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Psicoperspectivas (Valparaíso. En línea)
versão On-line ISSN 0718-6924
Psicoperspectivas (Valpso., En línea) v.8 n.2 Viña del Mar 2009
ARTÍCULOS
Representaciones de la ciudadanía en los discursos del "saber experto": la individualización de la desigualdad
Representations of citizenship in the discourse of "expert knowledge": the individualization of inequality
Juan Sandoval Moya
Universidad de Valparaíso Chile
Dirección para correspondencia
RESUMEN
El presente artículo constituye un reporte parcial de un trabajo de investigación sobre el papel que juega el "saber experto" en la construcción social de la ciudadanía. El problema de estudio se formula a partir del análisis de los think tank como tecnologías de gobierno de la sociedad del conocimiento. El enfoque metodológico es el estudio de caso y el análisis de discurso, estudiando los tres think tank de mayor influencia en Chile (Centro de Estudios Publico, Instituto Libertad y Desarrollo y Fundación Chile 21). Los resultados presentan un repertorio discursivo sobre la individualización de la desigualdad, identificando categorías temáticas y relaciones discursivas en los contenidos del repertorio.
Palabras clave: ciudadanía; desigualdad; discurso; saber experto.
ABSTRACT
This article constitutes a partial report of a research on the role of the expert knowledge in the social construction of citizenship. The problem of this present study is formulated from the analysis of the think tank as "technologies of government" of the knowledge society. The methodological approach is case study and discourse analysis, through the study of the three more influential think tanks in Chile (Centro de Estudios Público, Instituto Libertad y Desarrollo y Fundación Chile 21). The results of the analysis appear as a discursive repertoire on the individualization of inequality, identifying thematic categories and discursive relationships in the contents of repertoire.
Keywords: citizenship; discourse; expert knowledge; inequality.
Introducción
La "racionalidad neoliberal" que se vuelve hegemónica a partir del advenimiento del llamado capitalismo flexible, se caracteriza por producir nuevas tecnologías de gobierno acordes con las demandas de la sociedad del conocimiento. Este orden hegemónico se materializa en discursos específicos que actúan como nuevos dispositivos de gobierno en base a la legitimidad que adquieren como saberes expertos en el marco de una sociedad donde el manejo de la información técnica pasa a remplazar a la argumentación política.
Chile constituye un ejemplo paradigmático de estos procesos de transformación en el contexto de América Latina. En efecto, a partir de la dictadura Militar se inicia en Chile un proceso de transformación radical del modelo de desarrollo político y económico, implantando de manera ortodoxa las tesis del capitalismo flexible y limitando drásticamente las libertades políticas de los ciudadanos. Sin embargo, no fue sino hasta la recuperación democrática cuando se produjo la estabilización y legitimación de las transformaciones neoliberales, a partir de la implantación paulatina de los rasgos de una sociedad de consumo y las transformaciones necesarias para la integración del país a la nueva sociedad del conocimiento.
En las últimas décadas, se ha instaurado con fuerza la racionalidad neoliberal y sus tecnologías de gobierno se han transformado progresivamente en dispositivos de poder cada vez más acordes con una sociedad donde la información y el conocimiento constituyen el clivaje definitorio del poder político. Así es como los viejos actores de la construcción de lo político -universidades tradicionales, movimientos sindicales y los propios partidos políticos- relativizan su lugar como dispositivos exclusivos de manejo del poder y emergen cada vez con mas fuerza una nueva generación de actores representados por fundaciones, centros de estudios y consultoras que asumen la labor de producir el saber experto que demanda esta nueva sociedad.
El presente artículo, representa un reporte parcial de un trabajo de investigación en el cual nos proponemos analizar los discursos de algunos agentes de esta nueva red de instituciones, con el objetivo de describir las interpretaciones que allí se construyen con respecto a la ciudadanía. Específicamente, el texto se centra en el análisis de discurso de tres Centros de Estudios de gran relevancia nacional, profundizando en uno de los repertorios discursivos identificado en este proceso y que denominamos "repertorio de la individualización de la desigualdad".
Problematización conceptual
Las características del Chile actual demuestran que las transformaciones neoliberales iniciadas en dictadura y aceptadas y profundizadas en democracia, no respondieron sólo a procesos que afectaron la estructura económica del país, sino que también actuaron sobre los procesos de producción y gobierno de la propia subjetividad. Esto, porque en Chile los procesos neoliberalizadores se extienden a diversos ámbitos de la vida social, abarcando la seguridad social, la educación, la salud, los servicios públicos, los medios de comunicación e incluso al sistema universitario. De este modo, estos cambios en Chile nos hablan de la instauración de una nueva "racionalidad política", es decir, de la imposición de un nuevo campo discursivo capaz de ordenar e integrar los cambios de la estructura social neocapitalista, con las demandas que estos cambios le presentan a la subjetividad (Rose y Miller, 1992).
En esta nueva racionalidad neoliberal, se generan dos caras en el Chile actual. Por un lado, la productividad formalista del progreso; por otro, el disciplinamiento de la desvinculación comunitaria y la despolitización de la subjetividad. La colonización de la nueva racionalidad política se expresa en múltiples y variados procesos, desde aquellos que explican la integración de Chile a un tratado de libre comercio con China o Japón, hasta las propuestas para incentivar la superación de la pobreza o la disminución del desempleo. El factor que explica que la racionalidad neoliberal se imponga con tanta fuerza en los ámbitos de la economía y la subjetividad es que ha tenido la capacidad de producir sus propias "tecnologías de gobierno".
En efecto, la nueva racionalidad política conlleva una transformación en las formas de ejercer el poder a partir de la producción de una nueva generación de tecnologías de gobierno. No es que el poder deje de actuar, más bien actúa de manera distinta. Estas nuevas tecnologías se proponen desarrollar reglas de producción de las representaciones sociales más acordes con las necesidades de una estructura social cada vez más flexible e inestable, transformándose en las encargadas de generar los dispositivos de saber-poder con los cuales se ejerce el gobierno de la economía y la subjetividad (Frade, 2007). Uno de los mejores ejemplos de estas nuevas tecnologías de "gobierno" las encontramos en la acción institucional del llamado "saber experto".
Efectivamente, en las sociedades del conocimiento, entre los gobiernos, el espacio mediático y la sociedad civil, emerge una particular fuente de producción de discursos basado en la cientificidad del saber experto. Las sociedades actuales requieren gobernarse a partir del conocimiento reflexivo que pueden tener de sí mismas, de ahí que esfuerzos por medir las características de la vida social devengan rápidamente en toma de medidas sobre las propias formas de vida de la sociedad. Hablamos claramente de una nueva tecnología de "gobierno", en la cual se impone la fuerza incontrarrestable del conocimiento experto por sobre el debate ciudadano como fundamento del nuevo contrato social. Tecnologías como las encuestas de opinión, los diagnósticos psicosociales y las prospectivas esconómicas, constituyen dispositivos de saber-poder en los cuales se definen las medidas de la sociedad, en su doble acepción: definen cuánto mide la sociedad, al mismo tiempo que estipulan las medidas que se deben tomar para intervenir en ella.
Estas nuevas formas de saber experto toman diversos formatos en la sociedad actual, adquiriendo, por ejemplo, un rol supranacional en el caso de los discursos europeos sobre la sociedad del conocimiento (Serrano y Crespo, 2002) o los discursos del Banco Mundial sobre desarrollo y superación de la pobreza en los países atrasados (Domínguez, 2004); o en los discursos sobre las políticas sociales en América latina (Solimano, 2005). Pero también adquieren un rol nacional con una clara especificidad en cada país, articulándose con los grandes temas globales, pero concretizándolos en el marco de las lógicas locales de poder e influencia. En este segundo caso, nos referimos a la red de conocimientos expertos que nutren a los Estados nacionales con conocimientos estratégicos y tácticos sobre aquellos que deben ser gobernados, con el objetivo de mejorar su accionar como gobierno.
En el presente trabajo, nos centramos en este segundo nivel, toda vez que asumimos que a través del análisis del accionar de las instituciones productoras de conocimiento experto, se pueden identificar algunos de los discursos que compiten en la actual sociedad chilena por dar significado a la ciudadanía. En concreto, optamos por aproximarnos a los campos discursivos de esta red de saberes expertos a través del análisis de una parte de la producción documental de los Centros de Estudios de más alto reconocimiento e influencia en la realidad nacional Chilena, analizando específicamente, una muestra de sus documentos formales producidos en torno a las temáticas vinculadas al problema de la ciudadanía.
Cuando hablamos de Centros de Estudios (Think tank), nos referimos a instituciones investigadoras o de análisis estratégico, constituidas por equipos multidiciplinarios que ofrecen a los gobiernos y empresas privadas consejos e ideas sobre asuntos de política nacional e internacional, comercio y seguridad interna y externa. Aunque se definen como instituciones independientes de los gobiernos de turno, a menudo están relacionados con empresas privadas, instituciones académicas, grupos ideológicos o de otro tipo. Es decir, constituyen organizaciones de producción de conocimiento experto que representan un "ethos" cultural y político determinado y que están en una "competencia" permanente por satisfacer las necesidades de "gobierno" en las sociedades actuales.
Nos interesan las nuevas "tecnologías de gobierno" que se articulan en los discursos de estos Centros de Estudios, porque en la última década estas instituciones se han transformado en un nuevo actor político, toda vez que fundamentándose en la legitimidad que adquiere el manejo de la información en el nuevo orden neocapitalista, adquieren altísimos niveles de autoridad para racionalizar y fundamentar la toma de decisiones de las elites gobernantes. Podemos decir que los Centros de estudios se constituyen en un verdadero eslabón que "modula" la relación entre el proceso de la toma de decisiones y la legitimidad ciudadana, remplazando progresivamente a las Universidades tradicionales en esta tarea, las que en algunos casos, para mantener su vigencia, deben asumir una labor competitiva en la producción de conocimiento, transformándose en la práctica en dispositivos de mercantilización del saber similares a los think tank (Lopes y Rocha, 2004).
Desde esta perspectiva, los Centro de Estudio hacen parte de una nueva racionalidad política en la cual se transforman algunas de las estrategias de "gobierno" propiamente liberales -centradas en disciplinas como la demografía, economía y estadística- a partir de la irrupción de la racionalidad neoliberal. En los llamados think tank, estamos frente a la emergencia de nuevos saberes expertos, significativamente mas aplicados y eficientes en las nuevas reglas del neocapitalismo flexible -como por ejemplo, la informática, el análisis de redes, el marketing y el coaching-, capaces de redefinir el objetivo mismo del "gobierno", el cual pasa a centrarse en el control de las trayectorias, el monitoreo de los movimientos, la regulación de los contactos, la producción de la participación, etc.
De este modo, el aumento de la influencia de esta nueva generación de centros de estudios, no debe hacernos pensar que se ha producido una pérdida de poder por parte del Estado y los actores políticos tradiciones en la sociedad del conocimiento, más bien, lo que nos indica es que la forma de ejercicio de dicho poder está cambiando. En efecto, las elites tradicionales de las Universidades y los Partidos Políticos se reubican en estas nuevas instituciones y fundamentan desde esta nueva posición sus posibilidades de influencia y ejercicio del poder sobre y desde el Estado. Como concluye un estudio sobre las relaciones de poder entre estas instituciones y los Estados nacionales (Sending y Neumann, 2006), no resulta posible sostener que los centros de estudios representan una institucionalidad independiente del poder político del Estado, por el contrario, la mayoría de la veces estas instituciones encarnan dicho poder con eficiencia en el marco de las necesidades de "gobierno" de las sociedades avanzadas.
De este modo, en el presente trabajo nos interesan los think tank en tanto instituciones que expresan a los grupos de poder que "compiten" por responder las nuevas necesidades de gobierno que emergen en la sociedad Chilena actual. Específicamente, entendemos que el quehacer discursivo de estos Centros de Estudios, a través de la difusión de su saber experto, hacen parte de un programa de "gobierno" destinado a regular las representaciones asociadas a la construcción social de la ciudadanía. Por ello, lo que nos interesa, no es tanto el saber tecnocrático de estos Centros de Estudio como conocimiento administrativo, sino el saber experto como manifestación de una racionalidad política y como superficie discursiva en la cual analizar las representaciones hegemónicas de la ciudadanía.
El caso de investigación
Como caso de investigación, hemos considerado la producción de tres centros de estudios de gran influencia política en Chile. Estos centros de producción de pensamiento representan tres de los principales nichos intelectuales desde los cuales se construye saber gubernamental, y con su elección se persiguió saturar las tres matrices discursivas que compiten en la administración de la institucionalidad actual de Chile: el pensamiento neoliberal a través del instituto Libertad y Desarrollo (LyD), el discurso liberal a través del Centro de Estudios Publico (CEP) y el pensamiento liberal-socialdemócrata a través de la Fundación Chile 21 (Chile 21).
Los tres Centros de Estudios seleccionados son organizaciones que producen sistemáticamente diversos dispositivos de saber-poder, tales como diagnósticos, encuestas de opinión pública, proyecciones económicas y múltiples documentos de trabajo con análisis críticos sobre políticas laborales, innovación, seguridad ciudadana, partidas presupuestarias o inversión pública. Específicamente, el análisis se realizó a partir de una lectura crítica de un conjunto de artículos divulgados en alguna de sus publicaciones regulares (documentos de trabajo, revistas y boletines) durante un período que se extiende entre el año 2003 y el año 2005, privilegiando especialmente este último año.
Para la identificación del material de análisis se implementaron dos procedimientos sucesivos, en primer término, se construyeron categorías temáticas a partir de un muestreo intencionado por relevancia política (Stake, 2005); y en segundo termino, se seleccionaron textos específicos para cada categoría temática a través de un Muestreo intencionado de variación máxima (Stake, 2005).
El plan de análisis se formuló en base a la combinación de herramientas y estrategias del análisis crítico del discurso provenientes tanto de sus versiones conversacionales (Wetherell y Potter, 1996), como de sus desarrollos orientados textualmente (Fairclough, 1992). Específicamente, nuestra propuesta de plan de análisis se propuso abordar analíticamente el "contexto convencional" o plano del enunciado contenido en los textos, es decir, se plantea el objetivo de analizar la red de relaciones que se construyen entre las propuestas de los distintos Centros de estudios en tanto representantes de una determinada tradición discursiva.
El repertorio de la individualización de la desigualdad
El problema de la desigualdad es el principal repertorio a partir del cual se aborda el problema de la ciudadanía. Se articula en los planteamientos expertos sobre el desempleo y la distribución del ingreso, la dupla temática que satura la mayoría de los discursos sociales sobre la ciudadanía social. Se constituye en un verdadero campo de "competencia discursiva" entre las posiciones neoliberales y liberal-socialdemócratas, las cuales se proponen construir de manera diferente el problema de la igualdad-desigualdad, pero apelando ambas posiciones a un principio altamente individualizador.
Los discursos de LyD asumen con absoluta claridad y sin complejo el énfasis neoliberal de más libertad como solución a todo problema social: "La desigualdad se combate con más libertad" (Büchi, 2005, p.14).
Aquí libertad significa desregulación, privatización, flexibilidad. Representa en último término, la radicalización de la pauta de convivencia que fundamenta los procesos de individualización de la sociedad chilena. La pregunta que surge, entonces, es por los espacios sociales donde se debería radicalizar aún más la libertad: ¿cuáles son los ámbitos de la sociedad que requieren aún más desregulación para permitir la igualdad? ¿Cuáles son los temas donde se produce la competencia por significar la libertad como fundamento de la superación de la desigualdad?
La individualización del desempleo y la precarización del empleo
El debate sobre la desigualdad se desarrolla en primer término en la arena temática del desempleo y la precariedad laboral. En este ámbito se expresan discursos diferentes sobre el empleo y los derechos laborales que se tensionan en torno al debate por los grados de regulación y protección que debería tener el empleo. Así, podemos identificar una serie de relaciones de controversia (pero también de convergencia) al interior del repertorio discursivo que se transforman en verdaderos pilares de las representaciones de la ciudadanía.
Todos los textos reconocen la profunda desigualdad existente en la sociedad chilena, pero difieren en sus interpretaciones y propuesta de solución. Aquí se abre el primer ámbito de variabilidad relevante entre las posiciones neo-liberales y liberal-socialdemócratas, cuando confrontan sus visiones sobre el mercado del trabajo y el papel de la intervención del Estado a través de protecciones, seguros y subsidios. Al respecto los economistas del CEP sostienen que:
El mercado laboral en Chile se caracteriza por una tasa de desempleo relativamente alta y una baja participación del segmento de mujeres y jóvenes con relación al contexto internacional, tanto en economías desarrolladas como en países en transición. Entre las instituciones legales que podrían afectar a dichas variables se encuentran los altos costos de indemnizaciones y gastos judiciales que genera la terminación de contratos, lo que desincentiva tanto la contratación como la destrucción de puestos de baja productividad, reduciendo el potencial de crecimiento económico (Albagli, 2005, p. 160).
Por su parte, la posición de Chile 21 se propone enfatizar el rol del Estado como una suerte de garante del empleo de calidad:
Tal como se ha demostrado en estos años, el sólo crecimiento no asegura una generación de empleos suficientes para absorber una fuerza de trabajo en expansión y se requiere de políticas públicas pro activas a favor de la generación de nuevos empleos de calidad (Chile 21, 2005, p. 5).
En este repertorio discursivo emerge un ámbito de "contrariedad" sobre los grados de protección que debería tener o no el mercado del trabajo, apelando ambos discursos a estructuras retóricas en las cuales los argumentos empiristas aparecen como principios de autoridad, pero agregando los discursos liberales una retórica voluntarista del sistema económico, al apelar a nociones como "desincentivo" para analizar los efectos nocivos de la protección laboral sobre el mercado. Como es obvio, las posiciones liberales y neoliberales proponen explícitamente la desregulación del mercado laboral en pro de un mayor crecimiento económico; en cambio, las posturas liberal-socialdemócratas proponen la intervención de las políticas sociales como reguladoras del mercado del trabajo, pero sin explicitar cómo debería implementarse dicho proceso de regulación. En este sentido, podríamos considerar las propuestas sociales de Chile 21 como aún "blandas", ya que sus contenidos se mantienen bastante comprometidos con la tesis hegemónica de la individualización del empleo.
En efecto, a pesar de las diferencias históricas de los discursos laborales de ambas perspectivas, en todos los planteamientos la "protección del empleo" se construye como un artefacto social que no debe afectar la eficiencia del mercado, a partir de una representación común del trabajo alejada de las nociones tradicionales de seguridad y protección social. En el caso de los discursos de base más neoliberal del CEP y LyD el fundamento para esta estrategia discursiva está en la búsqueda de un mercado más eficiente y satisfactorio, al tiempo que en las visiones más sociales de Chile 21 está en una búsqueda aparente de mejoras para la calidad de vida de los trabajadores:
La flexibilidad en horarios, contratos y sistema de remuneraciones también apunta hacia un mercado laboral más acorde con las necesidades de empresas y trabajadores, con prometedores efectos en participación laboral, empleo y productividad (Albagli, 2005, p. 160).
Una efectiva flexibilización en estos términos puede permitir mejorar la calidad de vida de la población, sentando las bases para ajustar horarios y jornadas a las necesidades de las empresas y de los trabajadores (Chile 21, 2005, p. 8).
A partir de las perspectivas ilustradas, se constata una suerte de consenso básico de todos los discursos en torno a una representación del trabajo altamente liberalizada, legitimándose a través de dispositivos retóricos diferentes, la necesidad imperativa de flexibilizar el mercado del trabajo para hacer compatibles los intereses de empleadores y trabajadores en una suerte de amplio consenso social. De este modo, emerge una operación discursiva por medio de la cual la flexibilización del mercado del trabajo se articula con una suerte de consenso inclusivo en torno a los actores laborales. En dicha operación, se disuelve el carácter potencialmente conflictivo de las relaciones laborales en un espacio social de integración universal, quedando el desempleo como la situación de máxima desintegración que subvierte el consenso.
En este consenso inclusivo, el desempleo, como condición de exterioridad del campo de la integración laboral, tendría su origen en dos dimensiones fundamentales: por un lado, en un mercado laboral excesivamente rígido, y por otro, en unos actores laborales poco capacitados. En relación al "mercado laboral", los discursos liberales y neoliberales, apelando a su condición de ser fuentes de un conocimiento experto, desarrollan una estrategia de verosimilitud que opera desconfirmando las visiones políticas que promueven formas de protección y seguridad social universales, sosteniendo que éstas impiden alcanzar el consenso inclusivo de un mercado laboral flexible, que a su vez se presenta como condición indispensable para disminuir el desempleo:
Prueba de ello es que la alta proporción de afiliados con contratos de menos de un año de duración, revelado por el seguro de cesantía, se interpreta como un antecedente contundente de que en Chile no se necesita y que incluso sería contraproducente flexibilizar el mercado del trabajo. Sin embargo, este análisis olvida que los empleadores reaccionan a las situaciones de alta rigidez laboral. Por ejemplo, estableciendo contratos por períodos breves. Por tanto, esa evidencia reafirma lo que diversos estudios confirman: que el mercado laboral chileno es innecesariamente inflexible. No es raro, entonces, que se cree poco empleo y tal vez lo que vivimos el año pasado fue un ajuste, por una sola vez, a un mejor escenario económico (Beyer, 2004, p. 1).
Es interesante constatar como en el argumento anterior se apela a una retórica de la autoridad para fundamentar el discurso, estableciendo relaciones entre hechos que parecieran existir en el mundo con independencia de quien realiza la proposición. A nivel de contenido, el extracto ejemplifica paradigmáticamente la tesis de que existiría una tensión irreconciliable entre la tendencia a proteger la calidad del empleo y la posibilidad técnica de disminuir el desempleo. Pero frente a este argumento altamente economicista, también emergen variaciones que apelan a una retórica psicosocial para mostrar las consecuencias problemáticas de medidas de protección como el sueldo mínimo y el seguro de cesantía:
La calidad del trabajo sin duda es un valor social a proteger. Sin embargo, la falta de empleo genera una dependencia social y atenta en contra de la autoestima de las familias, lo que daña a la sociedad (LyD, 2005b, p. 3).
Por supuesto que toda persona aspira a un trabajo sólido y estable, pero tener uno limitado o aun "precario", es siempre mejor que ninguno (LyD, 2003, p. 4).
Parece construirse una estrategia discursiva en torno a la idea del "mal menor", donde medidas sociales que intervengan el mercado laboral para asegurar mejores niveles salariales para los trabajadores, contribuirían paradójicamente a profundizar la pobreza y la desigualdad al aumentar el desempleo. Es interesante como el discurso neoliberal apela retóricamente al criterio de los "efectos psicosociales" del desempleo como principio de justificación de su propia legitimidad (autoestima) y como establece un límite de exterioridad donde cualquier condición laboral siempre es mejor que la máxima desintegración representada por el desempleo. La estrategia discursiva anterior, legitima la precariedad como opción última frente a la exclusión total, estableciendo una estrategia retórica en la cual la seguridad puede afectar el empleo y por tanto hacer más vulnerables a los sujetos y a la sociedad.
Esta estrategia discursiva logra tal nivel de verosimilitud, que incluso los discursos liberal-socialdemócratas se ven atrapados en su influencia. Hablamos de una "primera operación de convergencia discursiva", a partir de la cual se construye una certidumbre incontrarrestable en torno a la idea que a mayor cantidad de derechos y protecciones laborales, el mercado limita sus posibilidades de contratar nuevos trabajadores. Ciertamente el discurso liberal-socialdemócrata se propone mayores niveles de seguridad en torno al empleo, pero asumiendo implícitamente que ésta no puede afectar la estabilidad del modelo de crecimiento porque podría resultar aún peor. Esta convergencia quedó bien ejemplificada en el seguro de desempleo implementado en nuestro país, el cual constituye un sistema en el cual la capitalización personal del trabajador es condición primera del propio seguro.
En relación a las "competencias laborales de los trabajadores", podemos constatar que los discursos de los tres Centros de estudios se proponen la tarea de construir una racionalidad común en torno al empleo, a partir de la cual éste se descolectiviza y separa de las condiciones estructurales de la sociedad y se vincula a las trayectorias individuales de educación y a las características psicológicas de cada trabajador:
La diferencia en las rentas del trabajo se explica principalmente por el stock de capital humano que tiene cada trabajador, donde se refleja tanto la escolaridad que alcanzó como la institución en donde se realizó (LyD, 2005c, p. 3).
Emerge el tema del capital humano de los trabajadores como explicación del desempleo y la desigualdad social. Se impone un sistema de representaciones del trabajo ligado a la capacitación y la formación permanente, al mismo tiempo que a la transformación del propio recurso humano en capital, móvil, adaptable y renovable.
En el caso de las visiones sociales, pareciera ser un hecho ya inevitable el que las trayectorias laborales sean cada vez más inestables, fundamentando dicha situación en las necesidades personales que tendrían los sujetos de capacitarse periódicamente para mantener su capacidad de ser empleables. Para las visiones progresistas, dialogar sobre la inversión en capacitación y formación conllevaría debatir sobre las actuales condiciones laborales en el país, incluidas las extensas jornadas de trabajo; proponiendo que la mejora de la competitividad debe lograrse a partir de un mejor capital humano y no a través del sobre-trabajo y la extensión de la jornada laboral:
Reducción paulatina de la jornada semanal para hombres y mujeres. Considerando que Chile es uno de los países con las jornadas laborales más largas del mundo, con claros indicios de discriminación hacia la contratación de mujeres, esta medida parece ser una condición necesaria para lograr la compatibilidad entre trabajo y vida doméstica (Chile 21, 2005, p. 9).
Es relevante la problematización que se hace del tema de las jornadas laborales, sobretodo en la perspectiva de un aumento de las posibilidades de descanso y vida familiar de los trabajadores. Sin embargo, llama la atención que esta discusión sea propuesta por Chile 21 en directa relación con el tema de la productividad. Parece ser que para los discursos liberal-socialdemócratas, la protección social en el contexto de flexibilidad laboral imperante, estaría representada por la capacitación, habilitación y activación de los trabajadores para constituir actores empleables en centros que ofrezcan mejores condiciones laborales. Digamos a favor del carácter diferenciador del discurso de Chile 21 que sus lecturas incorporan la demanda de un Estado promotor de un empleo de calidad, vinculando a través de ella los requerimientos de flexibilidad, capacitación permanente y alguna forma de seguridad compatible con ambas nociones, por medio del desarrollo del capital social:
La combinación de crecimiento económico con desarrollo social, es decir, una economía que se pone al servicio del hombre y que construye capital social no se produce espontáneamente, sino que es la consecuencia de una política deliberada, de una cierta propuesta económico-social dirimida democráticamente y que responde a un cierto proyecto de país (Hardy, 2004b, p. 6).
Por su parte, las visiones liberales y neoliberales del CEP y LyD refuerzan el optimismo en su tesis radicalmente individualizadora a partir de la noción de capital humano:
He dejado entrever un grado importante de optimismo respecto de la evolución futura de la desigualdad. Estamos a las puertas de pasar a un estadio de reducción en esas desigualdades. Para ello es indispensable que podamos allegar más capital humano a la economía (Beyer, 2005, p. 92).
Vemos aquí una segunda operación de convergencia entre los distintos discursos, "cuando se transforma lo social y lo humano en capital". En esta visión, la discusión en torno a la desigualdad se centra en el repertorio de capacidades y competencias individuales y sociales de los sujetos, las que actúan como capital de activación en sus trayectorias de integración social. Se deja ver la influencia de las perspectivas de la empleabilidad, en las cuales el trabajo emerge como un campo de capacitación permanente, al mismo tiempo que se legitima la idea de que las trayectorias laborales deben ser cada vez más inestables. Podemos hablar de un registro de representaciones donde la integración laboral tiene que ver con los procesos de capitalización individual y en algunos casos micro-asociativos, dando origen a un conjunto de técnicas para enfrentar el desempleo ligadas a la capacitación y la formación psicológica de los individuos y los grupos, no así a la modificación de los procesos estructurales que están a la base de la alta concentración de los recursos.
Es evidente que desde estas perspectivas no es el sistema social quien tiene el problema del desempleo, sino que los sujetos desempleados, ya que radicaría en ellos la responsabilidad de capacitarse para mejorar sus posibilidades de emplearse. Las posiciones cercanas a los discursos liberal-socialdemócratas le asignan al Estado un rol relevante en este proceso, facilitando y promoviendo oportunidades de integración, mientras que los discursos neo-liberales mantienen su confianza en las bondades del mercado para garantizar los procesos de capitalización individual. Aquí se articula una divergencia sobre una confluencia, es decir, los discursos institucionales enfatizan y legitiman a partir de estructuras argumentales diferentes un supuesto común que actúa como consenso básico.
Desigualdad y distribución de los ingresos
Desde esta perspectiva sobre el mercado laboral y lo humano como capital, se deriva una redefinición radical de la propia noción de desigualdad. Entonces, ¿qué se entiende por igualdad/desigualdad en estos discursos? Esta pregunta se responde especialmente a partir de los planteamientos en torno al ámbito temático de la distribución del ingreso. En efecto, cuando se aborda de manera más explícita el problema de la desigualdad es cuando se critica, explica, valora o justifica la desigual distribución de los ingresos en Chile, especialmente en la confrontación entre las perspectivas neoliberales del CEP y LyD que enfatizan como eje de análisis la distribución del ingreso del trabajo, versus las posturas liberal-socialdemócratas de Chile 21 que privilegian el análisis de la concentración del capital.
"En la actualidad la desigualdad tiene su origen en la rentas del trabajo y no en las del capital" (LyD, 2005c, p. 3). "La desigualdad de los ingresos esta fuertemente correlacionada con la distribución del ingreso del trabajo y no con la distribución del capital (LyD, 2005a, p. 1).
Estamos por terminar con la abusiva concentración de la riqueza propia de la actual estructura de los ingresos y promover un mayor equilibrio social, sin por ello dejar de abordar la responsabilidad y compromiso del mejor uso posible de los recursos aportados solidariamente por todos los chilenos (Hardy, 2004a, p. 1).
Aquí se estructura una "relación de contradicción" entre las posiciones neoliberales y liberal-socialdemócratas, al sostener uno la negación del planteo del otro. El debate se estructura a través de estrategias retóricas diferentes, de modo que los discursos neoliberales apelan al principio de la autoridad, mientras el discurso social a una cierta ética de la justicia social. La tendencia de las visiones mas liberalizadas es a situar el problema de la desigualdad fuera de lo político, es decir, al margen del debate en torno a las bondades de la tendencia a acumular capital como principio fundamentador del crecimiento. Efectivamente, la racionalidad liberal pone el énfasis de la superación de la desigualdad en una suerte de habilitación de las capacidades de los sujetos, individualizando la desigualdad y transformándola en un fenómeno nuevo, casi irreconocible desde las categorías tradicionales de la política.
Cabe recalcar que lo que se busca no es una distribución del ingreso igualitaria per se, ya que las personas somos diferentes; lo que sí se busca es igualdad de oportunidades y una mayor movilidad social fundada en los méritos y las capacidades de las personas, para que todo quien se esfuerce tenga las posibilidades de estudiar o calificarse y de esa manera surgir por sus propios méritos (Castro y Sánchez, 2005, p. 41).
Para las visiones del CEP y LyD, las causas de la mala distribución del ingreso habría que buscarlas en variables como el capital humano y el empleo y no en las dimensiones estructurales del mercado y la estructura de propiedad. Aquí "igualdad de oportunidades" viene a representar una idea individualizada y competitiva de la integración social, tal que deviene en algo así como la "eliminación de los obstáculos en el camino" de manera de asegurar que todos corran en igualdad de condiciones. Esta postura, vincula explícitamente la mejora de la distribución de los ingresos con la habilitación de competencias psicológicas en el corto plazo, y con la acumulación de capital humano en la educación en el largo plazo, advirtiendo de paso sobre los peligros de ligar el debate sobre la desigualdad al problema de la propiedad, ya que ese tipo de planteamientos pueden poner en jaque al propio crecimiento, y por tanto, profundizar aún más las condiciones de desigualdad.
Hay que avanzar hacia un marco institucional distinto que ponga los aprendizajes y destrezas de los estudiantes en el centro de las consideraciones pedagógicas. Ello permitirá ir acumulando el capital humano necesario para seguir aumentando nuestro nivel de desarrollo y reducir las desigualdades que tanto preocupan (Beyer, 2005, p. 93).
Es comprensible que todos busquen vivir en una sociedad más igualitaria; pero modificar la desigualdad de un país no es una tarea fácil. No se puede negar que la demanda por igualdad está latente, pero tampoco se quiere descuidar el progreso económico. Ambas demandas se confunden y entremezclan (Castro y Sánchez, 2005, p. 1).
Desde esta perspectiva, la desigualdad tendría más que ver con las oportunidades educacionales y las capacidades psicológicas para acumular capital humano, que con las intervenciones políticas sobre la acumulación de capital económico, las cuales por el contrario, estarían más bien amenazando el adecuado crecimiento de la economía. Estamos frente a un discurso que define como estrategia de superación de la desigualdad la mejora de la educación y la capacitación, de modo de permitir en el mediano y largo plazo, un proceso de capitalización individual en las trayectorias laborales de los sujetos, mejorando su empleabilidad y optimizando su inserción laboral y sus rentas. Es interesante notar la objetivización de este discurso, toda vez que parece formularse desde un "lugar sin sujeto", sin intencionalidad, sin intereses, un verdadero "no lugar": el lugar de la experticia neutral.
Por su parte, el discurso liberal-socialdemócrata de Chile 21 plantea que el problema más bien es la excesiva concentración de la riqueza y no la pobreza en sí misma, ya que esta última ha sido reducida significativamente por el activo rol que ha tenido el Estado durante los gobiernos de la concertación. El país debería tener como objetivo principal la reducción de la desigualdad, privilegiando políticas tributarias redistributivas y no sólo políticas de largo plazo como la educación.
Aún para los que apuestan todo a la educación y se resisten a medidas redistributivas, el debate por mayores ingresos tributarios no puede quedar omitido si se asumen las exigencias y desafíos pendientes de accesos y calidad educacionales desde el nivel preescolar al postsecundario para todos los sectores socioeconómicos del país, especialmente para los que tienden a quedar excluidos o atendidos en condiciones desmedradas. Pero, más allá de eso, la educación puede corregir muy lentamente las desigualdades, actuando recién en el mediano y largo plazo (Hardy, 2004a, p. 1).
Aquí se configura un ámbito de "contradicción discursiva" con las visiones neoliberales que postergan cualquier discusión sobre temas redistributivos por considerarlos ineficientes en la tarea de disminuir la desigualdad. Si bien la visión de Chile 21 parece ser opuesta a la tesis neoliberal, no lo es del todo cuando se toman en cuenta sus posiciones frente a políticas sociales como el seguro de desempleo, de modo que si bien propone una mayor redistribución, ésta necesariamente pasaría por una complementación de estrategias individuales de capitalización de los propios sujetos como una suerte de "co-pago" de la propia política social. De ahí que las visiones sociales cuestionen el endiosamiento del crecimiento por el crecimiento y promuevan más políticas sociales, pero no apelando a una igualdad universal, sino que tomando la misma categoría de "igualdad de oportunidades" propuesta por los discursos liberales, pero ampliando su significado con la igualdad de resultados:
Lo claro es que el sólo crecimiento no asegura solucionar el tema de las desigualdades y más bien amenaza con acrecentarlo si no va acompañado de activas políticas públicas a favor de una mayor igualdad de oportunidades y de resultados, como sostiene Chile 21 y de una efectiva equidad distributiva (Contreras, 2004, p. 4)
La visión liberal-socialdemócrata busca en nociones como "igualdad de oportunidades y resultados", una estrategia discursiva para mantener su compromiso con el imaginario de los derechos sociales, pero sin oponerse radicalmente al modelo de desarrollo económico. "Igualdad de oportunidades" aquí representa una suerte de estado de desregulación, pero en el cual se protege al más débil a través de un conjunto de políticas sociales que se proponen igualar sus condiciones de participación en el mercado a través de la mejora de su capital humano, pero sin intervenir las reglas de funcionamiento del propio mercado. De ahí que la "igualdad de oportunidades" pueda ser también el imaginario del discurso neoliberal. La originalidad del discurso social esta en proponer garantizar unos niveles mínimos de "igualdad en los resultados", insinuando las bases de una política redistributiva: "La fuerza de las políticas sociales está en su capacidad de creación de las condiciones para que los más pobres logren cuotas mínimas de bienestar, integración y respeto social" (Márquez, 2005, p. 11).
Sin embargo, podemos constatar una última operación de "convergencia discursiva" en esta competencia por hegemonizar la noción de igualdad de oportunidades, ya que tanto las posiciones sociales como neoliberales, tienden a buscar en este registro, y en su relación con las políticas sociales en el primer caso, y con el capital humano en el segundo, las estrategias para mejorar la desigualdad, postergando su debate sobre la concentración de la riqueza como rasgo estructural. La "igualdad de oportunidades" representa la síntesis de los distintos significados que circulan en este discurso individualizador de la desigualdad, al condensar y armonizar el imaginario social y liberal en una noción que significa al mismo tiempo protección social e iniciativa personal. A través de esta noción, la desigualdad se desvincula de cualquier discusión sistémica y pasa a ser ubicada en el ámbito de la mejora del capital humano y en la flexibilización de los mercados del trabajo como forma de igualación de las condiciones individuales de cada sujeto.

Figura 1. Esquema del repertorio de la individualización de la desigualdad.
Conclusiones
A partir del análisis del repertorio discursivo de la "individualización de la desigualdad" podemos identificar las principales operaciones de convergencia, contrariedad y contradicción que emergen entre los discursos institucionales del saber experto.
Por un lado, podemos identificar las "relaciones de contrariedad". La primera relación de este tipo se establece en torno al papel de las políticas sociales en la solución de la desigualdad, tal que los discursos liberales y neoliberales proponen la máxima desregulación, mientras que los discursos liberal-socialdemócratas promueven un papel regulador del Estado en la protección social. Del mismo modo, los discursos establecen otra relación de contrariedad en torno a los grados aceptables de flexibilización del trabajo, proponiendo los discursos liberales y neoliberales la máxima flexibilización del empleo, mientras que los discursos liberal-socialdemócratas proponen una flexibilización protegida, en sintonía con el concepto de flexiseguridad.
Por otro lado, los discursos también establecen "relaciones de convergencia". La primera que podemos identificar se constituye en torno a la idea de que una excesiva protección social aumenta la desigualdad al rigidizar el mercado del trabajo, amenazando la mantención de los propios derechos sociales, aceptándose por lo tanto, por parte de todos los Centros de Estudios niveles progresivos de desregulación en el sistema de protección social. Los discursos también convergen en torno a la idea de concebir lo humano y lo social como capital y en proponer una progresiva psicologización de los procesos de integración social y laboral.
También se puede identificar entre los discursos analizados una "relación de contradicción", cuando los discursos neoliberales y liberal-socialdemócrata se confrontan en torno a la manera cómo debemos explicarnos la mala distribución de la riqueza en nuestro país, ya que los primeros proponen una explicación ligada al capital humano y las rentas del trabajo, mientras que los segundos plantean una explicación ligada a la concentración del capital económico. Aquí se constituye la oposición básica entre ambas matrices discursivas, sin embargo, a partir de ella también se genera el cierre del repertorio, cuando ambos discursos convergen en la idea que la "igualdad de oportunidades" es la solución de la desigualdad.
A partir de la descripción de este sistema de relaciones discursivas, podemos concluir que para todos los discursos institucionales analizados en el repertorio, la desigualdad es un atributo superficial de "los individuos y los grupos", y no sustantivo del sistema social, de modo que su enfrentamiento no implicaría para ninguno de los discursos "en competencia" una transformación radical de las bases simbólicas y materiales del actual modelo de desarrollo. Por el contrario, los discursos de las tres instituciones tienden a converger, con énfasis distintos, hacia la idea más o menos explícita de que la desigualdad se soluciona a partir de un mejoramiento de las reglas que regulan la actual convivencia social, y no a través de su transformación radical.
De este modo, podemos decir que el repertorio de la "individualización de la desigualdad" constituye el escenario de una competencia discursiva por significar la ciudadanía desde la noción de la "igualdad de oportunidades". La idea que se impone en el repertorio es que aquellos que se esfuerzan y se mantienen disponibles para aprender, cambiar y emprender, pueden tener las oportunidades para "salir adelante por sí mismos" y convertirse en ciudadanos; mientras que aquellos que no lo logran, deben ser asistidos a partir del accionar de las políticas sociales, quedando remitidos a una suerte de trastienda ciudadana. Se pueden identificar matices entre los discursos de los Centros de Estudios analizados, incluso una relación de contradicción entre las políticas redistributivas fuertes y una promoción de la privatización extrema, sin embargo, esta controversia rápidamente se disuelve en este consenso inclusivo en torno a una representación del sujeto ciudadano que parece estar a la base de todo el repertorio discursivo.
Por ello, para terminar podemos señalar que los discursos institucionales analizados en este trabajo, con independencia de sus niveles de tensión o disputa ideológica, constituyen en la práctica, tecnologías de gobierno de una misma racionalidad política, la cual se presenta como hegemónica en el proceso de construcción de las representaciones de la ciudadanía en la sociedad actual.
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Correspondencia: Doctor en Psicología Social, Universidad Complutense de Madrid. Académico de la Escuela de Psicología de la Universidad de Valparaíso, Chile. Correo de contacto: juan.sandoval@uv.cl.
Recibido: 05 Mayo 2009
Aceptado: 19 Octubre 2009.










