la participación comunitaria, abarca el participar de marchas y manifestaciones y el acudir a medios masivos de comunicación para presentar demandas o propuestas. Se trata de un tipo de prácticas que algunos antecedentes han considerado de forma disociada, aduciendo un carácter más confrontativo de la participación en marchas y manifestaciones (Somuano Ventura, 2005; Bean, 1991). Sin embargo, como señalara Uslaner (2004), es posible pensar en ambas prácticas relevadas en virtud de su naturaleza ego-expresiva y comunicacional, de allí que se ha preferido denominar a este conglomerado como participación expresiva. Dicha denominación cuestiona en parte el carácter exclusivamente opositor (al gobierno o al sistema político) de una de las acciones de protesta más habituales: el intervenir en marchas y manifestaciones públicas. Este conglomerado representa a los jóvenes de menor edad y nivel educativo, lo cual permite conjeturar un mayor distanciamiento de los mismos respecto al funcionamiento de la política partidario-electoralista. En paralelo, queda al descubierto la centralidad que adquieren los medios de comunicación como instituciones de mediación política: a la hora de canalizar demandas sociales, uno de cada dos jóvenes acudiría a los medios masivos de comunicación, mientras que sólo el 5% de la muestra recurriría a un partido político y un 27% lo haría a través de marchas o manifestaciones.
En parte, este hecho puede explicar también la clara separación entre la participación partidario-sindical, por un lado, y la participación comunitaria y la expresiva, por el otro. La creciente centralidad de los medios de comunicación en la arena política de Argentina se ha dado a la par del retraimiento de las agencias gubernamentales, y la consecuente crisis de legitimidad partidaria y sindical, a partir de la adopción de políticas neoliberales en la década de los 90 (García Raggio, 2004; García Delgado, 1998) Si bien numerosos autores han sugerido que los jóvenes se encuentran cada vez más distanciados de la dinámica de partidos políticos y juventudes partidarias (Soule, 2001; Rodríguez, 2001), el hecho de que esta diferenciación se presente también en una muestra del conjunto de la población cordobesa, permite advertir contextualmente el descrédito y desconfianza social que afecta a los partidos políticos y sindicatos en todos los niveles de la sociedad. Este proceso, a su vez, se ha visto profundizado a partir de la crisis político-institucional y económico-social que sacudió al país en el 2001 y 2002 (Brussino & Rabbia, 2007), tornándose evidente una creciente reclusión de los individuos hacia la esfera privada y la crisis de los lazos de solidaridad conciudadana (García Raggio, 2004)
Por otra parte, la diferenciación entre el primer conglomerado y los subsecuentes permite sostener que el foco problemático de la categorización dicotómica de la participación política continúa recayendo en las prácticas generalmente calificadas como "no convencionales". En este sentido, una perspectiva de estudio a futuro de la participación política demandaría avanzar en el dilema de los modos de participación política, revisando el perfil recipiendario que ha ido asumiendo la categoría "no convencional". En parte, esto se debe a que toda práctica no-electoral visibilizada en un contexto dado es usualmente caracterizada como "no convencional", lo cual lleva a la agrupación de un heterogéneo conjunto de comportamientos de muy diversa naturaleza y genera graves problemas de medición de la participación política en su conjunto.
Por ejemplo, el objeto "participar del centro vecinal" puede ilustrarnos alguno de estos problemas. Si bien es posible pensar la pertenencia a grupos específicos (en este caso, el centro vecinal) como un modo particular de participación política (Morales Díez de Ulzurrum, 2002), también es pertinente cuestionar su ambivalencia como ítem de una escala de participación política. Su medición exigiría recurrir a un instrumento que permita diferenciar niveles específicos de implicación en el seno de la organización, como los propuestos por Ohmer (2002) en cuanto a las prácticas de voluntariado y la intervención en la toma de decisiones en organizaciones sociales. En paralelo, es probable encontrarse con situaciones similares para las mediciones de la afiliación partidaria y la afiliación sindical, donde pertenencia y prácticas se solapan de manera compleja. En este sentido, junto con la ambivalencia sintáctica del ítem "contacto con punteros políticos" (el cual tuvo que depurarse del análisis de datos), se advierte que los ítems relacionados a la participación en organizaciones vecinales, partidarias y sindicales resultan limitaciones metodológicas de la medición de la variable "participación política" adoptada por el presente estudio. Estas limitaciones se presentan como un desafío para próximos abordajes, ya que la pertenencia a grupos políticos y de la sociedad civil como modos de participación política continúa siendo un problema pendiente para los estudios del área.
Por otra parte, las relaciones advertidas entre algunas de las prácticas analizadas reforzarían el carácter contextual de los modos de participación política. De allí que otro aspecto a considerar en futuros abordajes abocados a superar las limitaciones existentes en la categorización y en las formas de conceptualizar la participación política requerirían desentrañar no sólo qué tipo de prácticas desarrollan los ciudadanos, sino también en qué contextos las desarrollan, a lo largo de qué tiempo, persiguiendo cuáles objetivos y en el marco de qué limitaciones. El carácter contextual de los comportamientos políticos es un camino de indagaciones remarcado hace más de tres décadas por Salisbury (1975), no obstante permanece mayoritariamente pendiente. Como sugieren las relaciones entre los comportamientos efectivos y las vías potenciales para canalizar demandas sociales, las personas pueden actuar tanto en instancias electorales como no electorales para lograr promover sus intereses simbólicos o materiales; no obstante, en virtud de los recursos disponibles, el contexto institucional y las dimensiones cognitivas subyacentes a lo "político", tenderían a concebir como "posibles", "legítimas", o incluso "efectivas" sólo alguna de esas prácticas específicas por sobre otras. El presente análisis pretende, de una u otra forma, ser un punto de partida para algunos de estos interrogantes.
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Endereço para correspondência
Silvina Brussino
E-mail: brussino@psyche.unc.edu.ar
Hugo Rabbia
E-mail: hrabbia@gmail.com
Patricia Sorribas
E-mail: pmsorribas@arnet.com.ar
Recebido em: 09/12/2008
Aceito em: 12/02/2009
*Pesquisadora do CONICET. Professora-Titular da Cátedra de Psicologia Política, UCC. Diretora do Grupo de Psicologia Política, Faculdade de Psicologia, Universidade Nacional de
Córdoba - Argentina.Bolsista CONICET.
** Doutorando em Estudos Sociais da América Latina (CEA - UNC). Investigador do Grupo de Psicologia Política, Facultad de Psicología, UNC - Argentina.
*** Bolsista CONICET. Psicóloga (UNC). Doctoranda em Psicologia. Docente (JTP) e pesquisadora do Grupo de Psicologia Política, Faculdade de Psicologia, UNC– Argentina.
