ARTÍCULOS

 

Violencias institucionales y reproducción de estigmas en usuarios de cocaínas fumables de Montevideo

 

Institutional violence and stigma reproduction on smoked cocaine users in Montevideo

 

 

Giancarlo Albano^*; Luisina Castelli^*; Emmanuel Martínez^*; Marcelo Rossal^**

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Montevideo, Uruguay

Dirección para correspondencia

 

 

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RESUMEN

A través de las oposiciones legal/ilegal y legítimo/ilegítimo, nos proponemos estudiar el discurso de los derechos humanos y su vulneración cotidiana en relación a los usuarios de cocaínas fumables en Montevideo, Uruguay. Esos sujetos pertenecen a los sectores más pobres de la sociedad y se encuentran notoriamente afectados por el estigma, la violencia y la desigualdad. El trabajo recoge resultados de un proceso de investigación etnográfíco con usuarios de cocaínas fumables y muestra cómo la continuidad de la violencia configura los cuerpos y las identidades de los sujetos, de tal forma que se les dificulta participar de otras redes distintas a las del mercado ilegal, así como emprender los procesos de rehabilitación social y sanitaria.

Palabras clave: pasta base de cocaína; estigma; violencias; desigualdades.

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ABSTRACT

By means of the legal/illegal and legitimate/illegitimate categories, we propose to study the discourse of human rights and their everyday vulnerability regarding smoked cocaine users in Montevideo, Uruguay. Thse subjects belong to the poorest places of the population, and are notoriously affcted by stigma, structural violence, and inequality. This work summarizes the results of an ethnographic research process with users of smoked cocaine, and shows how the continuum of violence sets the bodies and identities of the subjects in a way that makes their participation harder in networks other than in the illegal market. It also aims at conducting processes of social and health rehabilitation.

Keywords: cocaine base; stigma; violences; inequalities.

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El presente artículo recoge los resultados de una investigación de corte etnográfico sobre las trayectorias de los usuarios de cocaínas fumables con uso problemático en Montevideo, Uruguay. Esta experiencia etnográfica permite aproximarnos a la complejidad de los discursos, las percepciones y las prácticas de estos sujetos, mayoritariamente pertenecientes a los sectores más pobres de la sociedad uruguaya.

Se trata, además, de poner en evidencia las tensiones entre las normas jurídicas, los derechos humanos y los sentidos que les atribuyen los sujetos en el contexto de precariedad en que están situados, así como el "discurso de los derechos" y su violación cotidiana concreta por parte de los agentes estatales. Los derechos humanos son un instrumento normativo internacional instalado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y ampliado por declaraciones, convenciones y recomendaciones posteriores, que define un significado universal de dignidad humana y justicia. Desde esta óptica, los derechos humanos son lo que de Sousa Santos (2002) llama de "localismo globalizado" o "globalización desde arriba". Es ampliamente conocida la crítica introducida por la antropología a las aspiraciones universalizantes de la racionalidad occidental que tiene este instrumento, lo cual ha conducido, a su vez, a una revisión de las visiones simplistas del relativismo cultural (Segato, 2004). Por otra parte, referimos como "discurso de los derechos" a un conjunto de enunciados que explicitan, tanto por parte de los agentes gubernamentales como de los técnicos "en el territorio", desde un "enfoque de derechos" a la diferencia de los enfoques tutelares o paternalistas en relación a los 'sujetos vulnerables', en nuestro caso, los usuarios problemáticos de cocaínas fumables.

En este sentido, el "discurso de los derechos" es moral y políticamente correcto, cuya relación con las prácticas concretas puede no ser de correspondencia. En base a dicho discurso, se sostiene que las políticas públicas no deberían reposar ni en el asistencialismo, ni en el paternalismo, ni en la tutela, sino en el cumplimiento de los derechos de los sujetos¹. El plano más preciso y universal de este discurso se refiere a los niños y adolescentes. Fonseca y Cardarello (2005) lo han entendido como un "frente discursivo", que ha generado el paso de lo que algunos politólogos llaman "coaliciones promotoras" (Sanjurjo García, 2013) a una suerte de hegemonía (Eagleton, 1997), en el sentido de que es el único discurso legítimo, pero que no ha logrado aún hacerse carne en las prácticas de los propios técnicos que lo enarbolan, los cuales siguen siendo en buena medida asistencialistas y tutelares. Sin embargo, fuera de los agentes de las políticas sociales y sanitarias, los agentes de la violencia estatal suelen responder, más que a discursos de derechos, a prácticas que, ancladas en la larga duración, han castigado los cuerpos y el honor de los pobres.

En relación a ello, es necesario abordar dos ejes delineados por los pares legal/ilegal y legítimo/ ilegítimo. ¿Por qué es pertinente atender este par de oposiciones? En primera instancia, porque, si bien en Uruguay consumir cualquier droga es una actividad lícita, fumar pasta base es claramente ilegítimo, y el suministro y la venta de la sustancia es ilegal, por lo tanto para consumirla hay que participar de un mercado ilegal, que es inevitable generador de violencia interpersonal (Silva de Sousa, 2004) y de una economía moral de violencia (Karandinos, Hart, Castillo & Bourgois, 2014).

En Uruguay, de acuerdo a la legislación vigente, el consumo de estupefacientes no se encuentra penado, aunque sí lo está su comercialización. La Ley 17.016, que sustituye algunas disposiciones de la anterior – 14.294, establece en su artículo 31:

(q)uedará exento de pena el que tuviera en su poder una cantidad razonable destinada exclusivamente a su consumo personal, con arreglo a la convicción moral que se forme el Juez a su respecto, debiendo fundamentar en su fallo a las razones que la han formado.

Punto éste que genera contradicciones, por ejemplo en lo que se refiere al desigual tratamiento jurídico que reciben situaciones similares, las cuales quedan libradas a "la convicción moral de los juzgadores" y constituyen "una forma encubierta de penalizar la posesión de drogas para consumo personal" (Bardazano, 2012, p. 58).

En esta línea, Garibotto (2010) muestra que, mientras que entre un tercio y la mitad de las incautaciones realizadas de las diferentes sustancias son de menos de 10 gramos, las penas mínimas excarcelables no parecen refljarse en los procesamientos, ya que los procesados sin prisión son muy pocos:

[La pasta base] merece una reflxión especial, ya que si bien existen directivas específicas para atacar especialmente los puntos de venta de esta sustancia, se puede observar que en 258 casos [aproximadamente un 25% del total] se incautaron dos gramos o menos de PBC. Esto plantea el interrogante de si, efectivamente, se está deteniendo a los traficantes de dicha sustancia o están siendo detenidos los usuarios más vulnerables. (Garibotto, 2010, p. 86).

Como se observa, y aunque el consumo no se encuentre penado, el eje legal/ilegal es más problemático de lo que podría suponerse a priori, y los sujetos con los que nos encontramos conocen — y sufren — muy bien estos pasajes grises de la legalidad.

Así, cabe una reflxión en torno a la relación entre legalidad y legitimidad: si el consumo (de cocaínas fumables específicamente) no es ilegal pero sí ilegítimo para los distintos agentes estatales, hay que resaltar que esta dualidad descansa sobre los mismos preceptos, a saber, el concurso de diferentes instituciones (como la Medicina, el Derecho o la propia academia) en la configuración de las "formas de clasificación de personas y conductas dentro de los procesos de constitución de los Estados Modernos" (Renoldi, 2008, p. 177). Esto hace que, detrás de la no penalización del consumo, se encuentren fuertemente asentadas clasificaciones naturalizadas sobre las "drogas" y sus "consumidores" (que van desde aspectos "epidemiológicos" hasta de supuesta "irracionalidad" de los usuarios), las cuales deslegitiman sus acciones, propician su criminalización y desacreditan, en última instancia, su condición de ciudadanos en plenitud.

Desde el discurso dominante, el sentido común policial y de otros agentes estatales, se entiende que los usuarios de cocaínas fumables desarrollan prácticas ilegales y/o ilegítimas para proveerse de la sustancia o de los recursos para acceder a ella. En otras palabras, las prácticas concretas que realizan cotidianamente los usuarios de pasta base son valoradas a través de la matriz dominante de lo que es considerado legal e ilegal, como por lo que se entiende como legítimo e ilegítimo. Pero para estos sujetos y en el contexto en que se producen, estas prácticas se pueden sostener — y a menudo lo hacen — en representaciones diferentes a las hegemónicas y a las que establece el marco jurídico, de modo tal que ciertas manifestaciones del ilegal pueden adquirir carácter legítimo, así como prácticas legales ser consideradas inmorales, ilegítimas y, por lo tanto, desacreditadas.

El orden jurídico es externo a los sujetos, pesa sobre ellos y se manifiesta en la detención, el confnamiento, la institucionalización; el efecto del legal/ ilegal ocurre en la relación del sujeto con dicho orden, pero estas normativas pueden o no tener un sentido válido para ellos: perder bien o perder mal, como señalan nuestros interlocutores. Nunca es grato perder: ser detenido, procesado y encarcelado, pero este hecho puede estar justificado o no. 'Perder mal' ocurre cuando la persona es 'embagayada' o 'engarronada', cuando no "era para estar preso" y se estima que el hecho, aunque configure delito, no es una acción ilegítima (por ejemplo, comprar y distribuir drogas entre amigos, o cuando se ven involucrados en un hecho en el que no fueron protagonistas, mucho más común entre las mujeres). 'Perder bien', en cambio, implica el reconocimiento del procesado de la causa penal en la cual se encuentra involucrado, por ejemplo en la ocasión de un robo con violencia (rapiña para la legislación uruguaya). Así, las valoraciones del legítimo e ilegítimo se reconfiguran según las moralidades propias del universo de la significación en el cual los sujetos se desenvuelven.

Aunque el consumo de cocaínas fumables no es ilegal, su usuario está unánimemente deslegitimado. En un primer momento de interlocución, algunos usuarios justificaron el consumo bajo la premisa de que "me gusta la droga", "soy drogadicto", "siempre está ahí", incluso otros escenificaron el estigma que portan mediante gesticulaciones agresivas y discursos auto-inculpantes: "soy delincuente", "para qué vas a hablar conmigo", "mi vida está perdida". Pero a medida que se establece cierta confianza, nuestros interlocutores acababan manifestando la necesidad de dejar el consumo o disminuirlo. Aparecía así, que "poder manejarla" (usar controladamente la sustancia) no sería tan grave como "haber perdido todo" o "estar arruinado". Así, emerge una concepción moral clara y una idea de vida buena: tener un trabajo, casa, familia y, en algunos casos, "consumir tranqui" o "ir llevándola". Esta forma de consumo sería legítima, pero para muchos, ello sería imposible, ya que también está presente la creencia de que "si fumás uno, no parás"².

 

Pichis

Buena parte de los usuarios problemáticos de cocaínas fumables en Uruguay, según indican los datos disponibles (Suárez & Ramírez, 2014), han sido afectados por el sistema penal. Asimismo, un tercio vive en la calle o en refugios estatales, lo cual implica un sometimiento al estigma de vivir en la calle (Panter-Brick, 2002). Como ha sido visto en otra investigación, en las trayectorias de los habitantes de la calle, son las violencias institucionales las que consolidan los estigmas (Fraiman & Rossal, 2011). No sólo el paso por el sistema carcelario, sino también por instituciones de amparo de la infancia, el haber sido detenidos cotidianamente por la policía, aunque no se hayan cometido delito, y el pasaje por los refugios para personas sin techo sirven a la consolidación de los estigmas, que, para el caso uruguayo, se emblematizan con el término pichi. Este término denigrante es usado por parte de los policías como sinónimo de delincuente y, en la jerga popular, como sinónimo de pobre.

Uruguay se destaca, desde principios del siglo XX, por su temprano Welfare State (Vanger, 1983), lo cual es el modelo o arquitectura de Estado social anclado en "el empleo formal y sus categorías de ocupación, orientado al jefe de hogar masculino y apoyado en la hipótesis de estabilidad del modelo biparental nuclear" alejado de la "estructura de riesgos" que se ha ido estableciendo desde entonces (Filgueira, Katzman & Rodriguez, 2005, p. 9). Su "proceso civilizatorio" (Elias, 1988) fue atenuado por una Dictadura entre 1933 y 1938, afectado por una crisis de la democracia desde finales de los años 1960 y severamente dañado, con terrorismo de Estado, entre 1973 y 1984, por la Dictadura Militar. Hasta finales de los años 1960, la tortura era una práctica policial dedicada a los pichis. De hecho, las primeras víctimas de la tortura como práctica sistemática fueron pichis que un grupo represivo detuvo ilegalmente para que sirvieran como modelo para las enseñanzas de la tortura del asesor norteamericano Dan Mitrione (Hevia Coscuelluela, 1985). También a finales de los años 1960, la Policía empezó a torturar a militantes estudiantiles y sindicales; a tratarlos como a pichis y a llamarlos de esa forma³.

En esa línea de continuidad, el Estado uruguayo, como contracara de su proceso civilizatorio, sigue castigando a sus ciudadanos más pobres, para quienes destina instrumentos de protección social focalizados que funcionan mediante formas neoliberales de gubernamentalidad (Rose, O'Malley & Valverde, 2012), signadas por la precariedad laboral de sus técnicos.

Así, esta gubernamentalidad ha colonizado las políticas sociales a partir de variados discursos, como el 'enfoque de género' y la 'prevención de la violencia'. Basándose en fondos internacionales o presupuestales, según el caso, la 'mano izquierda' del Estado (Bourdieu, 1999) opera en la protección de los sectores focalizados por sus condiciones de riesgo y vulnerabilidad: mujeres con hijos afectadas por la violencia doméstica, jóvenes, usuarios de drogas. Estos programas son sostenidos por recursos que se agotan en sus formatos de proyectos a término y, por consiguiente, actúan con técnicos contratados por plazos breves, mientras que el accionar de las facetas represivas del Estado opera mediante funcionarios públicos inamovibles.

Frente al castigo estatal — sea legal o no —, el Estado, que es una compleja multiplicidad, ofrece para la protección de los más precarios a técnicos que operan en condiciones también precarias. Así, las políticas del país, señaladas en la actualidad y también en la larga duración, como "civilizatorias" y "progresistas", se mantienen en esa línea de larga duración de castigar a los pichis.

En el 2012, al mismo tiempo que el gobierno proponía la Ley de regulación del mercado de cannabis (Ley 19.172), promovía una Ley de Faltas para penalizar el hecho de dormir en la calle, el aumento de las penas vinculadas al tráfico de pasta base y la internación compulsiva de los usuarios problemáticos de cocaínas fumables (Negro, 2013). De estas propuestas, la Ley de Faltas (Ley 19.120) y el aumento de las penas para el tráfico de pasta base (Ley 19.007) fueron aprobadas, mientras que el proyecto de internación compulsiva sigue su trámite parlamentario.

La Ley de Faltas, en particular, configuró un aumento sistemático en la violencia estatal hacia los usuarios de cocaínas fumables y una relegitimación de la actuación policial cotidiana hacia los pastosos, epítome del pichi recientemente.

 

Cocaínas fumables

En este artículo se prioriza el concepto de cocaínas fumables, puesto que ellas incluyen al crack y a la pasta base, y, en Uruguay, a pesar de estar presente en muy mayor medida esta última, el crack es anterior en su consumo y hay evidencias de que continúa usándose. De igual forma, en contextos como el brasileño, en el cual el crack sería dominante, también hay datos de la presencia de pasta base en algunos lugares del inmenso territorio de Brasil.

En cuanto a la sustancia en sí misma, debe señalarse que la pasta base de cocaína es un producto previo a la producción de clorhidrato de cocaína, un aglomerado que puede fumarse directamente; el crack, en cambio, es una sustancia que se produce al "cocinar", generalmente con bicarbonato, el clorhidrato de cocaína y, luego de ello, la cocaína ya puede fumárselos (Umpiérrez, 2013). En cualquier caso, las prácticas de vida de los usuarios y las dinámicas de los mercados de cocaínas fumables son semejantes más allá de si se fuma crack o pasta base. En ambos casos, se consume mediante la utilización de "pipas" elaboradas de diferentes materiales: inhaladores, latas de refrescos, tubos plásticos, entre otros. Es habitual que algunos usuarios fumen pasta base mezclada con tabaco o marihuana (denominada basoco). En relación a los efectos de su consumo, la bibliografía señala que esta sustancia:

atraviesa rápidamente la barrera hematoencefálica alcanzando el sistema nervioso central, tardando sólo cinco segundos en producir el efecto euforizante. La duración del efecto euforizante es muy corta y el efecto estimulante desaparece rápidamente, ocasionando una profunda angustia en el consumidor. De aquí el deseo compulsivo por seguir consumiendo y el gran poder adictivo que posee. (UNODC, 2013, p. 56).

El consumo de cocaínas fumables comenzó a ser visible en Uruguay desde 2002 — momento de fuerte crisis económica y social —, aunque la práctica de fumar cocaína es previa: ya en los años 1990 se fumaba crack (se lo llamaba merca cocinada). En la región, el uso de pasta base es muy anterior. Países como Chile y Perú registraron este consumo ya hace unos 40 años (UNODC, 2013). En cuanto a la magnitud del consumo, trabajos recientes determinan que el consumo de pasta base se encuentra en una "meseta" (Suárez & Ramírez, 2014); en relación a la región, el consumo de la sustancia muestra que Uruguay se encuentra con una prevalencia media (CICAD/OEA, 2011). Según los datos arrojados por la "5° Encuesta Nacional en Hogares sobre Consumo de Drogas del Observatorio Uruguayo de Drogas (OUD)" (JND, 2006), la prevalencia en Montevideo del consumo de pasta base de la población entre 18 y 64 años es de 0,4% (unas 3.300 personas), pero hay que señalar que esta herramienta metodológica deja por fuera precisamente a buena parte de la población objetivo de este estudio. Sin embargo, otros estudios, recabando diferentes datos, estiman una prevalencia varias veces superior, con un número entre 9.800 y 17.800 usuarios de pasta base para Montevideo en esta franja etaria (Suárez & Ramírez, 2014, p. 49). Aunque, en general, el consumo de cocaínas fumables puede considerarse de baja magnitud, adquiere una alta visibilidad por el estigma al que está asociado (Oliveira, Martins, Richter & Ronzani, 2012), por la violencia de su mercado ilegal y por la alta concentración geográfica y socioeconómica de sus consumidores (Albano, Castelli, Martínez & Rossal, 2014; Suárez & Ramírez, 2014).

En Uruguay y en escenarios próximos, se ha llevado a cabo un cierto número de investigaciones cualitativas que abordan el consumo de cocaínas fumables, algunas de ellas con métodos etnográficos (Castilla y Lorenzo, 2012; 2013; Castilla, Epele & Olsen, 2012; Epele, 2007, 2010; Ferreira Adorno et al., 2013; Folgar, 2003, 2006; Folgar & Rado, 2003; Garibotto, Calicchio, Latorre & Scarlatta, 2006; JND, 2006; Mecha, 2013; Melotto, 2009; Míguez, 2006, 2007; SEDRONAR, 2007; Pawlowicz et al., 2011; Sepúlveda, 1997; Touzé, Vila, Pawlowicz & Rossi, 2006).

En los Estados Unidos, hay una enorme producción etnográfica sobre el uso y el mercado del crack, siendo clásico el trabajo de Bourgois (2010). Asimismo, la investigación de Draus y Carlson (2009) es un antecedente directo de la que presentamos, pues realizó una etnografía sobre la base de un universo de usuarios de crack que participaron en un estudio utilizando la metodología Respondent Driven Sampling (RDS).

 

Método

Este trabajo es un producto del proyecto "Efectos y prácticas de consumo problemático de cocaínas fumables en poblaciones ocultas" (Albano et al., 2014). El estudio, de carácter etnográfico, se desarrolló en conjunto a una encuesta basada en la metodología RDS, con el objetivo de obtener mejores datos sobre una población "oculta" (Feldman & Aldrich, 1990) con consumo problemático de cocaínas fumables en Montevideo, Uruguay. Este método, traducido en español como muestreo dirigido por el entrevistado, permite realizar un acercamiento en poblaciones ocultas⁴, obteniendo un "tamaño muestral representativo de la población objeto, dado que el reclutamiento se expande a diferentes niveles de profundidad y dentro de redes sociales distintas [permitiendo además] disminuir el sesgo característico" (Estrada & Vargas, 2010, p. 267).

El abordaje del presente investigación implicó la realización de entrevistas, observaciones in situ y diálogo cotidiano con hombres y mujeres que participaron de la investigación de RDS. Se realizaron 40 entrevistas ahondando en sus trayectorias de vida y se registraron sistemáticamente los diálogos con los 318 participantes que tuvo la encuesta (Suárez & Ramírez, 2014; ONUDC-JND, 2013). El equipo de investigación realizó recorridos por la zona donde se desarrolló el estudio observando lugares de referencia, achiques⁵ y demás espacios donde muchos de nuestros interlocutores viven diariamente. Si bien la encuesta se desarrolló en el segundo semestre de 2012, nuestro equipo revisitó el campo durante 2013.

Los requisitos para participar del estudio cuantitativo y, por ende, del trabajo etnográfico, eran tener entre 18 y 64 años y practicar un consumo sostenido de cocaínas fumables (con una frecuencia de por lo menos una vez a la semana) en los últimos seis meses. Las y los participantes provenían de distintos barrios, principalmente de la Zona Oeste de Montevideo por proximidad al barrio en donde se había instalado el dispositivo para realizar la encuesta. Concurrían al local por invitación de otro que había participado antes; cada uno podía invitar hasta tres conocidos y recibía un incentivo de alimentación por ello.

En cuanto a los participantes de este estudio, se puede afirmar que el perfil era mayoritariamente masculino (89,3%) y joven (29 años de promedio), presentándose casi un 80% de casos en la franja etaria entre 18 y 35 años. Un conjunto de datos dan cuenta de la vulnerabilidad de esta población, desde la distribución territorial en los espacios con los mayores índices de pobreza, pasando por los educativos (donde un 63,7% tiene como máximo nivel educativo alcanzado a la primaria o se encuentra sin instrucción comparado con el 20,9% de la población en general, mientras que sólo el 5,9% accedió al nivel secundario superior, o sea 30,6% de la población en general), por los laborales (tan solo el 22,0% de los usuarios ha contado con contrato formal de trabajo, bajando al 15,0% si consideramos ingreso principal), por centros de internación de menores en conflcto con la ley (25,1%) y/o cárcel o penitenciaría (34,0%), así como de prevalencia del VIH (6,3%, lo que supera en más de diez veces la media nacional). Cabe resaltar que al tratarse de una población con consumo problemático, la frecuencia del consumo durante 2013 es mayoritariamente diaria (48,0%) o de varias veces a la semana (44,0%); asimismo, se presenta un importante policonsumo, en el cual se destaca el uso de alcohol (78,0%) y marihuana (75,0%) (ONUDC-JND, 2013; Suárez & Ramírez, 2014).

Las entrevistas se realizaron en base a un cuestionario abierto, regidas por un enfoque etnográfico, "estar allí", establecer lazos de confianza y abandonarse al saber del otro:

Las técnicas etnográficas de observación participante, desarrolladas sobre todo por la antropología social desde los años 1920, han demostrado ser más adecuadas que las metodologías cuantitativas para documentar la vida de los individuos marginados por una sociedad hostil. Solamente tras establecer lazos de confianza, proceso que requiere mucho tiempo, es posible hacer preguntas incisivas con respecto a temas personales y esperar respuestas serias y reflxivas. Por lo general, los etnógrafos viven en las comunidades que estudian y cultivan vínculos estrechos de larga duración con las personas que describen. Para reunir "datos precisos", los etnógrafos violan los cánones de la investigación positivista. Nos involucramos de manera íntima con las personas que estudiamos. (Burgois, 2010, p. 43).

A partir de la investigación, delineamos un modelo tentativo de aproximación etnográfica: al momento del primer contacto, el sujeto dice lo que se espera que diga, escenificando el estigma que porta o reproduciendo un discurso "domesticado", un "deber ser", lo cual puede estar seguido de un momento irónico o desconfiado. Recién luego de despejadas (aunque no en todos los casos ni en todo momento) estas formas defensivas del discurso, se desarrolla un intercambio reflxivo (Albano et al., 2014).

La antropología contemporánea ha ido consolidando el método etnográfico como forma de aproximarse a las prácticas y los discursos de los sujetos en sus contextos cotidianos y, especialmente, ante poblaciones estigmatizadas y "ocultas" (Feldman & Aldrich, 1990). Hay que remarcar que discursos y prácticas no siempre coinciden, y eso no tiene que ser entendido como una muestra de intención consciente de engaño o falso testimonio: en todos nosotros conviven discursos, moralidades y prácticas a simple vista contradictorias, pero que dan cuenta de las multiplicidades que nos constituyen en tanto que sujetos. En este sentido, el método etnográfico busca el acercamiento a los sujetos en los espacios en que desarrollan sus discursos y prácticas, procurando contextualizarlos y ponerlos en relación. Así, se busca acceder a los sujetos "de carne y hueso", a partir de sus discursos, pero también de la observación de sus cuerpos en acto (performances, ritualidades, gestualidad), muchas veces producto, en este caso, de trayectorias marcadas por continuos de violencia (Bourgois & Scheper-Hughes, 2004).

Cabe señalar, por último, que también alimentan las reflxiones volcadas en este artículo las experiencias de investigación que los autores han desarrollado en otras instancias sobre el uso de cocaínas fumables y los vínculos de estos sujetos con distintas instituciones y actores estatales y paraestatales.

 

Resultados

Cárcel y violencias institucionales

Uno de nuestros entrevistados (Alejo, 30 años) llegó a la cárcel en medio de una vorágine desquiciada que lo tuvo por protagonista: estuvo tres días emparrillado⁶, tomó una bicicleta de un jardín y, más tarde, se quedó dormido al lado de ella. Lo despertó el funcionario policial amarrocándolo⁷, luego de ello, el procesamiento y la prisión. Otro (Agustín, 26 años) pidió prestado el celular a un conocido y le dejó su mochila con la cédula de identidad adentro, perdió este celular rápidamente y todo contacto con el conocido. A los meses le pidieron documentos en la calle y al dar su nombre saltó que estaba requerido; el resultado es el mismo: procesamiento y prisión por la apropiación indebida de dicho celular. Las violencias estatales empiezan como burocráticas⁸, en ambos casos el procesamiento con prisión a sujetos que lo que necesitan, inequívocamente, es ingresar a los dispositivos de tratamiento por el consumo problemático de pasta base. Sin embargo, al lugar que los mandó el Estado es al escalón más bajo en la clasificación carcelaria: el "preso adicto", el "rastrillo sin códigos", el "sucio" sin familia ni asistencia de ningún tipo; el escalón más bajo de los pichis.

Pero la violencia estatal no sólo se expresa con la privación de libertad. La calle y las plazas son escenarios habituales de su desarrollo: dos funcionarios policiales interrumpieron a uno de nuestros entrevistados (Manager, 38 años) que se aprestaba a fumar pasta base en una plaza pública. "¿Que hacés?", le preguntaron, "Fumando esta porquería", respondió él. "Y si es una porquería, ¿para qué fumás?", volvió a preguntar el policía, mientras sacaba su cachiporra. En este momento, el otro funcionario le dice: "Dejalo, que se mate.". Ante esto, nuestro entrevistado les contestó: "¿Sabés para qué fumo? Para olvidarme de ustedes, de los problemas"; y agregó: "me importaba tres carajos que la policía me cagara a palo". Este tipo de episodio cotidiano da cuenta de la violencia a las que se ven sometidos cotidianamente estos sujetos.

Como fue dicho, una buena porción de los sujetos que componen nuestro universo tuvo experiencia de la cárcel -34,0% en centros penitenciarios para adultos y 25,1% en centros de privación de libertad para adolescentes, de acuerdo a Suárez y Ramírez (2014). Sin embargo, las vivencias del sistema penal son muy distintas en función de las redes, especialmente familiares y barriales. De esta forma, será muy distinta la experiencia de cárcel de aquel que llega a un espacio social donde hay familiares y amigos, a la de un preso nuevo y desconocido en el ambiente carcelario.

En Uruguay, a diferencia de lo que ocurre en otros países, no existen organizaciones al modo del "Primeiro Comando da Capital" (Marques, 2010), siendo fundamentales las relaciones familiares en primer término y barriales en segunda instancia, pero también importaría, al igual que en Argentina (Míguez, 2008), el delito cometido "Los transas mandan afuera, pero en la tranca mandamos los chorros"⁹. De todos modos, hay que relativizar estas afirmaciones, puesto que quienes manejan mayor poder económico asociado a una red del mercado ilegal también tendrán mejores condiciones carcelarias, como ha sido señalado en forma unánime.

Siguen tres testimonios que refieren a este asunto:

[Luis, 30 años]
¿Cómo fue el tiempo que estuviste adentro, los dos años y siete meses?
Estuvo un poquito complicado, porque pasa que a las personas que no tienen visitas muchas veces lo discriminan, sacás. Según como caigas, sacás. Después bueno, me ha pasado que se me ha complicado porque, le decimos paqueteros, la persona que tiene lo que le llaman los paquetes, "los monos", viste todo para subsistir y todo así, entendés, discrimina mucho al que no tiene, y se me han armado problemas y me he cruzado con mucha gente de esa, y así he tenido un poquito de bardo. Después no, después las otras canas fueron tranquilas¹⁰.

[Wilson, 38 años]
Entonces ahí en la cárcel consumías cocaína ¿y consumías mucho?
Ehh... lo normal, lo normal, porque mi hermano tenía poder adquisitivo ahí adentro, por ejemplo él mandaba a comprar... mirá lo que te cuento, cerveza, whisky... a los propios botones y estaba con el director del cárcel... bigote pa atrás, nosotros teníamos heladera, cocina, teníamos el televisor a color, DVD no había, había los videos, aquellos aparatos gigantes ¿te acordás?, teníamos uno de esos... Teníamos pintada la celda, había un tipo que era maricón que era el que nos limpiaba, nos lavaba ¿me entendés lo que te quiero decir? ¹¹

[Miguel, 40 años]
Yo nunca fui de robar, mis hermanos fueron todos ladrones, yo a los 18 años estaba en un baile ahí con una morocha medio alegre [...], y me dice mi hermano que ya había entrado a una tienda y que tenía todo ahí en la azotea, todo lleno de ropa, una montaña así y me llevó, nunca había robado. "Venga", me dijeron, y por eso estuve a los 18 años.

Te agarraron

La única vez que robé, ¿te das cuenta? Porque mi único antecedente, el único y el último, es eso que tengo desde los 18 años, y dije que nunca más, porque si hay algo de que estoy seguro le dije al juez, usted mándeme para Libertad, para el Comcar, para donde usted quiera, pero por robar nunca más, acá no me tiene nunca más, por robar yo sé que no, porque eso lo controlo yo ¿me entendés? Cuando me bajaron del ómnibus, en la cárcel, que te bajan en la enfermería, por las ventanitas, que había unos ventiladores en unas ventanitas en el Comcar, no quiero exagerar pero 25 o 30 gritándome y saludándome ¡Miguel! [dice su apellido] y me dio vergüenza¹².

Vemos que no se trata de situaciones ni de trayectorias homogéneas, sino que existe una gran diversidad, mismo entre los sujetos que provienen de los sectores más desfavorecidos por la desigualdad social. Frente a discursos que homogeneizan y crean un sujeto, "el delincuente", "el pichi", y una "subcultura", la delictiva, al establecer una mirada cercana y un vínculo dialógico, aparecen los sujetos "de carne y hueso". Sujetos a los que el Estado ofrece, primero que todo, la violencia; pero esto no implica que no existan posibilidades de rehabilitación, aprendizaje de un oficio o el establecimiento de amistad y camaradería. La cárcel, como cualquier otro espacio social, no es únicamente un oscuro espacio de violencia. Nuevamente, el Estado aparece como una multiplicidad, incluso al interior de sus dispositivos más violentos.

Pasta base y delito

La asociación pasta base y delito, corriente en los discursos dominantes, tiene complejidades que conviene tener presente. Generalmente se uniformiza a "los pastabaseros" o "pastosos" como sujetos intrínseca o necesariamente inclinados a las actividades delictivas. Sea por causas "farmacológicas", por necesitar dinero para el consumo o por razones "sistémicas" (Goldstein, 1985), los usuarios de cocaínas fumables son siempre sospechosos.

Sin embargo, nos encontramos con trayectorias de personas signadas por una violencia estructural que las hace vulnerables a participar del mercado ilegal, en varias de sus facetas. En todos los casos, nuestros interlocutores, que habían cometido delitos en el pasado, dijeron ser menos eficientes ahora para planificar y ejecutar un hecho delictivo, que antes de fumar pasta base, aunque siendo usuarios de esa sustancia se tornan un blanco más fácil del sistema penal. Aunque algunos de ellos sí realizan, eventualmente, "delitos de bagatela", como robar plantas de los jardines de las casas, timbres, metales, mangueras de aire acondicionado y, con mayor riesgo, cables de suministro eléctrico y alumbrado público.

Dar cuenta de las vidas de estas personas es relevante para comprender los continuos de violencia (Bourgois, 2010; Bourgois & Scheper-Hughes, 2004) que las afectan desde sus nacimientos, e implica delinear qué moralidades, subjetividades y trayectorias son propiciadas por las condiciones en las que se han formado:

[Luis, 30 años]
L: [...] De los 7 a los 18 viví en el INAME, ¿sacás? A los 12 yo ya empecé a probar las drogas. Empecé con el porro, ya consumía vino, empecé cigarrito, porrito, un día se me tocó para el tema de consumir cocaína y le entré a la cocaína.
[...] Eso fue en el promedio entre los 12 entendés, y ya para adelante¹³.
G: ¿Consumías ahí en el INAME mismo?
L: Sí.
G: ¿Corrían todas esas cosas?
L: No, pero eso lo hacíamos fuera, afuera de los hogares, ¿entendés? Porque yo estaba en parte de los hogares abiertos, no estaba en hogares de seguridad, sacás. Estaba por el tema de amparo. [Le decíamos a la funcionaria] "voy a salir a dar una vuelta", y ahí salías, si te gustaba para robar robabas, entendés, para manguear, mangueabas [Después] a los 23, caí preso. Caí preso por rapiña y ta, yo ya estaba consumido, estaba drogado hasta las manijas ¿entendés? Ya también consumía en esa época pastillas, que ahí fue cuando empecé a decir, "esto me está haciendo mal". Me estaba mandando cualquiera. Y ta, y así fue. Después bueno, así fue mi vida, hasta el día de hoy, fue lo que es, estar en las calles, en la cárcel y ta. Calle, cárcel y lo que fue INAME, entendés¹⁴.

[Milton, 37 años]
M: A los 14 años me fui a Brasil, porque me había fugado de la Colonia, y me voy para el Interior. Pierdo en Artigas, al hogar rural de varones de Artigas [...]
G: ¿A los 14?
M: A los 14 años. Estuve un año en Brasil y me vine. [...] Era delincuente en los tiempos del Chino Perazza, del Pelado Roldán, entendés, del Negro Sombra, del Negro Sol, toda esa gente, delincuentes, ¿no? Cuando conseguía cocaína tomaba cocaína. [...]
G: Pero vos, ¿te criaste en la Colonia ahí en la Colonia Berro? ¿O caíste en algún momento?
M: No, caí en algún momento. Tuve caídas. De menor, mi viejo me sacaba, pero mi vieja no, en ese tiempo era el Consejo del Niño. Si tus dos viejos firmaban, te ibas. Y mi vieja no me firmaba para sacarme.
G: Pero ahí no era por un tema de drogas, digamos…
M: No, no, ahí era porque era delincuente, me dio para robar de chico, no te voy a mentir. Salía y robaba.
G: ¿Te criaste acá en Montevideo?
M: Sí.
G: ¿En qué barrio?
M: En el Borro. [...] Había los pibitos que andaban robando, 14, 15 años. Ya con nueve años fue cuando me saqué un cuarto de los Boy Scouts, que me llevé todas las mochilas para mi casa, pero ta, por el entorno que tenía, ¿entendés?, iba a jugar al fútbol con pibes que ya andaban ¿entendés?, que me decían "Colonia Berro", pahh para mí era "La Colonia", "tengo que ir a la Colonia", decía yo, ¿entendés?¹⁵

El uso problemático de cocaínas fumables llega como un golpe de gracia a la ya vulnerada situación de algunos de estos sujetos, quienes se encontraban inmersos en estrategias de provisión ilegales y en ambientes con redes de circulación de drogas ilícitas. Esto equivale a afirmar que el delito ya estaba presente en la cotidianeidad de algunos de estos sujetos antes del consumo de la sustancia.

Las representaciones dominantes, según las cuales los pastabaseros son una especie de 'amenaza pública', son puestas en juego por nuestros interlocutores; pero más allá de la escenificación, aparece la reflxión sobre sus circunstancias:

[Patricio, 35 años]
P: [...] Hay pibes que con 18 años tienen... están locos, se arruinan la vida, tienen para hacer 20, 30 años por, por una garrafa; porque agarraron y le llevaron la cartera a un viejo, el viejo cayó mal y se mató, cosas así que yo también... En ese sentido, yo veo, mirá que me he mandado mis cagadas, pero digo, de agarrar armas, nunca agarré un arma para robar. Nunca rapiñé una persona, ¿qué más? Cosas hago, no es cosas normales tampoco, pero sí he robado para drogarme, he robado, pero busco la manera de no lastimar a nadie, no lastimar a nadie. Digo, vos cuando le das [robar] a una persona a la persona la estás arruinando, porque le estás llevando lo... pero no, te digo, no lastimar a nadie en el sentido de que, porque yo quiera fumar, no voy a dar una puñalada a una persona; yo robo si la persona no me ve, digo... lo hurto casa o negocio, yo que sé, de esa manera, pero después, digo, de lastimar, lastimar por droga, nunca he llegado a eso tampoco. Después bueno, he hecho de todo. He hecho de todo, he estado bien y he estado mal.

[Néstor, 35 años]
G: Pah ¿y todas esas cicatrices qué son?
N: Mis enemigos.
G: ¿Qué son, cuchilladas, qué son?
N: Estos son tiro, tiro, tiro.
G: ¿Cuántos tiros tenés?
N: Siete.
G: ¿En la misma vez o diferente?
N: No, siempre diferente.
G: ¿Todas diferentes veces?
N: Este es más grande.
G: ¿Y estos de acá, de la panza?
N: No, esto me lo hice yo.
G: Te lo hiciste vos, ¿cómo?
N: Porque me querían encerrar. Me querían [trasladar a un lugar de castigo], y ta. Yo quería irme para el penal y me querían meter en un módulo al Sur y yo no quería estar ahí. No quería estar en ese módulo.
G: ¿Cuándo fue la última de estas cicatrices?
N: Hace dos años, un año y medio. No, este tiro fue hace dos meses.
G: ¿Cuánto?
N: Dos meses.
G: Dos meses, ¡pah! ¿Cómo fue eso?
N: Esto, por sacarle la garrafa a un rastrillo, que le había robado a mi tía. Lo agarré, lo maté a palo, le llevaba la garrafa de 13 kg. A mi tía, lo fui a buscar al cante, le saqué la garrafa, vino y me dio un tiro.
G: ¿Qué es, un 22?
N: Un 22. Entró acá y salió acá.
G: Son cicatrices de guerra…
N: Hay más. En la cabeza tengo más tajos que [...]¹⁶

Se hace evidente el grado de asimilación de las condiciones de precariedad en las que se han desarrollado sus trayectorias y por las que han sido castigados. Estos sujetos son representados como delincuentes, "con el signo negativo y unívoco", y recluidos a un "escamoteo burocrático de la pena" por la cual el castigo tiende a convertirse "en la parte más oculta del proceso penal" (Foucault, 2002, p. 17). Por lo tanto, ha sido común que sus derechos queden obliterados por el estigma y que los mecanismos del castigo legal adquieran "un asidero justificable no ya simplemente sobre las infracciones, sino sobre los individuos; no ya sobre lo que han hecho, sino sobre lo que son, serán y pueden ser" (Foucault, 2002, p. 26). Néstor acaba la conversación muy emocionado con una apelación pública, gráfico "grito del sujeto" (Acosta, 2005, p. 59):

Quiero aprovechar esta entrevista para que el que la escuche, si puede ofrecerme una fuente laboral para mí. Porque a veces con muchos antecedentes [...] Mirá que yo he buscado trabajo, ¿viste? Pero ya te preguntan si tenés antecedentes y hay muchos lados que te discriminan. Quien te diga que no, te está mintiendo. Si yo tuviera un trabajo seguro para mi familia, yo ni me drogaría, ¿entendés? Capaz que no te digo, me fumaría un porrito por ahí, ¿viste? Pero a mí ya me asqueó la pasta base. Fijate que hace 13 años que yo fumo pasta base. No, no. Y he fumado [...] Recién ahora en estos dos últimos años sé lo que es fumar de a chasqui que se llama [fuma con la sustancia comprada al menudeo], antes fumaba en otra cosa. Fumaba en piedra entera [...] Me manejaba de otra manera, como tenía más dinero en el bolsillo. Fumaba mucho más que ahora. Pero me mataba menos porque, como yo te digo [...] No me salen más las palabras, amigo [...].

 

Discusión

En estos relatos se ilustran continuos de violencia concretos que atraviesan las trayectorias de los usuarios de cocaínas fumables, tanto dentro de lugares de reclusión como en la calle, y que los acompañan aún incluso en sus intentos de desvincular sus vidas del uso de pasta base, y de las redes del mercado ilegal.

En relación a la continuidad de la violencia, la violencia institucional es el factor que sirve a su consolidación, en los cuerpos y en las identidades de los sujetos, marcándolos, muchas veces, desde su infancia. La violencia institucional puede adoptar formas simbólicas o físicas y es reproducida por los agentes e instituciones estatales, y se diferencia de la violencia estructural (Galtung, 1975, en Bourgois, 2005, p. 13). En otro lugar (Fraiman & Rossal, 2011), se ha visto cómo la violencia institucional se realiza en espacios concretos del Estado: comisarías policiales, oficinas del Poder Judicial y espacios de diagnóstico del "Instituto de la Niñez y la Adolescencia" (INAU).

La violencia institucional es el ingrediente necesario a la continuidad de la violencia, sustituyendo, en su relativa opacidad, a la explícita violencia política que se aprecia en otras sociedades, como las que estudió Bourgois (2009) en Centro América. Así, podría postularse que, en situaciones de normalidad político jurídica, la violencia estatal sería, principalmente, institucional, mientras que en países en situación de conflcto abierto o gobiernos de facto, la violencia del Estado, o incluso la de los grupos de poder que se le oponen, sería política y enfocaría en determinados sujetos.

Desde una perspectiva diferente a la de Bourgois y Scheper-Hughes (2004), Moser y McIlwaine (2006) definen violencia institucional como:

[…] ejercicio de actos violentos para obtener o mantener el poder de grupos o instituciones, […] generada por instituciones del Estado, tanto aquellas dedicadas al control como la policía, como aquellas dedicadas a prestar servicios civiles urbanos, como educación y salud. (Ruiz Flores, 2012, p. 253-255).

Si bien conflimos con la definición ya que la violencia institucional es generada por instituciones del Estado, no adherimos a que ésta se desarrolle necesariamente con la finalidad de mantener un poder, sino como el efecto de prácticas instituidas que exceden generalmente las motivaciones de sus agentes, a diferencia de la violencia política que suele estar más ajustada a fines concretos de los sujetos e instituciones que la ejercen: destruir a un grupo opositor, derrocar a una clase gobernante, infundir el miedo entre un determinado grupo social. De todos modos, para el caso uruguayo, se aprecia, con el ejemplo de la categoría estigmatizante de pichi, la continuidad entre la violencia política del Estado en tiempos de la Dictadura y la institucional de los períodos regidos por el Estado de derecho.

Del mismo modo en que se reproducen las violencias sobre los sujetos, las formas de resistencia que estos desarrollan no siempre se orientan contra aquello que los oprime y el castigo se va tornando más privado, más sutil y en apariencia más distante de la sociedad que lo produce¹⁷.

Así, el castigo continúa más allá de las instituciones de reclusión, y las violencias "ocultas" del sistema penal se convierten en marcas condenatorias incluso luego de cumplida la pena, reconociéndose de esta forma un "cerco político del cuerpo" (Foucault, 2002), que dificulta fuertemente la inserción del sujeto en otras redes sociales distintas a las del mercado ilegal (Silva de Sousa, 2004; Karandinos et al., 2014).

Para contribuir a una modificación sustantiva en las trayectorias de usuarios problemáticos de cocaínas fumables, no debería ni negarse la realidad de sus vínculos con el mercado ilegal, y por lo tanto la posibilidad de cometer delitos; así como tampoco contribuir con la reproducción de un estigma que sólo aumenta riesgos y oblitera posibilidades de cambio (Oliveira et al., 2012). Deberían, en cambio, considerarse desde cerca sus voces y derechos, anhelos de 'vida buena' y el deseo de familia y trabajo que todos — más allá de las dificultades concretas, de las violencias vividas — nos plantearon sin ambages en el transcurso de la investigación.

Finalmente, debe señalarse que si bien existen espacios en los cuales el personal sanitario y de las políticas sociales al servicio del Estado se aproxima a los usuarios de pasta base desde una perspectiva de reducción de daños y un "enfoque de derechos":

1. esto suele ocurrir mediante dispositivos de atención productos de formas de gubernamentalidad "liberales avanzadas" (Rose, 2007, p. 116), que operan con trabajadores precarios para la atención de los sujetos más precarios; y
2. muchas veces en estos dispositivos también se cae en la desacreditación de los usuarios, actualizándose las disposiciones tutelares de técnicos y funcionarios, reproduciéndose impensadamente violencias institucionales, estigmas y tutelazgos.

 

Agradecimientos

Se agradece a todas las personas con las que hemos tenido oportunidad de intercambiar en distintas instancias de investigación, especialmente a aquellos que nos brindaron su confianza y relataron sus experiencias con el consumo de cocaínas fumables. Sus nombres han sido modificados para proteger su identidad. Para realizar el estudio se contó con el apoyo de la Junta Nacional de Drogas mediante fondos de la Organización de Estados Americanos – Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (OEA – CICAD).

 

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Dirección para correspondencia
Marcelo Rossal
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Universidad de la República
Magallanes, 1577
Montevideo, Uruguay
E-mail: mrossal@fhuce.edu.uy

Recibido el 30/07/2015
Revisado el 15/10/2015
Aceptado el 14/11/2015

 

 

^* Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Montevideo), Uruguay.
^** Departamento de Antropología Social y Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Sistema Nacional de Investigadores (Montevideo), Uruguay.
¹ Referimos a la omnipresencia discursiva del "enfoque de derechos" entre los distintos actores de las políticas públicas uruguayas. El enfoque de derechos vendría a superar al asistencialismo, pero adherir a un enfoque o enarbolar un discurso no implica superar las prácticas asistencialistas y tutelares. Abramovich (2006, p. 36) da buena cuenta de este enfoque: "En líneas generales, el enfoque basado en derechos considera que el primer paso para otorgar poder a los sectores excluidos es reconocer que ellos son titulares de derechos que obligan al Estado".
² Evidentemente, estos enunciados son subsidiarios del paradigma abstencionista que fue dominante en Uruguay hasta 2004, momento en que se estableció como política oficial la reducción de riesgos y daños (Sanjurjo García, 2013).
³ En 1971, un grupo de estudiantes preguntó a un policía por un compañero de ellos que había sido herido, a lo cual el policía les contestó: "el pichi ese, murió". El policía se refería a Heber Nieto, uno de los estudiantes que fueron asesinados en el contexto de la represión política del período previo a la dictadura cívico militar de Uruguay. Antes de esos momentos, pichi solo refería a indigentes, quienes eran los castigados habituales por parte de los agentes estatales. Disponible en: http://www.lr21.com.uy/politica/357246-el-pichi-ese-murio
⁴ Tomamos la definición para este concepto dada por Wiebel: "The term 'hidden population' refers here to a subset of the general population whose membership is not readily distinguished or enumerated based on existing knowledge and/or sampling capabilities" (Wiebel, 1990, p. 6).
⁵ Achique o achiques pueden tener distintos significados. Achique(s) se considera a algún lugar provisorio para quedarse o pernoctar, para achicar. Asimismo achicar se refiere a bajar, disminuir el consumo. Se achica un consumo cuando se reducen las cantidades; se busca salir de la calle, del ruido, achicando en algún lado.
⁶ Emparrillado o estar de parrilla significa pasar consumiendo grandes cantidades de cocaína o, como en este caso, pasta base, sin dormir por más de un día.
⁷ Amarrocar es la inmovilización mediante el uso de esposas.
⁸ Recientemente, Manfred Nowak y Jorg Stippel criticaron duramente el sistema penal uruguayo, calificándolo de dictatorial, pues supondría la culpabilidad de sus procesados. Como vimos, los sujetos más vulnerables que caen en el sistema penal pasan rápidamente de una parrilla a la cárcel, sin que el sistema opere en pos de su protección (El País, 22 de marzo de 2013).
⁹ Transa refiere a traficante, chorro a ladrón.
¹⁰ Sacás es un modismo que significa ¿comprendes? Paqueteros refiere a personas que tienen familias que les envían distintas cosas para hacer la vida en la cárcel menos penosa, los paquetes son los envíos. Bardos significa problemas y cana, a la vez, policía, cárcel y tiempo en la cárcel.
¹¹ Botón, botones significa policía. Bigote pa' atrás o bigote pa' arriba significa estar cómodo y maricón, en la jerga carcelaria, muchas veces refiere a transexual. Este interlocutor proviene de una familia de transas.
¹² Comcar y libertad refieren a dos cárceles. El Penal de Libertad fue un centro de reclusión de presos políticos durante la dictadura cívico militar. El Comcar es el complejo carcelario de Santiago Vázquez, están recluidos allí más de 2.000 presos de un total de más de 9.000 personas privadas de libertad para todo el país.
¹³ INAME es el antiguo Instituto Nacional del Menor, antes de 1985 se llamó Consejo del Niño y, luego del nuevo código de la infancia y la adolescencia, cambió su nombre por INAU, Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. Debe señalarse aquí que la primera droga de uso del sujeto es el alcohol, pero sin embargo señala a la marihuana como la droga con la que empezó, porro es cigarrillo de marihuana. Esto se debería al extendido discurso de la "teoría de la escalada", según el cual, la persona que "ingresa" al consumo de drogas, como la marihuana, teleológicamente acaba consumiendo las drogas más duras. Obviamente ese discurso puede tener variados efectos de realidad, pero es racionalmente inviable: muy poquitos de los usuarios de alcohol, la primera droga de uso en la sociedad uruguaya, acaban fumando cocaínas, la droga considerada la más dura. Asimismo, la identificación de la marihuana como primera droga de uso es también producto del discurso prohibicionista y estigmatizante de las drogas ilegales, por lo tanto el alcohol queda afuera del peligroso "mundo de las drogas" (Velho, 1994).
¹⁴ Manguear significa mendigar. Hasta las manijas o hasta la manija significa estar enterrado sin posibilidad de salida. Mandando cualquiera implica haciendo cualquier disparate.
¹⁵ Este interlocutor nombra a la Colonia Berro, centro de detención de adolescentes en conflcto con la ley penal. Las personas que nombra fueron adolescentes infractores muy conocidos mediáticamente en su momento, los años 1980. Pibitos significa niños o adolescentes. Su barrio de origen es el más pobre de Montevideo.
¹⁶ Cante es una abreviación de cantegril, forma irónica y de larga data en Uruguay, utilizada para referirse a los asentamientos urbanos irregulares (por el Cantegril Country Club de Punta del Este).
¹⁷ Esas formas de resistencia merecerían mejor análisis. Podría entenderse como prácticas de resistencia realizar motines contra la autoridad carcelaria (Foucault, 2002), pero, en cualquier caso, estas prácticas se relacionarán inevitablemente con formas de violencia estatal que tienen una trabazón interna tal que son difíciles de examinar desde lejos: un motín podrá ser usado para cobrarse deudas internas a la situación carcelaria (Míguez, 2008) o a veces las causas de la resistencia pueden resultar inconfesables, tanto para reclusos como para los carceleros.