DOSSIÊ

 

Argentina: el impacto de la implementación de medidas de Justicia Transicional Post Dictadura

 

Argentina: the impact of implementing transitional Justice Measures Post Dictatorship

 

Argentina: o impacto da implementação de medidas de Justiça Transicional Pós Ditadura

 

Argentine : l'impact de la mise en œuvre de mesures Justice Transitionnelle Après la Dictature

 

 

Elena M. Zubieta^I; Juan Ignacio Bombelli^II; Marcela Muratori^III

^ILicenciada en Sociología, Dra. en Psicología. Investigadora Independiente del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas). Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires, Argentina. ezubieta@psi.uba.ar
^IILicenciado en Psicología. Becario Doctoral CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas). Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires, Argentina. bombelli_juan_ignacio@hotmail.com
^IIILicenciada en Psicología. Becaria Doctoral CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas). Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires, Argentina. marcelamuratori@hotmail.com

 

 

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RESUMEN

El estudio indaga en la percepción de eficacia de las medidas de justicia transicional realizadas en Argentina respecto de la violencia política de Estado de la última dictadura militar (1976-1983). Se desarrolló un estudio descriptivo correlacional de diferencia de grupos con una muestra probabilística intencional compuesta por 518 participantes (40.3% hombres y 59.7% mujeres, edad media de 35.58 años; SD = 13.63). Los resultados muestran poca información sobre la CONADEP aunque una evaluación positiva y percepción de eficacia sobre su labor. Otra medida de justicia transicional como las disculpas públicas también exhibe bajos niveles de conocimiento, pero también de sinceridad y eficacia. Hay en los participantes una actitud positiva hacia una memoria aleccionadora que permita aprender de lo sucedido, siendo las víctimas directas quienes más se resisten a no revisar el pasado. Se observa también una baja disposición al perdón, independientemente del grado de victimización de los participantes.

Palabras clave: Violencia Política, Justicia Transicional, Perdón y Reconciliación, Exposición a la violencia, Argentina.

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ABSTRACT

The study investigates the perceived effectiveness of transitional justice measures carried out in Argentina with respect to the political violence of the last military dictatorship (19761983). A correlational descriptive groups differences study was carried out based on a convenience sample composed by 518 participants (40.3% men and 59.7% women, mean age = 35.58 years, ; SD = 13.63). The results show a poor knowledge about the CONADEP, but also a positive valuation and perceived effectiveness of its work. Another measure of transitional justice as public apologies also exhibits low levels of knowledge, but also sincerity and effectiveness. Participants have a positive attitude towards a memory that allows to learn about what happened in the past, being the direct victims who show a greater resistance to not review the past. A low disposition to forgive is observed, regardless participants degree of victimization.

Keywords: Political Violence, Transitional Justice, Forgiveness and Reconciliation, Exposure to violence, Argentina.

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RESUMO

O estudo investiga a eficácia percebida de medidas de justiça transicional realizados na Argentina com relação à violência política do Estado da última ditadura militar (1976-1983). Um estudo diferenças grupos descritivos correlacionais foi realizada com base em uma amostra de conveniência composta por 518 participantes (40,3% homens e 59,7% mulheres). Os resultados mostram um conhecimento deficiente sobre a Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas, mas também uma avaliação positiva e eficácia percebida de seu trabalho. Outra medida de justiça transicional como desculpas públicas também apresenta baixos níveis de conhecimento, mas também sinceridade e eficácia. Os participantes têm uma atitude positiva para uma memória que permite a aprender sobre o que aconteceu no passado, sendo as vítimas diretas que apresentam um maior apoio para rever o passado. A baixa disposição para perdoar é observada, independentemente do grau de vitimização de participantes.

Palavras-chave: Violência Política, Justiça Transicional, Perdão, Reconciliação, Argentina.

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RÉSUMÉ

Le travail explore la perception de l'efficacité des mesures de justice transitionnelle menées en Argentine par rapport à la violence politique de l'État de la dernière dictature militaire (1976-1983). Une étude corrélationnelle groupes différence a été menée avec un échantillon non probabiliste intentionnelle de 518 participants (40,3% d'hommes et 59,7% de femmes). Les résultats montrent peu d'informations sur la Commission nationale sur la disparition des personnes, même si une évaluation positive et la perception de l'efficacité de sont travail. Une autre mesure de justice transitionnelle comme excuses publiques présente également de faibles niveaux de connaissances, mais sont également perçu comme sincère et efficace. Il y a aux participants une attitude positive à l'égard d'une mémoire dégrisant qui peut apprendre de ce qui s'est passé, étant les victimes plus directes sont qui ont le plus d'accord avec revisiter le passé. Une disposition faible a également observé en ce qui concerne le pardon, indépendamment quel que soit le degré de victimisation des participants.

Mots clés: Violence politique, Transitional Justice, pardon, la réconciliation, l'Argentine.

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Introducción

Argentina fue el primer país de América Latina que experimentó su transición hacia la democracia después de un conflicto armado interno, y el que implementó medidas más duraderas y amplias en pos de lograr Verdad y Justicia (Barahona de Brito, 2002). A sólo tres días de haber asumido la presidencia, y como cumplimiento de su proyecto durante la campaña electoral, mediante los decretos 157 y 158 (Poder Ejecutivo Nacional, 1983a, 1983b), el expresidente Raúl Alfonsín ordenó capturar y someter a juicio a los responsables máximos de la violencia que había atormentado al país durante varios años. Mediante el decreto 157 se establece la necesaria detención de los dirigentes de ciertos grupos que, complejamente organizados, instauraron una forma de hacer política caracterizada por la violencia con el fin de acceder al poder mediante el uso de la fuerza. Se acusó de esta manera a Mario Firmenich, Fernando Vaca Narvaja, Ricardo Obregón Cano, Rodolfo Galimberti, Héctor Pardo, Roberto Perdía y Enrique Gorriarán Merlo. Por su parte, el decreto 158, de la misma fecha, anula la ley de auto-amnistía generada por los militares tres meses antes, y ordena el juicio a los ex comandantes que integraron las tres Juntas militares de Gobierno que detentaron el poder de lo que denominaron como "Proceso de Reorganización Nacional". El fundamento de este decreto hace eje en la ilegalidad del método y la forma de proceder utilizados contra la lucha subversiva y terrorista, que incluía detenciones arbitrarias, amenazas, desapariciones forzadas, torturas, la instauración de centros clandestinos de detención y la sospecha -en ese momento- de una cantidad no menor de personas ejecutadas sin juicio previo, y que tuvo como responsables mediatos a los miembros de las Juntas (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, [CONADEP], 1985). Un dato no menor para comprender los hechos históricos posteriores es que en este decreto se limitó la responsabilidad a quienes comandaron desde la jerarquía este plan sistemático de represión, lo cual traería más tarde sus consecuencias colaterales (Barahona de Brito, 2002).

Dos días después de hacerse públicos estos decretos, surge uno nuevo, el 187 (Poder Ejecutivo Nacional, 1983c) a partir del cual se instituye la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (en adelante: CONADEP), a los fines de esclarecer los hechos vinculados a la desaparición de personas dentro del territorio nacional. Entre sus facultades, se contaban la recepción de denuncias y pruebas, el indagar sobre el destino o paradero de las personas desaparecidas, el averiguar la suerte de los niños sustraídos a los fines de luchar contra el terrorismo, las denuncias de intentos de destrucción u ocultamiento de información que pudiera ser útil para esclarecer los casos investigados, y finalmente la elaboración de un informe final -en un plazo no mayor a 180 días- que diera cuenta de todo lo estudiado. Dicho informe, que constó aproximadamente de 50000 fojas, fue entregado a Raúl Alfonsín por el escritor Ernesto Sábato, presidente de la CONADEP, y cuya versión resumida se traduce en el libro titulado "Nunca Más". En dicho informe, se documentó la existencia de 8963 personas desaparecidas, 340 centros clandestinos de detención cuya amplia mayoría correspondía a dependencias de las Fuerzas Armadas o de Seguridad, y se reportó también los nombres de 1351 personas de diversas profesiones, y hasta religiosos, que habían colaborado activamente con la represión (Barahona de Brito, 2002; CONADEP, 1985).

Según explica el ex ministro del partido radical, Jorge Luis Calcagno (2013), la creación de la CONADEP estuvo en sintonía con una serie de lineamientos generales que se impulsaron desde el inicio del gobierno de Alfonsín. Dichos lineamientos, que perseguían los principios de Verdad y Justicia, pretendían dar a conocer el destino de los desaparecidos, así como bloquear los intentos de impunidad. Entre aquellos lineamientos generales se incluían: la anulación de la Ley de Pacificación Nacional, también llamada ley de auto-amnistía, sancionada meses antes que acabara el gobierno de facto (Ley 22924, 1983), que proponía dejar sin pena tanto los delitos cometidos con un fin subversivo, como aquellos otros que se hayan cometido con la finalidad de prevenir o poner fin a dichas acciones terroristas o subversivas; la modificación del Código de Justicia Militar para que se juzguen los distintos niveles de responsabilidad de las personas involucradas que pertenecían a las Fuerzas Armadas; y los decretos ya mencionados para juzgar a las cúpulas de las organizaciones armadas terroristas y a las Juntas Militares de gobierno. Moreno Ocampo (2014), ayudante del fiscal que actuó en el juicio a las Juntas, se suma a lo que dice Calcagno cuando destaca el carácter único de la implementación de este conjunto de medidas a nivel mundial, cuyos casos similares concluyeron en amnistías para los responsables de la violencia, o en impunidad encubierta. En este sentido, según explican Sikkink y Booth Walling (2007), Argentina evitó un modelo dicotómico de justicia post-conflicto donde se podía lograr excluyentemente ó verdad, ó justicia. Aquí se lograron ambos objetivos, de manera rápida y relativamente efectiva (Eliaschev, 2011).

Los juicios a las Juntas militares fueron, en primera instancia, dejados en manos del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, por la delación en la expedición de su sentencia, sumado a la conclusión del Presidente de dicho Consejo que aludía que los decretos, las órdenes y la forma de procedimiento llevados a cabo durante el Proceso eran - tanto de contenido como de forma-, inobjetables, se dio lugar a que la Cámara Federal iniciara el proceso de instrucción para investigar lo sucedido en el gobierno de facto. En dicha tarea, la Comisión de Verdad local aportó una gran cantidad de material útil para determinar responsabilidades y dar a conocer a la sociedad qué fue lo que en verdad ocurrió. En diciembre de 1985, el resultado de un tribunal que dio todas las garantías de defensa que no se brindaron durante la dictadura, fue la condena a casi todos los imputados de las tres Juntas militares, en función de haber cometido 709 crímenes contra los derechos humanos (Verbitsky, 2011).

En el punto 30 de la sentencia a los represores hubo un punto que generó una avalancha de sucesos sociales y políticos de intensa polémica que tensaron aún más el clima social en la incipiente democracia. En este punto se establecía la iniciación de acciones legales contra todos aquellos que hubieran participado operativamente en las actividades de represión. Esto dio lugar a la elaboración de la Ley conocida como de Punto Final, promulgada en diciembre de 1986, en cuyo Art. 1º propone la extinción de toda acción penal a personas presuntamente partícipes de la represión que no haya sido citada a declarar antes de los sesenta días corridos a partir de la fecha en que se promulgó dicha ley (Ley 23.492, 24/12/1986), con excepción de delitos de sustitución de estado civil, y de sustracción y ocultación de menores. Los beneficios de esta prescripción alcanzaron, inclusive, a los civiles que obedecieron órdenes de personal militar, y a guerrilleros. La justicia empezó a citar a oficiales inferiores acusados, sin que éstos puedan ser protegidos por sus superiores, todo lo cual incrementó la tensión entre las Fuerzas Armadas y el Gobierno, que desembocó en el levantamiento de Semana Santa. Unos meses más tarde, en junio de 1987, con profundo desencanto y decepción por parte de la sociedad, se dictó la Ley de Obediencia Debida (Ley 23.521, 04/06/1987), mediante la cual los oficiales jefes y subalternos, suboficiales y personal de tropa de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias no eran punibles de los delitos a que se refería el Art. 10 de la ley 23.049 (1984), ley que modificó el Código de Justicia Militar, por haber actuado cumpliendo las órdenes que le impartieron sus superiores, considerando que obraron en estado de coerción bajo subordinación a la autoridad y en complimiento a órdenes, sin posibilidad de resistirse u oponerse a ellas. Se dejaba así fuera del rango judicial a la mayor parte de los autores directos de tantísimos crímenes cometidos bajo el manto de un poder estatal infame (Bejar & Amieva, 2013b).

Estas leyes, aunque pretendían dar por cerrado un período oscuro y nefasto de la sociedad argentina, tuvieron un efecto fuertemente contrario ya que la sensación que quedó inmediatamente fue la de haber desandado un camino de logros y aciertos republicanos (Acuña & Smulovitz, 1995; Calcagno, 2013). Si la consigna de "Nunca Más" pretendía ser cierta, se volvía preciso conocer no sólo qué había ocurrido, sino también juzgar y condenar a los responsables para devolverle a la sociedad la idea de que la ley volvía a imperar, y que era igual para todos (Béjar & Amieva, 2013a; Moreno Ocampo, 2014). Pero la historia sumaría nuevos intentos de impunidad cuando en el posterior gobierno de Carlos Menem, éste brindó indultos hacia militares y exguerrilleros. Dictó así en octubre de 1989, los decretos 1002, 1003, que amnistiaron, por una parte, a gran parte de los militares que estaban procesados pero no habían sido beneficiados por las Leyes de Punto Final y de Obediencia Debida; y por otro, a numerosos líderes y activistas de grupos de izquierda involucrados en la lucha armada. A lo que se le sumaron luego, en diciembre de 1990, los decretos 2741-2746, garantizando el perdón presidencial a los excomandantes de las Juntas de Gobierno que habían sido ya juzgados y condenados: Videla, Massera, Agosti, Viola y Lambruschini; a los ex generales Camps, Ricceri y Suárez Mason; al ex ministro de economía Alfredo Martínez de Hoz, al líder montonero Mario Firmenich, y a los funcionarios peronistas Norma Kennedy y Duilio Brunello (Calcagno, 2013).

Sin embargo, frente al muro de impunidad que se había erigido, siempre bajo el expreso objetivo de lograr la reconciliación nacional, continuó el esfuerzo por obtener verdad y justicia. En 1994, los organismos de Derechos Humanos lograron que se bloqueara el ascenso de dos altos mandos de la Armada por haber sido partícipes de delitos durante la dictadura, aún cuando por la Obediencia Debida estuvieran exentos de juicio penal. Ese mismo año, otro miembro de la Armada, Adolfo Scilingo, rompió el silencio y confesó que los detenidosdesaparecidos de la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) eran arrojados desde aviones de la Fuerza sobre el Río de la Plata, tareas en las que participó. En sus declaraciones también manifestó los vínculos de la dictadura con algunos jerarcas de la Iglesia Católica que prestaron conformidad ante los métodos inhumanos de tratamiento de los detenidos (Verbistky, 1995). Estos hechos reabrieron el debate en torno al horror: se solicitaron los listados de desaparecidos, de las mujeres embarazadas que fueron alojadas en la ESMA y del destino de los bebés que allí nacieron. Ante la falta de respuestas, Emilio Mignone, director del Centro de Estudios Legales y Sociales en ese momento, solicitó a la Cámara Federal que el derecho a la verdad fuera inalienable, que se respete el derecho a duelo, y a conocer la identidad de los niños nacidos en cautiverio. La Cámara falló a favor de la solicitud, lo cual dio lugar a una serie de procesamientos judiciales llamados "Juicios por la Verdad", que perduran hasta hoy en día en (Béjar & Amieva, 2013b).

En el año 2000, Horacio Verbitsky, periodista, ex integrante del grupo guerrillero Montoneros y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), solicitó la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final a raíz de un caso de privación ilegítima de la libertad, tortura y desaparición forzada y apropiación de una menor, de quien se logró recuperar la identidad. Fundamentó en el petitorio que las leyes en cuestión contradecían la Constitución Nacional, y eran opuestas a los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos. Asimismo, los juicios llevados en otros países contra los represores, en particular la ejemplar insistencia del juez español Baltasar Garzón, ejercieron un fuerte impacto sobre las decisiones argentinas en torno al juzgamiento de los responsables. Al asumir la presidencia en 2003 Néstor Kirchner se puso al frente del reclamo de reapertura de las causas por crímenes durante el Proceso. Dio lugar a los pedidos de detención y extradición a diversos militares del juez Garzón, sugirió que eran inconstitucionales las famosas "leyes de impunidad". También adhirió a la Convención Internacional sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, pretendiendo con ello dar inicio a su etapa de gobierno fundada en el respeto a los derechos humanos, a las instituciones democráticas y la justicia social (Poder Ejecutivo Nacional, 2003). Casi al unísono de esta medida, el Poder Legislativo transformó en ley la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida (Ley 25.779, 2003). Finalmente, en 2005, la Corte Suprema dictaminó que quedaban sin ningún efecto ambas leyes de amnistía, así como cualquier acto que se fundara en ellas y que pudiera obstaculizar procesamientos, juzgamientos o condenas de los imputados (Rafecas, 2011). Acto seguido, se reactivaron los procesos judiciales, y se volvió a hacer cumplir condena a los que ya tenían esa sentencia, entre los que se contaban los miembros de las Juntas. Los datos más actuales recabados por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (2015), dependiente del Ministerio Público Fiscal, revelan que hay hasta la actualidad 563 condenados por estos crímenes; 50 fueron absueltos y 889 se encuentran procesados.

En este marco, surge también un tipo particular de mecanismo de Justicia Transicional que es el de las disculpas públicas ofrecidas por alguna persona representante de un grupo o institución vinculada en un conflicto (Andrieu, 2010). Tavuchis (1991) las entiende como declaraciones que se proponen remediar una situación creada por una transgresión. Tienden a restituir la confianza entre las partes afectadas, a reconocer la dignidad de las víctimas cuando las hubiere, a ofrecer reconocimiento de los propios errores o los del endogrupo y, en el mejor de los casos, a promover la reconciliación mediante actitudes y acciones reparadoras a los afectados (Beristain, Páez, Rimé & Kanyangara, 2010; Marrus, 2006). Las disculpas públicas no son efectivas por sí mismas, sino que deben ser acompañadas de un amplio espectro de medidas (Andrieu, 2010; Gibson, 2004). Estudios sobre la temática advierten que surten un efecto positivo y constructivo cuando son percibidas como sinceras (Staub, 2006), cuando van acompañadas de una emocionalidad acorde a lo que se profesa, y cuando provienen de una persona que se ofrece como fiel representante de su grupo (Kadima & Mullet, 2007). En 1995, bajo el gobierno de Carlos Menem, durante un programa televisivo, el Jefe del Ejército de ese momento, Gral. Martín Balza reconoció los errores cometidos por la Institución que conducía, advirtió que el fin nunca justifica los medios, y ordenó a todos sus subordinados que ninguno de ellos estaba obligado a cumplir una orden inmoral; terminó aseverando, en claro carácter imperativo, que constituían delitos vulnerar la Constitución, el impartir y cumplir órdenes inmorales, y emplear medios inmorales para cumplir un fin que cree justo (Béjar & Amieva, 2013b). Por su parte, en marzo de 2004, el presidente Néstor Kirchner anunció la creación del "Espacio de la Memoria y la defensa y promoción de los Derechos Humanos" en las instalaciones mismas de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA, que funcionó durante la dictadura como un centro de detención clandestino). Ese día y en ese mítico lugar, el mandatario pidió perdón en nombre del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades. Tanto en los casos de Balza como de Kirchner, se trató de intentos de reconocimiento de los agravios cometidos por las instituciones representadas, cosa que hasta el momento no se había concretado por las luchas de la memoria que tendían a justificar la política represiva o negar lo sucedido (Robben, 2005). En lo que a esto último respecta, si, tal como dice Lorenz, "somos en gran parte lo que elegimos recordar, la forma que le damos a nuestras memorias" (2007:15), se vuelve relevante tener en claro qué actitud se toma ante el pasado, toda vez que éste pueda problematizarse y obtener una lección para el presente, o bien se intente sepultar con la intención de hacer borrón y cuenta nueva de cara al futuro (Vezzetti, 2009).

Vinculado a las actitudes hacia el pasado está el tema del perdón y de cómo se hace frente a las ofensas interpersonales e intergrupales. Sabiendo que el conflicto está en la base de la naturaleza humana en tanto que seres sociales, el perdón se vuelve un concepto central en la vida comunitaria porque se lo entiende como un recurso que refuerza la unidad social y que colabora en la armonía comunitaria, al mismo tiempo que posibilita el desanudar tensiones y el desalentar la evitación y la venganza, que aceleran los espirales de violencia (McCullough & van Oyen, 2001). Aunque existen muchas definiciones, existe un amplio consenso en considerar el perdón como la motivación de dejar atrás el resentimiento y la indiferencia hacia quienes cometieron un daño (Casullo, 2005). En un estudio anterior sobre la temática de la violencia de los años 70 en Argentina, se considera al perdón desde una perspectiva intergrupal, donde la identidad social juega un rol fundamental sobre la motivación a dejar de lado las evaluaciones negativas y a mostrar una disposición a generar diálogo, cercanía y cooperación (Bombelli, Muratori, Mele & Zubieta, 2014). En dicho estudio se observó que las personas identificadas con las víctimas de la violencia de Estado, por la coincidencia de edad e ideología política, fueron, a su vez, quienes menos creían en la posibilidad del perdón. Las explicaciones de estos resultados también se asocian a la gravedad del daño realizado (Fincham, Jackson & Beach, 2005; McCullough, e col., 1998), a la obstaculización de la empatía que se produce cuando las personas están centradas sólo en su propio dolor (Noor, Brown, González, Manzi & Lewis, 2008), y a la poca sinceridad atribuida a las disculpas ofrecidas (Staub, 2006).

Toda vez que un proceso de transición de un período signado por la violencia y el autoritarismo busque llegar a la consolidación democrática, deben superarse los deseos de venganza y la hostilidad que conducen al resurgimiento de la violencia, construirse una historia integradora que sea capaz de abrazar los distintos relatos sobre lo sucedido, consolidar la confianza en las instituciones que dan solidez a un Estado de Derecho, y aumentar la tolerancia, el respeto mutuo y la justicia. Esto refiere a lo que Cárdenas, Páez y Rimé (2013) plantean respecto de lo que entienden por "reconciliación" en su trabajo sobre justicia transicional chilena. Se trata, además, de un proceso más que de un acontecimiento, e implica un amplio conjunto de medidas como la búsqueda de verdad, el procesamiento judicial de los responsables, y las reparaciones, entre otros (Bar-Tal, 2000; Drozdek, 2010). Sin embargo, aún cuando pueda parecer tentador para muchos sectores, es rechazado cuando se lo asocia a amnistías, al cese de reclamos, o a una presión social a perdonar (Bloomfield, 2006).

Para indagar en la percepción de eficacia de todas las medidas de justicia transicional hasta aquí mencionadas, se proponen como objetivos de este trabajo evaluar el grado de eficacia del trabajo de la CONADEP, de los Juicios a las Juntas y de los Juicios de la Verdad, las emociones asociadas al período de la violencia y ante el trabajo de la CONADEP, la sinceridad y eficacia percibidas de las peticiones de disculpas públicas, la confianza actual en las instituciones, y la percepción del clima social emocional. También se busca indagar en las actitudes hacia el pasado, en la deseabilidad de reconciliación entre víctimas, responsables y sociedad en general y, finalmente, en la disposición a perdonar por parte de los afectados por la violencia. El estudio pretende asimismo, explorar en probables diferencias en función del grado de victimización de los participantes.

 

Método

Tipo de Estudio

Se desarrolló un estudio de naturaleza descriptivo correlacional, de diseño no experimental transversal, con sujetos de ambos sexos como unidad de análisis.

Participantes

La muestra, no probabilística intencional, está compuesta por 518 participantes de los cuales el 40.3% (n = 209) son hombres y el 59.7% (n = 309) mujeres. La edad oscila entre los 18 y los 83 años, con una edad media de 35.58 años (SD = 13.63).

Respecto al posicionamiento ideológico, la mayoría se define con una orientación política de centro (n = 238; 48.6%), un 31.2% (n = 153) se identifica con la izquierda y un 20.2% (n = 99) se ubica a la derecha. El restante 5.4% no respondió la pregunta.

Del total de la muestra, el 8.9% (n = 46) afirma ser víctima directa de la dictadura, el 21.4% (n = 111) víctima indirecta, y el 69.7% (n = 361) se define como no afectado.

En relación al lugar de residencia, el 38% (n = 197) habita en Trenque Lauquen y alrededores, el 29% (n = 150) en La Plata y alrededores, el 20.6% (n = 107) en la zona de Junín, y el 12.4% (n = 64) en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Los participantes respondieron un cuestionario de formato auto-administrado integrado por:

♦ Una sección de datos sociodemográficos (sexo, edad, lugar de residencia).

♦ Nivel de exposición a la violencia en tres niveles: víctimas directas (personas que fueron víctimas de la violencia); víctimas indirectas (personas que tienen víctimas entre sus familiares y amigos más cercanos) y población no afectada.

♦ Un ítem para conocer el auto-posicionamiento ideológico, donde los participantes debieron situarse en una escala de 1 (extrema izquierda) a 7 (extrema derecha).

♦ Eficacia de la CONADEP, se evalúa en qué medida se considera que ha sido eficaz en el logro de cuatro objetivos ("Ayudar a la familia a saber lo que le ocurrió a sus seres queridos", "Crear una historia integradora que incorpora a los distintos grupos nacionales en un relato común", "Que los culpables de atrocidades de violaciones de los derechos humanos pudieran ser juzgados", "Que las violaciones a los derechos humanos no vuelvan a ocurrir en la actualidad o en el futuro"). Se contesta de 1(Nada) a 4(Mucho).

♦ Una escala con el objetivo de conocer las emociones asociadas al período de la violencia y al trabajo de la Comisión de Verdad local ("Cuando piensa en el período de la violencia/Informe Nunca Más de la CONADEP, usted siente: Alegría/Tristeza/Culpa/Vergüenza/Miedo/Bronca/Orgullo/Esperanza), en la que los participantes optaban en un continuo de respuesta de 7 puntos entre 1 (nada) y 7 (muchísimo) a cada una de las emociones suscitadas.

♦ Conocimiento de los pedidos de disculpas de Néstor Kirchner y Martín Balza, con respuesta Si o No.

♦ Grado de sinceridad de dichas disculpas, que se responden de 1 (Nada) a 4 (Mucho).

♦ Eficacia otorgada a estos pedidos de disculpas, con un continuo de 1 (Nada) a 4 (Mucho).

♦ Actitud ante el pasado, que se evalúa con dos preguntas (adaptadas de Gibson, 2004) que indagan en la disposición a la recuperación o no del pasado y su valoración ("Cuando se trata del pasado de esta nación, debemos aprender de los errores que se hicieron con el fin de evitar cometerlos nuevamente", y "Es mejor que no se abran viejas heridas hablando de lo que sucedió en el pasado"), en un rango de 1 (Totalmente falsa)a 4 (Totalmente verdadera).

♦ Creencia sobre la posibilidad del perdón por parte las víctimas, con respuesta en un continuo de 1 (Nada) a 7 (Muchísimo).

♦ Deseabilidad de la reconciliación, y qué se necesitaría para que eso ocurriera, ("¿En qué medida cree que sería deseable la reconciliación entre las víctimas, los responsables y la sociedad en su conjunto?"); "Que las victimas perdonen a los responsables"; "Que los responsables pidan perdón"; "Que no se olvide, que haya memoria"; "Que haya justicia y castigo para los perpetradores"; "Que haya nuevas generaciones que no hayan vivido ese período" y "Que se resuelva aquello que dio lugar al conflicto"), que se contestan de 1 (Nada) a 7 (Mucho).

♦ Confianza en las Instituciones (Policía; Partidos Políticos; Gobiernos Nacionales, Provinciales y Municipales, Iglesia, Fuerzas Armadas, Poder Judicial, Poder Legislativo, Organizaciones No Gubernamentales; Gremios/Sindicatos; y Organizaciones de base y barriales), que se responde con un gradiente de respuesta de 1 (No confío) a 4 (Mucha confianza).

♦ Una versión abreviada de la escala de clima emocional (Páez e col., 1997). En cuatro ítems con un continuo de respuesta donde 1 (Nada) y 5 (Mucho), evalúa en qué medida la percepción del clima social del país es de solidaridad y ayuda mutua, de confianza en las instituciones, de enojo y hostilidad entre las personas y grupos, así como un bajo estado de ánimo caracterizado por la tristeza y la pasividad.

 

Resultados

Información, Eficacia Percibida y Aprobación del Trabajo de la CONADEP

Los datos muestran que el grado de información que los participantes tienen acerca del trabajo realizado por la CONADEP es medio-bajo (M = 2.46; DT = 1.15), aunque en general se lo evalúe como una medida eficaz (M = 3.14, DT = .62). Al analizar las puntuaciones medias en cada uno de los ítems, se observa que la CONADEP sirvió, sobre todo, para juzgar a los responsables de las atrocidades y violaciones a los derechos humanos (M = 3.18, DT = .75) y colaboró con las familias de las víctimas a saber lo que le ocurrió a sus seres queridos (M = 3.16, DT = .74). También, aunque en menor medida, fue eficaz para garantizar que los hechos de violencia no ocurran nuevamente (M = 2.97, DT = .88), y para crear una historia nacional integradora, que incorpora a los diferentes grupos nacionales en un relato común (M = 2.90, DT = .84). Al analizar si existen diferencias en el grado de conocimiento sobre la CONADEP en función de la afectación por la violencia, habiendo controlado los efectos de las variables edad y auto-posicionamiento político, efectivamente se observan diferencias (F(2,450) = 8.260; p = .00. VD = 2.77; VI = 2.76; NA = 2.31), siendo las víctimas, consideradas en forma genérica, en comparación con los no afectados, quienes más poseen información sobre el trabajo realizado por la CONADEP (Prueba Post-Hoc Bonferroni con p < .05). Asimismo, se hallan diferencias significativas en la evaluación general de la eficacia de la labor realizada según el grado de victimización (F(2,462) = 2.260; p = .01. VD = 3.47; VI = 3.64; NA = 3.40), puntualmente entre las víctimas indirectas y los no afectados, siendo las primeras las más optimistas al respecto.

Emociones Ante el Período de la Violencia

Al evocar el período de la violencia se observa una leve prevalencia de emociones negativas (M = 2.70; SD = 1.34) por sobre las positivas (M = 2.64; SD = 1.77). Las emociones más intensas son las tristeza (M = 3.99; SD = 2.25) y la ira (M = 3.49; SD = 2.24); y entre las positivas, sobresale la esperanza (M = 3.50; SD = 2.50). No se detectan diferencias significativas en función del grado de afectación o victimización de los participantes.

Conocimiento, Sinceridad y Eficacia de las Disculpas Pronunciadas

Los resultados muestran que el 53% de los participantes desconoce las disculpas ofrecidas por el ex presidente Kirchner, y que bastante más bajo es el conocimiento respecto a las disculpas efectuadas por el General Balza (32%). Con respecto a las disculpas del ex presidente, se observan diferencias en función del grado de exposición a la violencia. Específicamente, quienes se identifican como víctimas directas (χ2(2) = 17.212; p = .00) son quienes mayor conocimiento exhiben. El nivel de sinceridad atribuido a las disculpas del ex general Balza es medio-bajo (M = 1.98; SD = .88) al igual que la sinceridad atribuida a las disculpas del ex presidente (M = 2.46; SD = 1.05). No se observan diferencias en función del grado de victimización de los participantes.

Al analizar la eficacia de los pedidos de disculpas, los resultados indican que es mediobaja respecto de haber contribuido a que la sociedad en general pueda comprender más cabalmente el sufrimiento de los afectados (M = 2.24; SD = .88) y es aún más baja en relación a haber mejorado la relación y confianza entre los grupos en conflicto (M = 1.91; SD = .77). En lo que hace a la eficacia y a la contribución a la comprensión por parte de la sociedad, se observan consideraciones significativamente diferentes en función del grado de victimización de los participantes (F(2,493); p = .002. NA = 2.15; VI = 2.46; VD = 2.44), encontrándose las diferencias entre los no afectados y las víctimas indirectas, mostrándose éstas últimas más conformes con la utilidad de las disculpas (Prueba Post-Hoc Bonferroni con p < .05).

Respecto de la evaluación de la eficacia en la mejora de las relaciones y en el aumento de la confianza entre los grupos implicados, surgen diferencias en función del nivel de afectación por la violencia. Son los participantes no victimizados quienes consideran en menor grado que las disculpas mejoraron la relación o la confianza entre los grupos implicados (F(2,487); p = .017. NA = 1.86; VI = 1.94; VD = 2.21), oponiéndose los no afectados con las víctimas directas (Prueba Post-Hoc Bonferroni con p < .05).

Creencia Sobre el Perdón

Se comprueba un importante descreimiento respecto de la posibilidad de que las víctimas puedan perdonar a los que los lastimaron (M = 2.33; SD = 1.65), opinión que es independiente del grado de victimización de los participantes, ya que no se observan diferencias significativas.

Deseabilidad de Reconciliación

El grado de deseabilidad de reconciliación exhibida por los participantes es ínfima (M = 4.24; SD = 2.43) y no se observan diferencias en función del grado de afectación por la violencia. Respecto a las condiciones para que la reconciliación suceda, los participantes estiman, en orden de importancia, que: "haya justicia y castigo" (M = 6.52; SD = 1.22); "no se olvide" (M = 6.25; SD = 1.51); "los responsables pidan perdón" (M = 6.14; SD = 1.69); "se resuelva lo que dio lugar al conflicto" (M = 5.72; SD = 1.93); "haya nuevas generaciones que no hayan vivido esto" (M = 5.03; SD = 2.39) y, finalmente, pero con una puntuación media mucho más baja, "las víctimas perdonen" (M = 3.37; SD = 2.32).

Actitudes Hacia el Pasado

Indagando en las posiciones subjetivas hacia el pasado, se detecta una firme apuesta por una memoria aleccionadora, que permita aprender de lo sucedido (M = 3.46; SD = .72) en desmedro de una actitud de olvido (M = 1.70; SD = .92). Controlando los efectos sobre la varianza de la edad y el posicionamiento ideológico, solamente se encuentran diferencias significativas en función del grado de victimización al considerar la actitud de ocultamiento sobre lo sucedido. Al respecto, son las víctimas directas quienes más se resisten a no revisar el pasado (F(2,480) = 6.537; p = .00. VD = 1.27; VI = 1.63; NA = 1.77), diferenciándose significativamente de las personas no afectadas (Prueba Post-Hoc Bonferroni con p < .05).

Confianza Institucional

Se detecta una baja confianza general en las instituciones de la República (M = 2.08; SD = .75). Los participantes alegan mayor credibilidad principalmente en las Organizaciones No Gubernamentales (M = 2.54; SD = .84), seguidas por los gobiernos municipales (M = 2.29; SD = .85). Por su parte, las instituciones que resultan menos confiables, con idéntico puntaje, son las Fuerzas Armadas (M = 1.89; SD = .75) y el Poder Ejecutivo (M = 1.89; SD = .75), seguidas inmediatamente por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires (M = 1.90; SD = .65) y la policía (M = 1.91; SD = .68). No se detectan diferencias significativas en función del nivel de afectación de los participantes.

Clima Social Emocional

El clima social emocional que prevalece es negativo (M = 4.47; SD = 1.33), caracterizado por la hostilidad y la tristeza. Paralelamente, se percibe un bajo clima positivo (M = 2.89; SD = 1.13) que da cuenta de una baja percepción de solidaridad entre las personas y de una baja confianza en las instituciones. Se observan diferencias significativas en la percepción del clima emocional negativo en función del grado de victimización de los participantes, habiendo controlado el efecto sobre la varianza de la edad y el posicionamiento político (F(2,474) = 5.10; p = .00. VD = 4.96; VI = 4.65; NA = 4.40). Son las víctimas directas quienes vivencian un mayor clima negativo frente a los no afectados (Prueba Post-Hoc Bonferroni con p < .05).

 

Discusión

Los resultados de este trabajo permiten aportar información valiosa en relación a algunas medidas de justicia transicional implementadas en Argentina respecto de la violencia de la última dictadura militar de 1976-1983 hasta la actualidad. En primer lugar, es relevante señalar que lamentablemente las personas poseen poca información sobre la CONADEP y su invalorable trabajo en pos de la consolidación democrática. Sin embargo, existe una amplia evaluación positiva y percepción de eficacia sobre lo realizado. Distinto es el caso respecto de otra medida de justicia transicional como son las disculpas públicas que exhiben bajos niveles de conocimiento, sinceridad y eficacia. Toda vez que se desee trabajar para la recuperación democrática, la consolidación de la paz, la reconstrucción en la fortaleza de las instituciones y la confianza en ellas, se vuelve necesario que estas medidas de disculpas, lo mismo que lo realizado por la Comisión de Verdad argentina, sean ampliamente conocidas y valoradas por la sociedad en su conjunto (Bar-Tal, 2011). Sólo una vez que el conjunto de medidas implementadas sea conocido, podrá ponerse en discusión su eficacia y su utilidad en el presente. Esto forma parte de un camino todavía a recorrer. Es plausible que el daño perpetrado aún siga condicionando de manera significativa ya que los estudios previos muestran que la disposición a perdonar es inversamente proporcional a la gravedad de la ofensa (Fehr, Gelfand & Nag, 2010; Staub, 2006), que en el contexto argentino implicó un plan sistemático de censura, persecución, secuestro y aniquilación. Parecería que las disculpas, aun cuando provienen de personas representativas del grupo ofensor, no son suficientes, o que el descreimiento en su sinceridad condiciona el efecto. Más aun cuando se dan en un clima de muy baja confianza institucional en el que predomina la percepción de emociones negativas de hostilidad, desconfianza y el bajo estado de ánimo. Si las instituciones no son consideradas útiles, o cumpliendo eficazmente las misiones para las cuales fueron instituidas, y si la emotividad percibida en los demás es de enojo y hostilidad, y tristeza, luego, finalmente, quedan obstruidos posibles mecanismos de reconstrucción del tejido social de tipo top-down, partiendo desde las organizaciones, o bottom-up, haciendo foco primeramente en los vínculos interpersonales, para luego crear escenarios óptimos a nivel institucional (Staub, 2006).

En relación a la disposición a perdonar entre el grupo de las víctimas y los victimarios, se retoma el argumento planteado previamente sobre la gravedad de la ofensa como un obstáculo insuperable, ya que tanto las víctimas como los no afectados por la violencia de Estado descreen de esta posibilidad. Resultados similares se hallaron en un estudio realizado en Paraguay (Arnoso, Cárdenas, Páez & Beristain, 2014). Complementando estos hallazgos, se encuentra lo vinculado a la posibilidad de reconciliación entre las víctimas, los responsables y la sociedad en su conjunto, posibilidad frente a la cual hay un posicionamiento neutro, es decir, ni de acuerdo ni de desacuerdo. Vale la pena recordar aquí que Argentina tuvo un recorrido lleno de avances y retrocesos, signados por la implementación de amnistías militares, juicios condenatorios, nuevas amnistías y leyes de impunidad, silencios cómplices y confesiones, y el resurgimiento de juicios e indagaciones. Existieron múltiples medidas que, con el fin noble de concertar la reconciliación nacional, se propusieron medios no sólo ineficaces sino también reprochables porque atentaban contra derechos fundamentales. Este marco puede contribuir tanto al rechazo del perdón como al descreimiento respecto de la posibilidad de reconciliación. Aun así, y cuando se hace necesario un futuro estudio sobre las concepciones del perdón y de la reconciliación, los resultados muestran que la implementación de justicia, un proceso activo de recordación de lo sucedido, y los pedidos de disculpas están entre las condiciones que más allanan el camino hacia la reconciliación.

Vinculado a lo anterior, resulta estimulante el amplio consenso observado en los participantes en ver el pasado como una lección de la cual aprender para no repetir viejos errores. Como plantean Liu y Hilton (2005), la historia provee a un grupo social una narrativa respecto de dónde viene y hacia dónde puede y debe ir, así como la forma en que debe afrontar ciertos desafíos. Teniendo como pasado histórico reciente -y no tan reciente-, la terrible experiencia de haber usado la violencia como método principal y sistemático para resolver los conflictos de intereses de la conducción social y política (Feinmann, 2006; Fernández Meijide & Leis, 2015; Leis, 2013; Reato, 2013; Vezzetti, 2009), sea desde el Estado como de los grupos políticos de izquierda, es importante encontrar este tipo de aproximación al pasado, siempre que se pueda reconocer que el uso de la violencia no es una forma válida ni eficaz para lograr los cometidos políticos, sociales o económicos, provenga de quien provenga.

Por último, los resultados de este estudio permiten destacar el rol de la victimización a la hora de tomar postura frente a las medidas de justicia transicional implementadas en Argentina. Son las personas afectadas por la violencia las que más conocen sobre el trabajo de la CONADEP, y quienes mejor lo evalúan; también son quienes, de forma genérica, más saben sobre las disculpas de Kirchner, y quienes más eficaces las consideran en pos de haber contribuido a comprender el sufrimiento padecido. Asimismo, son las víctimas quienes más apuestan a aprender de los errores del pasado para no cometerlos nuevamente, quienes más rechazan una actitud de amnesia para no abrir viejas heridas, y quienes perciben un clima emocional negativo más acentuado. De forma coherente con lo reportado, resultados similares han sido hallados en estudios sobre la temática realizados en otros países latinoamericanos como Chile (Cárdenas, Páez, Arnoso & Rimé, 2013; Cárdenas, Páez, & Rimé, 2013) y Paraguay (Arnoso, Muratori, Páez, Zubieta & Cárdenas, 2014).

 

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Recebido em 12/01/2015.
Revisado em 21/03/2015.
Aceito em 17/04/2015.