PART I

 

Participación ciudadana y exclusión juvenil: crítica práctica y alternativas políticas para construir una democracia radical

 

Citizen participation and youthful exclusion: critic practice and political alternatives for build a radical democracy

 

 

José Miguel Abad*

Endereço para correspondência

 

 

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RESUMO

Este trabajo se propone debatir el concepto y la práctica que orienta la promoción de la participación juvenil en los programas y proyectos implementados por el Estado y las organizaciones no gubernamentales (ONGs), en donde la participación de los jóvenes como beneficiarios ocupa un lugar central como objetivo, estrategia y criterio rector. Bajo estas premisas, la participación juvenil, circulando alrededor del restringido espacio de decisión de los “objetivos” y “actividades” de los proyectos institucionales, se concibe con un enfoque psicosocial más que político, que enfatiza la solución individualista, orientada al cambio de actitudes y valores en la medida en que los jóvenes contribuyen a la solución de sus problemas inmediatos, adquiriendo de esta manera las cualificaciones necesarias para incorporarse a un proceso de desarrollo tácitamente aceptado. El texto analiza las vinculaciones entre la condición juvenil y la forma-estado del capitalismo actual, destacando la relación entre las políticas públicas de juventud y una determinada y limitada concepción de la democracia y de la participación ciudadana, procurando establecer los puntos de cuestionamiento a sus proposiciones y desarrollar algunos fundamentos para una práctica socialmente transformadora en la promoción de la participación de los jóvenes.

Palabras-llaves: Juventud, Participación, Estado, Capitalismo.

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ABSTRACT

This paper is going to debate the concept and the practice that orients the promotion of the youthful participation in the programs and projects implemented by the State and the not-governmental organizations (NGO´s), in where the participation of the youths fulfills a central place like objective, strategy and criteria. Under these premises, the youthful participation, limited by the “objectives” and “activities” of the institutional projects, conceives itself with an approach social-psychological more than political, that emphasizes the individual solution oriented to the change of attitudes and values in the measure in that contributes to the solution of his immediate problems, acquiring of this way the necessary competences. The text analyzes the bonds between the youthful condition and the role of the State in your capitalist-form, standing out the relation between the politics of youth and a determined and restricted conception of the democracy and of the civic participation, seeking to establish the weaknesses of this position and the possible bases of a practice socially transformer for the promotion of the youthful participation.

Keywords: Youth, Participation, State, Capitalism, Democracy.

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Introdução

Este trabajo busca debatir el concepto y la práctica que orienta la promoción de la participación juvenil en los programas y proyectos implementados por el Estado y las organizaciones no-gubernamentales (ONG´s), en donde la participación de los jóvenes como beneficiarios ocupa un lugar céntral como objetivo, estrategia y criterio rector. Nuestra tesis es que en la visión dominante hay, si no un ocultamiento de los condicionamientos estructurales de la economía y el poder, la legitimación de una “exterioridad” asumida como medio “natural” del programa o proyecto, que ajusta esas “participaciones” y sus contenidos a los territorios – geográficos y simbólicos - periféricos al sistema de decisiones políticas y económicas.

Al tiempo del declarado reconocimiento de la juventud como nuevo actor social y la mayor atención a sus problemas de inserción en los sistemas económicos, sociales y políticos, su participación en los proyectos sociales continúa apelando a la interacción solidaria del pequeño grupo, idealizando cierta virtud comunitarista de los sectores populares, que los convoca a organizarse, movilizarse y mostrarse públicamente como jóvenes, en una estrategia para la egitimación de las acciones políticas que tienen que ver con los objetivos de las instituciones que precisamente buscan generar esa participación:

“Una política de la juventud parece tener que manifestarse forzadamente a través de instituciones, gestos públicos y hasta afirmaciones repetidas de la importancia que dan las autoridades a la juventud. Se organizan reuniones, fiestas o concursos, y se distribuyen premios o bolsas, lo cual no tiene muchas incidencias en el plan colectivo pero sí puede tener consecuencias benéficas para unos cuantos individuos que fueron elegidos para representar a la juventud y que reciben una ayuda que puede ser decisiva en su vida personal. Nadie se hace muchas ilusiones, sin embargo, sobre la eficacia de una política más simbólica que real. Más interesante, y también más ambigua, es la idea de crear lugares para los jóvenes, casas de la juventud o centros juveniles, clubes o centros socioculturales (...). Sin embargo en algunos casos, esos centros culturales atraen poco a los jóvenes, que allí se sienten sometidos a la vigilancia o víctimas de un paternalismo que encuentran irritante...”. (TOURAINE, 1996: 41).

Bajo estas premisas, la participación juvenil, circulando alrededor del restringido espacio de decisión que delimitan los “objetivos” y “actividades” de los proyectos institucionales, es concebida con un enfoque más psicosocial que político, enfatizando la solución individualista orientada al cambio de actitudes y valores en la medida en que los jóvenes contribuyen a la solución de sus problemas inmediatos, adquiriendo las cualificaciones necesarias para incorporarse a un proceso de desarrollo que se supone es tácitamente aceptado.

El texto analiza la relación entre participación juvenil y políticas públicas de juventud que la promueven, a la vez, como estrategia y meta de las mismas. A partir de reconocer las condiciones y características que hacen posible esta valoración, se vincula este reconocimiento con el nivel más amplio en que se inscriben estas políticas, es decir, como parte central de las discusiones en torno al Estado y la Ciudadanía modernas. En la tercera parte se abordan las condiciones en que se fomenta la participación juvenil, considerando las transformaciones del Estado como agente institucional de la orden social, lo que lleva, en una cuarta parte, al debate de la noción de exclusión social como problema básico a ser resuelto por las políticas sociales, enfocando particularmente el caso de las políticas de juventud. Para terminar, consideramos algunas reflexiones a la manera de propuestas, desde aquellas que poseen un alto grado de especulación filosófica hasta las sugerencias más prácticas que se pudieron pensar en la línea de la promoción de la participación de los jóvenes.

 

Parte 1: La participación juvenil y las políticas de juventud

La participación juvenil se convirtió en uno de los criterios más observados a la hora de evaluar la gestión, implementación y resultados de los servicios públicos de las políticas encaminadas a facilitar el “éxito y la realización de valores y objetivos sociales referidos al periodo vital juvenil” (BALARDINI, 1999: 1): el acceso a ciertos derechos civiles y políticos, como la posibilidad de votar y ser electo a cargos públicos; la adquisición de la responsabilidad legal en lo comercial, lo civil y lo penal; el desarrollo de la autonomía social y económica, vinculada al aumento de la escolaridad, la obtención de ingresos propios y la conformación de una familia; la anuencia para adoptar autónomamente determinadas identidades socioculturales o tener relaciones sexuales.

Las políticas de juventud se mueven entre los polos de unas tensiones que la participación juvenil intenta resolver. Estas tensiones fundamentales, que possen un carácter estructural que se reconoce en los formatos, contenidos y aspiraciones de las políticas de juventud, así como en la forma en que la participación juvenil es introducida en tales esquemas, son:

I. El enfoque en el “futuro” de las sociedades actuales, que necesita de los jóvenes para renovarse, recíprocamente la atención sobre el “presente” de los jóvenes, que necesitan una sociedad diferente ahora. La participación juvenil posibilitaría construir en el presente una visión de futuro compartido, que facilitaría un compromiso intergeneracional.

II. La solución del déficit en las cualificaciones de los jóvenes para superar las situaciones de exclusión social, y paralelamente el tratamiento a las limitaciones de las instituciones sociales para hacer posible la inclusión. La participación juvenil acercaría las ofertas de las instituciones a las demandas, necesidades e intereses de los jóvenes, favoreciendo un mecanismo de feed-back institucional.

III. La consideración de la condición juvenil como un hecho natural/biológico inherente a la sucesión generacional, y simultáneamente también como un producto histórico/social vinculado a determinadas expectativas sociales. La participación juvenil hace visible el conflicto intergeracional, al tiempo que abre las posibilidades para su tratamiento.

Siguiendo este raciocinio, la participación juvenil ha sido crecientemente valorada tanto como un medio eficaz para adquirir las capacidades cognitivas útiles al cumplimiento de las metas de la política de juventud, como un fin en sí misma, por razones que son útiles a la sociedad en su conjunto, además de los beneficios que puedan obtener los propios jóvenes. Además de eso, se sostiene la idea de que más allá de sus fines, la participación proporciona un aprendizaje vivencial que potencia las cualificaciones ciudadanas conectadas al ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos, tales como:

· La adquisición de habilidades y destrezas cognitivas, sociales, emocionales y comunicacionales necesarias para una vida social e individualmente productiva.

· La vivencia de una sensación de auto-valoración y confianza en las propias capacidades y las del grupo coetáneo, que ayuda a planificar la vida con una expectativa de futuro posible.

· El desarrollo de un sentido de responsabilidad y auto-control para orientar la conducta hacia fines individuales aunque socialmente válidos, tomando decisiones bajo razones justificadas éticamente.

· El fortalecimiento de un sentido de pertenencia a la comunidad, valorando la importancia de la acción colectiva en la transformación de su realidad.

La participación juvenil, tomada como un fin en sí misma, tiene relación con las más amplias razones de utilidad social que pudiera justificar su promoción, siendo las más mencionadas aquellas que tienen vinculación con la modernización de las sociedades¹, como serían:

· La incorporación y aprovechamiento de una mayor y mejor preparación de los jóvenes en el impulso activo y sostenibilidad de los procesos de renovación económica y política de las sociedades comprometidas en una mudanza de sus paradigmas sociales y culturales.

· El aprovechamiento de la flexivilidad psíquica y la capacidad de adaptación de los jóvenes para aceptar e incorporar lo nuevo en un mundo de cambios vertiginosos, disponiendo así de una imprescindible “correa de transmisión” cultural que facilite la aprobación e integración de lo moderno ante el resto de la sociedad.

· La promoción de un liderazgo juvenil al frente de estos cambios, que permite contar con un compromiso más definido y durante más tiempo en comparación a los adultos, generalmente más limitados en sus intereses y disponibilidades para tomar parte de estas transformaciones.

·Acumular la tendencia de los jóvenes a formar “organizaciones” como reserva de capital social en lugar de disminuirlo, lo que efectivamente sucede cuando estas organizaciones carecen de un lugar en la sociedad que valore sus aportes y les asegure una saludable confianza en los acuerdos que regulan la vida social.

 

Parte 2: La relación de la participación juvenil con la Ciudadanía y el Estado moderno

Por qué se justifica la participación? Hopenhayn (1998) propone un argumento individualista: la voluntad de cada persona de ser más sujeto y menos objeto. A partir de esta búsqueda central, deriva algunas motivaciones:

- Las personas buscan ganar control sobre su propia situación y proyecto de vida, mediante la intervención en decisiones que las afectan en su medio inmediato.

- A los ciudadanos los motiva acceder a mejores y mayores bienes y/o servicios que la sociedad está en condiciones de suministrar, pero que, por algún defecto del mecanismo institucional o estructural, ella no suministra.

- A través de la participación, las personas buscan aumentar su grado de auto-estima mediante un mayor reconocimiento por parte de los demás de sus derechos, necesidades y capacidades.

Los argumentos son, claro está, innegables, pero con todo, insuficientes. Es verdad que la comunidad social permite a una persona el desarrollo de capacidades superiores e inalcanzables para el individuo aislado, pero, de otro lado, sólo determinadas formas sociales - correspondientes a un grado mayor o menor de desarrollo de las fuerzas productivas - garantizan la existencia de las condiciones materiales que requiere la conformación de una personalidad potente, tendiente a su auto-realizacación y capaz de autonomía, en la que la participación se constituye tanto como un valor como en un medio eficaz para no ser dominado por otras personas con las que se convive, haciéndose co-partícipe del poder sobre la totalidad social en aquellos ámbitos y actividades que producen y reproducen a la sociedad, y por lo tanto a cada persona. En otras palabras, la participación no es tanto un simple reflejo de una voluntad individual por tomar parte en las decisiones que lo afectan, sino más una consecuencia o efecto de determinadas constelaciones de poder y de condiciones materiales. Como derivación de lo anterior, la participación no es un atributo “natural” o “trascendental” del ser humano, sino algo contingente, es decir, que puede darse o no.

El acto de participación está asociado a la relación subjetiva entre el individuo y las decisiones de carácter vinculante que toma la comunidad a la que pertenece. Por eso en la participación está implícita la cuestión de “en qué, hasta dónde y cómo” decido en una comunidad de “iguales” sin dejar de ser un individuo real, cuyos atributos específicos de clase, género, edad, etc., obviamente limitan esa igualdad, y por tanto las capacidades y oportunidades de participación. No existe todavía una solución satisfactoria a esta paradoja, pero la democracia liberal instaurada por el ciclo de revoluciones burguesas introdujo la posibilidad de una delegación de las decisiones vinculantes para la comunidad en la institucionalización de un orden abstracto, impersonal y universal, el Estado.

En la mayoría de las sociedades actuales, al menos las occidentales, la idea de Estado no es sólo la presencia de unas condiciones objetivas (la existencia de un territorio, una población y una autoridad) sino también su función como un poder impersonal y altamente formalizado, que define normas universalmente válidas para todos los individuos, que son subsumidos, para su igualación formal, en una categoría jurídica, la de ciudadanos, a los que se provee de iguales derechos, entendidos como oportunidades y capacidades para participar. El concepto de Ciudadanía, central en las concepciones de la Sociedad y el Estado modernos, articula jurídicamente la relación política de los individuos en la comunidad atribuyendo un conjunto de iguales derechos políticos, civiles y sociales a los sujetos que la disfrutan, como señala Borja (1987).

En este sentido, la Ciudadanía se basa en un atributo que reconoce o concede el Estado. Resulta evidente, pues, que la construcción de la ciudadanía es inseparable de un proceso vinculado a la existencia y consolidación del estado-nación, el establecimiento progresivo de la democracia representativa y la legitimación de las instancias y procedimientos de la Participación. Visto de esta manera, la forma Estado, considerada objetivamente, es una entidad de funcionamiento separada y necesaria al colectivo como tal.

Admitiendo que deba existir², el fin último de la participación es su perfeccionamiento, que reconocemos en el concepto normativo (es decir, que califica) de Buen Gobierno³.

Este concepto hace inevitable introducir normas de evaluación, siguiendo el concepto de Badiou (1998), que proviene de los temas que pueden ser subjetivados por el Estado en la relación individuo-comunidad:

(a) En primer lugar, la norma económica. El Estado es responsable de que haya una distribución mínima de bienes y servicios, y es desacreditado si se muestra demasiado incapaz de satisfacer esta norma. Desde el punto de vista de la economía, cualquiera sea la relación orgánica al Estado (privada, pública, mixta), el Estado es subjetivamente responsable de que funcione la economía.

(b) En segundo lugar, la norma de soberanía. El Estado se encuentra bajo la prescripción de datos tales como la nación, la representación en el escenario mundial, la independencia, etc. Es responsable de que exista un principio nacional, en sí mismo y para el exterior, que también delimita un espacio de soberanía sobre los ciudadanos.

(c) Tercero, la norma política que define la calidad de la relación de la comunidad de individuos con el Estado. La idea de ciudadanía establece como precondición aceptar la igualdad de todos los participantes en la comunidad. El grado de igualdad es una de las cuestiones que evalúa esta norma, que puede tender a formas aristocráticas o democráticas según se limita más o menos la Participación.

Entenderemos por “norma política” aquello que regula la relación subjetiva entre los individuos y la comunidad. En esta situación, la categoría “democracia” interviene como una caracterización normativa del Estado, y más precisamente, como aquello que podría llamarse la categoría de una norma política particular y no de la política en general. Acordaremos que lo que hasta ahora existe como una particular forma estatal, hegemónica en las sociedades occidentales y que regula la relación subjetiva entre individuos y comunidad bajo las tres normas mencionadas (la económica, la soberanía y la política), se puede llamar “parlamentarismo” (personalmente la llamaría “parlamentarismo capitalista”).

En este punto, uno puede afirmar que la democracia, como regla de consenso, requiere un grado de coerción inevitable que limita forzosamente la radicalidad del pensamiento político como dimensión de la libertad colectiva sustraída al consenso normativo, en que el Estado es el centro y principal agente institucional. La participación es puesta, de esta manera, y de forma ineludible, bajo el signo de un consenso autoritario, signo que, mientras deba existir un Estado, sea Capitalista o Socialista, sólo puede ser evaluado como más o menos ajustado a una norma democrática.

Ahora bien, tal signo puede empujar a preservar las bases que sustentan un sistema que hace de la desigualdad su posibilidad de existencia, promoviendo un pensamiento que legitima la Participación Juvenil como una oferta de inclusión individualista, soportada en la captación, formación y cooperación de líderes juveniles abstraídos tanto de otras vinculaciones a actividades sindicales o políticas como aislados de una memoria de experiencias organizativas y participativas de su clase social, u optar por erosionar tales fundamentos, fortaleciendo la Participación Juvenil como un medio para producir una demanda por el reconocimiento y construcción de un poder político que promueva una convergencia de intereses y actores heterogéneos pero con una posición de clase hacia la constitución de áreas de igualdad efectiva.

 

Parte 3: El marco general de la promoción de la participación juvenil

Antes de pasar al punto siguiente, que abordará la crítica del concepto de exclusión relacionado con la promoción de la Participación Juvenil en los programas y proyectos, es necesario puntualizar los cambios en la relación entre Estado y Sociedad que dan su contorno real a las posibilidades abstractas y potenciales de la participación.

Por un lado, tenemos una democracia que ha devenido como forma dominante de la organización de la relación política que, como vimos, está regulada por el Estado. No obstante, lo que funcionó como base dinámica de la democracia moderna en tanto forma de gobierno, tanto en los regímenes socialistas como en los liberales, es decir, el contrato social entre capitalistas y trabajadores a través de un pacto entre desarrollo capitalista y lucha de clase, alrededor de un acuerdo sobre la productividad, y que sirvió de base a la expansión de los derechos políticos y civiles hacia la adquisición de derechos económicos, sociales y culturales, ha devenido obsoleto en tanto la recomposición de la tasa de ganancia ha impuesto al menos tres cambios importantes en la forma-estado capitalista:

I. El uso “negativo” de la intervención estatal como medio para reactivar el “marco natural” del mercado como instancia ordenadora de las relaciones sociales. Ante la “privatización” de los servicios sociales y el crecimiento del mercado a instancias de los derechos, el Estado “se retira” de la prestación directa de ciertos servicios para ofrecerse como garante de una buena administración de los intereses de los inversionistas. En este contexto la Participación Juvenil legitima las estrategias de sobrevivencia de los pobres mediante los enfoques de “autogestión” y “modelos alternativos”, que idealizan las respuestas defensivas de los jóvenes para solucionar las coyunturas permanentes de emergencia que viven, al proporcionar, por ejemplo, “talleres de capacitación” en elaboración de proyectos o liderazgo con insumos mínimos, con los que se espera generar, de una vez y para siempre, una capacidad sostenible en los jóvenes para su inserción social, contribuyendo a desactivar la simiente de procesos de demandas sociales más calificadas ante el Estado y otros centros de poder⁴.

II. La reestructuración de la economía intersticial o informal, que empieza a combinar la economía de producción con la de reproducción, no sólo incrementando el número de trabajadores sino también afectando su composición de clase, haciéndola de esta manera más diversa, movible y fragmentada. Además del crecimiento de la mano de obra disponible y la concentración de los empleos mejor pagados en una minoría de profesionales, la competencia ha obligado a la implementación de estrategias para reducir los costos de personal y liberar recursos para invertir en la creación de ventajas competitivas (asociadas a un incremento de la composición orgánica del capital y del trabajo intelectual en detrimento del trabajo “vivo”: factores como investigación y desarrollo, innovación e inversión en equipamiento y bienes de capital), o, simplemente, en la especulación financiera. Así, en tanto insumo del capital, urge disminuir los costos del trabajo. La magnitud del fenómeno genera una nueva cuestión social, que en el caso del desempleo juvenil y sus alternativas de solución es presentado falazmente como un problema generacional de tipo corporativista: la “creación de empleo” en las empresas - mediante la profundización de la desregulación del mercado laboral, la efectiva legalización del subempleo y la renuncia a los derechos elementales conquistados por la clase trabajadora - sería mentirosamente obstaculizada por la resistencia de los trabajadores adultos a perder sus magros privilegios⁵.

III. La revalorización de la democracia como elemento organizador del consenso en sus formas institucionales y estatales por parte de la Nueva Derecha, motivada por razones de productividad y tendientes a hegemonizar la fragmentación de la clase trabajadora en torno a la noción de Ciudadanía y de Derechos Humanos individuales. De esta manera, se combina el abandono de la noción de sujeto histórico de cambio (las clases, los partidos y agrupaciones de trabajadores, los movimientos cívicos de los sectores populares) por la promoción de actuaciones individuales manifestadas en torno a intereses concretos e instrumentales amparados en la búsqueda de mayor autonomía, libertad individual y capacidad competitiva. Así, por ejemplo, la Educación Popular y la Animación Sociocultural con jóvenes, que se asumían como procesos educativos intencionalmente dirigidos a la transformación social mediante la adquisición de una conciencia crítica, ha derivado a una especie de juego de “dinámica grupal” general, que apunta a promover la participación en programas y proyectos, así como a la celebración espontánea de una “cultura juvenil” desarticulada de proyectos políticos más globales⁶.

La consecuencia más importante es la transformación de la forma en que el Estado capitalista registra e interviene el conflicto social: desde un mecanismo basado en procedimientos formalizados a partir del reconocimiento de posiciones antagónicas en torno a la apropiación del valor agregado en el proceso de producción, hay un desplazamiento a negociaciones estructuralmente articuladas a la obtención de beneficios asociados al Gasto Público Social, artificialmente presentados a nombre del “bien común” y la preservación de los Derechos Humanos por grupos sociales forzados a competir en los microescenarios barriales por los subsidios públicos para su reproducción en virtud de sus diferencias de edad, género y pobreza, y no a partir de la coincidencia de su posición ante la sociedad.

El arma básica que utiliza el capital para recomponer su tasa de ganancia es el despliegue de políticas monetarias, aplicadas con perruna fidelidad por el Estado. Esto implica la combinación del control inflacionario junto al uso de diversos medios fiscales, financieros y crediticios, todo bajo el marco jurídico institucional democrático y parlamentario, que permiten al capitalista reconstituir los márgenes de beneficio reducidos por el aumento de la productividad y de la masa de capital acumulado. Hemos visto, por eso, alta y baja inflación con alto desempleo, cortes irreversibles en el gasto público social y pérdida creciente de la capacidad adquisitiva del salario, aumento del número de horas trabajadas y financiación de la industria e incremento en la concentración de la propiedad, con un incremento en la circulación de mercancías y el flujo de capitales. Y cuando esto falla, siempre queda el recurso de la guerra y la destrucción.

De hecho, como explica Jameson (1984), la atención a las diferencias grupales que encarnan los nuevos movimientos sociales y su problemática, más bien de origen cultural, resulta, en definitiva, tolerable para el capitalismo a condición que aparezcan como meras segmentaciones en la aparente diversidad de mercancías culturales. De lo contrario, si cuestionan la libertad de poseer, usufructuar y enajenar trabajo ajeno o impiden la reproducción ampliada del capital, conllevan prontamente a “intervenciones humanitarias” en países claves para el proceso de acumulación capitalista, mientras que en el nivel nacional, el Estado parece haber restaurado su legitimidad para utilizar una batería de medios policiales para excluir a las fuerzas que no ofrezcan obediencia incondicional a su política económica básicamente austera, basada en exhortaciones al ajuste fiscal y la reducción del gasto social, y a la reproducción estática de las relaciones de clase que requiere. Y todo esto en estados democráticos. Obviamente toda esta utopía del mercado reproduciéndose “espontáneamente” y garantizando el bienestar de unos y otros, no tiene ninguna posibilidad de acabar imponiéndose; aún así, los instrumentos de coerción y consenso del Estado están para asegurar que las ganancias se obtengan de manera tal que el engranaje del capitalismo no se detenga: los empresarios capitalistas sólo pueden operar con beneficio si las fuerzas restrictivas del Estado consiguen garantizar el dominio de la clase trabajadora, lo que implica el desarrollo progresivo de las técnicas y tecnologías de control y disciplinamiento social o, en otros términos, la subsunción de la sociedad dentro del Estado: la fábrica social, en que la organización y disciplinamiento de la fuerza de trabajo humana no se realiza sólo por la coerción policial, sino, ante todo, por la participación activa y el consentimiento de las clases subalternas para su propia explotación. De ahí la supeditación de las llamadas políticas sociales a las políticas económicas.

 

Parte 4: El concepto de exclusión juvenil en las políticas públicas de juventud.

Retomando el enfoque y las justificaciones para la promoción de la Participación Juvenil en el marco de las iniciativas públicas que tienen por objetivo el logro de los cometidos sociales asignados a esta etapa vital, la participación se relaciona con la adquisición de ciertas capacidades y el acceso a oportunidades que permitan a jóvenes con problemas de integración asociados a la pobreza, alcanzar la “inclusión” social y hasta constituirse en “actores estratégicos del desarrollo” de sus sociedades.

Ya de entrada, el discurso de la “exclusión” juvenil instaura el imaginario de una diferencia natural en el acceso a una sociedad, como si tales excluidos no vivieran en esa misma sociedad, e hicieran parte y condición necesaria de la reproducción de esa sociedad. Efectivamente, ¿que sería de tal sociedad sin esa masa creciente de jóvenes dispuestos a trabajar por menos del salario mínimo y sin las prestaciones legales consentidas por el Estado? ¿Qué sería de esa sociedad sin medios para incentivar, a través del horror económico, el discurso de la austeridad y la distribución discrecional de subsidios, la competencia entre pobres y la consiguiente ruptura de las solidaridades de clase entre jóvenes y adultos, empleados y desempleados, hombres y mujeres? ¿Qué pasaría si esa sociedad tuviera que reconocer que dada la nulidad de sus instituciones políticas y económicas para organizar la vida social, admitiera que sólo puede ser viable a costas de prohibir, encarcelar y matar, y que necesita esta amenaza para justificar, como las familias mafiosas, su razón de ser? En definitiva: ¿qué sería de los fundamentos de esa sociedad, principalmente establecidos para el control de la producción a través del Capital y la subordinación del Trabajo a la relación salarial, si se reconociera como una sola y dejara de hablar de la “exclusión” como una suerte de universo paralelo, admitiendo que esa “exclusión” es la única forma que le queda al Capital y su forma – estado correspondiente para reestructurar el dominio político de las subjetividades emancipadas, reconstituir los márgenes del beneficio capitalista y recomponer la vigencia de la Ley de Valor?

Las políticas públicas, como intervenciones del Estado, no sólo se formulan para resolver problemas, los que más bien se resuelven por los “actores sociales” mediante la implementación de sus estrategias, la gestión de sus conflictos y especialmente el aprendizaje a partir de la experiencia práctica. Las políticas públicas, más bien, construyen marcos de sentido político para validar representaciones sociales de problemas y causas, como por ejemplo los vinculados con la llamada exclusión juvenil, y que permiten a una amplia gama de actores y sectores, con capacidades e intereses diversos y hasta contrapuestos, operar dentro de una lógica compartida, movilizando sus recursos de forma más eficiente. Esto nos lleva de lleno a reconocer la centralidad del asunto de quiénes participan en la definición de los problemas, operación que conlleva implícitamente el rango de soluciones que son admisibles, así como la interpretación valorativa del entorno.

De tal manera, el análisis y las soluciones propuestas a la problemática de la situación juvenil en América Latina, tal y cómo es planteado por los documentos e informes nacionales y subnacionales, se soporta en el ocultamiento de tres factores estructurales de nuestras sociedades:

· La determinación de la lucha de clases sobre el conflicto generacional. Es decir, se admite un conflicto social en este tema que moviliza la acción pública, pero este conflicto aparece desconectado de las circunstancias en que se produce y por la que toma sus características específicas. Dicho de otro modo, habiendo conflictos generacionales, se desconoce su determinación por las condiciones de producción y reproducción de la sociedad, lo cual le hace perder eficacia explicativa y justificatoria. Justamente dice Bourdieu que “una clase o una fracción de clase está en decadencia, y por consiguiente orientada al pasado, cuando no está en condiciones de reproducirse con todas sus propiedades (…) En este caso, la transformación del modo de generación social de los agentes determina la aparición de generaciones diferentes, cuyos conflictos (…) tienen por principio la oposición entre los valores y los estilos de vida” (MARTIN CRIADO, 1993: 36). En resumen, jóvenes pobres y ricos diferenciados de los adultos por su generación pero no por la clase (incluyendo, además de jóvenes, a mujeres, hombres, adultos, negros, blancos, niños y viejos), diferenciada por un antagonismo básico en la distribución y el acceso a la riqueza producida socialmente.

· La práctica de un sujeto social-histórico ubicado en una posición antagónica de clase dentro de unas relaciones sociales de producción con un papel central en las transformaciones de esa sociedad, sean de tipo tecnológico, sociodemográfico o institucional. Aquí sólo se puede decir que las transformaciones producidas por “avances tecnológicos”, “cambios demográficos” o “reformas de estado”, no aparecen sin sujetos sociales-históricos, es decir, irresponsablemente, por decirlo de algún modo. Pareciera que estas transformaciones han sido puestas ahí por algo o alguien que es irrelevante; basta con reconocerlas en términos de “oportunidades y desafíos”, a las que los jóvenes sólo les cabe aceptarlas como reglas del juego. Esto se relaciona con una valoración optimista de las posibilidades de los jóvenes como “actores estratégicos del desarrollo” en el marco de condiciones presentadas necesariamente como favorables, sin reconocer las diferencias que marca sus posiciones en las relaciones de producción de la sociedad.

· Por último, la determinación de una estructura económica, que organiza materialmente las condiciones en que la sociedad se reproduce, fomentando ciertas representaciones, definiendo prioridades, creando instituciones, instaurando valores, etc. se admiten como condiciones definitivas e inmodificables. Este reconocimiento – realizado con el mismo fatalismo de un banquero, según la acertada expresión de Bourdieu - pretende que el mundo no puede ser diferente a lo que es, en otras palabras, sometido a a los intereses y deseos de ellos. En resumen, Estado y políticas públicas, pero no Capitalismo.

 

Parte 5: Ideas para construir alternativas de una Participación Juvenil anti-sistémica

5.1 Razonamientos altamente especulativos para promover la radicalización democrática de la Participación Juvenil

Si definimos la democracia empleando los términos de Badiou (1998), como aquello que autoriza una ubicación de lo particular bajo la norma de una prescripción política universal que, a su vez, puede juntarse a lo particular en la diversidad de sus expresiones de forma tal que aspire a que ningún enunciado desigualitario sea posible, el concepto “democracia” tiene como referente no una forma particular de Estado sino la vida misma de las personas, tal y como se presentan, con sus actos particulares, en el espacio público. Y en este sentido, la democracia es una categoría política que sólo puede ser tal si no tolera ninguna acepción antidemocrática que deshaga la conjunción entre lo particular y lo universal, es decir, de tratar lo particular de manera universalmente igual para todos.

En este sentido, la democracia es una categoría política que sólo puede ser tal si no tolera ningún sentido anti-democrático que deshaga el enlace entre lo particular y lo universal, esto es, de tratar lo particular de manera universalmente igual para todos. En consecuencia, es inválida la posibilidad de utilizar en la política, bajo una idea democrática, aquellos enunciados que hacen calificaciones comunitaristas – como es el caso de los problemas de los jóvenes y las políticas de juventud –; por el contrario, es su tarea, para alcanzar su destino de universalidad, hacer imposibles y no apenas prohibidos⁷ estos enunciados, vigentes para las actuales formas de poder establecidas en las relaciones de producción y reproducción social.

5.2. Las posibilidades actuales.

La especulación anterior, exceptuando la última parte, puede seguramente encontrar aquiescencia en cualquier liberalismo progresista sin demasiada resistencia, salvo que se discutan las condiciones en que puede ser efectivamente realizada. De hecho, es frecuente su recurso como reconvención de aquello que se considera transgresor de una racionalidad del “bien común” encarnada por el Estado, y siempre dentro de una crítica filosófica de las leyes y el derecho, orientada al Buen Gobierno, pero sin introducir la crítica al sistema económico y político. Sin embargo, las leyes y el derecho, como producto de una decisión política, no pueden ser superior a la estructura económica ni al desarrollo cultural de la sociedad.

Esto implica plantear medidas transaccionales, no como demandas que se sabe son de imposible aplicación para el Estado capitalista sino en el marco de una genuina vocación de poder, para buscar y ampliar creativamente condiciones en que se pueda fortalecer un poder dual capaz de trascender, bajo circunstancias favorables, las concesiones parciales que el sistema capitalista puede ofrecer en ciclos de recomposición de la tasa de ganancia, admisibles por su ordenamiento jurídico-institucional, hacia la derogación de las leyes que preservan la propiedad privada y las relaciones de producción burguesas.

Sin embargo, actualmente no parece un escenario favorable para desarrollar una táctica como la antes descrita, ni se advierten las precondiciones que permitan esperarlas en el sentido de la actual correlación de fuerzas y el nivel de conciencia de clase en los trabajadores. Así las cosas, la aspiración a un programa mínimo en el ámbito de la democracia parece la oportunidad más efectiva para reconstruir las bases que permitan alcanzar un punto de inflexión en la correlación política de fuerzas sociales fundamentales. En tal sentido, la proliferación de políticas públicas dirigidas a diferentes sectores de la población pueden representar un arma de doble filo para la burguesía a condición que el consejo técnico esté antecedido y acompañado por una lucha política liderada por un polo de clase que asuma concientemente su tarea.

No siendo ya el salario el vehículo para imponer la realidad de la unidad del trabajo social en contra de su escisión producción/reproducción, aspecto que hizo posible la realización de los pactos socio-tecno-productivos con la burguesía, las posibilidades de una auto valorización del trabajo de la clase trabajadora pone al centro de la lucha de clases el incremento del GPS, como la parte de la reproducción social que el Capital debe pagar, mediante acciones sociopolíticas en torno a la defensa y ampliación de los derechos adquiridos, para forzar hasta sus límites el Estado Social de Derecho y provocar una crisis en la ley del valor que sostiene las relaciones de producción capitalistas.

Para el caso específico de los jóvenes, se trataría de darle vuelta, como si fuera un guante, a los enfoques de Participación Juvenil orientados a la superación de la “exclusión social” ya criticada, por medio de acciones sociopolíticas: transformar la participación en resistencia y afirmación de su condición juvenil ligada a una posición de clase; el voluntariado y la autogestión, en auto valorización y autonomía; la selectividad y focalización de las inversiones estatales, en solidaridad y unidad de clase; la vinculación como “actor estratégico del desarrollo” en la radicalización de los derechos sin vinculación con el desarrollo sino como su condición previa; las formas de contratación “flexibles”, en la lucha por la distribución igualitaria del trabajo entre las generaciones, sin perjuicio de las condiciones de ningún trabajador, adulto, hombre, mujer o joven.

Ninguna de estas acciones podrá llevarse a término si no se educa a los jóvenes en una participación que recupere la necesidad y la posibilidad de la política como práctica de transformación social, no subordinada ni reducida a lo que se ha instituido como Estado bajo la inspiración del fetichismo de la paz social, tales como los mecanismos del voto y la actividad parlamentaria; significa incorporarse a estas formas, siempre y cuando sea de utilidad, pero también recuperar las formas más radicales de la participación política, desde la militancia en un partido hasta las manifestaciones públicas, las huelgas y las ocupaciones, la insumisión, la desobediencia civil, el sabotaje y la rebelión.

 

5.3 Criterios y bases metodológicas para animar una Participación Juvenil políticamente emancipadora

Esto implica, en la práctica de la promoción de la Participación Juvenil, atender la especificidad de la acción política de los jóvenes. En términos de Ciudadanía esto se vincula, entre fronteras de muy difícil demarcación, desde las formas más o menos anómicas de protesta y rebelión juvenil, caracterizadas por una alta dispersión individual y expresiones del tipo “sálvase quién pueda” y “quiero lo mío y lo quiero ahora”, hasta jóvenes más organizados y con proyectos sociales alternativos muy creativos y efectivos, pero a menudo difícilmente compatibles para participar en la actual organización política del Estado y lograr acceso a los rígidos formatos encarnados en los programas y proyectos.

A qué se debe esta incompatibilidad? Es obvio que, por lo menos en parte, se explica como resultado de las especificidades radicales en las formas y contenidos de la acción política de los jóvenes, las que se asumen como estrategias de legitimación social de la nueva condición juvenil. Cabe anotar que no se trata de un rasgo propio de los jóvenes, sino que es compartido por todas las culturas contra-hegemónicas que, como las juveniles, se instauran al margen o en contra de una cultura dominante, en este caso, la de los adultos. En otras palabras, la incompatibilidad de las alternativas de los jóvenes con el funcionamiento político adulto del Estado, primero, uno, no son exclusivas de los jóvenes, aunque si probablemente más visibles; y dos, sus relaciones con la cultura dominante adulta no son de oposición sino mediadas por acciones políticas que combinan – incluso racionalmente - resistencia, provocación y enmascaramiento (como si se dijera: “yo me disfrazo por un momento para acceder o ser escuchado”)

¿A cuáles especificidades nos estamos refiriendo concretamente o, mejor aún, que explicación hay para estas?, para eludir un poco la descripción rigurosa y detallada de lo que ya hemos experimentado todos, de una forma u otra, al convivir con jóvenes en nuestras ciudades... Básicamente apuntaremos dos principales, siendo conscientes de que seguramente quedan por fuera causas algunas otras igualmente primordiales; sin embargo, las siguientes son altamente relevantes pues atañen directamente a los mundos de vida juveniles:

– La primera particularidad tiene que ver con que mientras los tipos de acción social y política de los adultos son más visibles los criterios racionales y utilitarios, en el caso de los jóvenes, predominan los componentes emotivos y psico-sociales:

“El sentido que proporciona defender una posición que se ha hecho propia, la esperanza de lograr metas o de evitar lesiones a los intereses que se consideran valiosos por medio de la acción colectiva, (…) la seguridad cognoscitiva que resulta de compartir valores y opiniones con muchos otros, son todos fenómenos decisivos de la vida política y, particularmente sentidos y necesitados por los jóvenes” (FALETTO, 1986: 26).

– En segundo lugar, se verifica un creciente interés de los jóvenes por involucrarse en torno a intereses muy concretos y casi personales, situados como demandas ante las diferencias de la participación juvenil en las familias, los barrios y las instituciones escolares, etc.; es, en definitiva, el reclamo por ocupar lugares propios en la sociedad en todo aquello que tiene una relación inmediata con sus vidas. Esta conflictividad de las relaciones entre sociedad y jóvenes permite a estos últimos experimentar lo público por primera vez como esa capacidad de tejer una discusión pública extendida, mediada por una motivación común de resistencia o demanda claramente formulada bajo formas de organización y deliberación mínimas.

Todas estas son, para los jóvenes, experiencias altamente significativas en la adquisición de referencias y vivencias con un sentido colectivo, así como para obtener y reforzar un significado de lo que es definido socialmente como justo o injusto, pero a la vez sirven para dinamizar y enriquecer el corpus social entero: las organizaciones juveniles, en comparación con otros grupos, suelen ser mucho más democráticas, comprometidas vitalmente y con una asombrosa capacidad creativa para combinar grandes ideales con acciones pragmáticas y simbólicamente eficaces⁸.

Sin embargo en el caso de los jóvenes de sectores no integrados, conviene tener en cuenta algunas características cuya consideración especial pueden facilitar la educación social y promoción de la Participación:

· Son jóvenes que no sienten que su personalidad, en pleno proceso de construcción de una identidad, se identifique con lo que están haciendo, sean actividades de tiempo libre, familiares, escolares o laborales. Al contrario de los jóvenes más integrados, que encuentran satisfacciones diversas en el desempeño de los roles sociales que juegan derivadas de una proyección segura al futuro, estos jóvenes experimentan un hiato muy profundo entre sus aspiraciones – necesariamente vagas e imprecisas (la idea de que se quiere hacer algo distinto, pero no se sabe bien qué ni cómo) - con las experiencias que les impone una realidad de marginalización y la vivencia de diferentes formas de rechazo social, en donde el presente es más un obstáculo que una posibilidad de porvenir.

· Muchos son jóvenes “desertores” del sistema escolar, aunque más bien habría que decir expulsados, no solamente por las necesidades económicas de su familia (más común en el caso de los hombres jóvenes) o por la poca valoración que los padres hacen sobre el retorno de la inversión de dinero y tiempo que requiere la educación (más común en el caso de las mujeres jóvenes), sino por la excesiva rigidez del sistema escolar formal y su poca pertinencia con la realidad cotidiana. Esto significa que no se puede esperar de ellos una “cultura escolar”, en el sentido de un serie de actitudes y habilidades que son desarrolladas por esta institución, especialmente capacidad de concentración y atención, seguimiento de instrucciones escritas y sensibilidad a normas y jerarquías “externas”; por oposición, hay una mayor valoración de la experiencia directa y el aprender haciendo; retos conscientes e inconscientes para probar la consistencia de la “autoridad” y de las normas; mayor posibilidad de expresión y actuación mediante formas no verbales, que involucren manifestaciones simbólicas de tipo “artístico”

· Hay una fuerte tendencia, común entre todos los jóvenes, a la conformación de grupos, tribus, colectivos, etc., aunque con frecuencia las mujeres tienen más dificultades para participar en estas agrupaciones. Además de las razones de tipo psicológico que pueden dar cuenta de esta tendencia, entre los jóvenes de los sectores populares hay que considerar una necesidad de defensa y reconocimiento en el “no estar solos” que es mucho más fuerte que en los jóvenes integrados, que a menudo deviene en una especie de aislamiento narcisista, con un alto nivel de hermetismo y desconfianza frente a los extraños.

· En relación con lo anterior, para los colectivos de jóvenes de precaria integración social, la cuestión territorial es de suma importancia, pues a menudo sus trayectorias urbanas son muy limitadas y están bastante circunscritas a sus propias posibilidades de movilidad. Esto quiere decir que, al contrario de cierto imaginario adulto, no existe algo así como un “nomadismo” en las vivencias cotidianas de los jóvenes de sectores urbano – populares, y más si son mujeres. La importancia de esta consideración radica en que los lugares de los jóvenes populares urbanos, son, por norma general, cercanos a sus hogares, y son valorados como propios, conocidos y “seguros”. La primera consecuencia práctica que se puede derivar de esta constatación, es la importancia de identificar los territorios que en cada barrio condicionan sus reuniones y recorridos.

· La edad no es una característica uniforme: en los jóvenes marginados el abandono de la infancia y el no haber llegado todavía a la edad adulta tiene fronteras muchos más difusas que en los jóvenes más integrados, donde están mucho más marcadas por su relación con las instituciones del mundo adulto. Esto no es irrelevante, pues hay que diseñar acciones que tengan en cuenta las especialidades de las transformaciones adolescentes, que pueden ser más precoces que en otros grupos de jóvenes, el desarrollo de etapas cognitivas – de pensamiento abstracto - que quizás nunca son alcanzadas por estos jóvenes, y la coexistencia de rasgos adultos – como la formación de una familia propia – con situaciones propias de la edad juvenil.

· Esto implica que, al contrario de lo que es aceptado comúnmente, la moratoria social que singulariza al individuo joven en las sociedades capitalistas modernas también está presente en este grupo menos integrado, aunque con sus especificidades que es necesario reconocer en sus expresiones como una valoración negativa de la condicón juvenil, enmascarada por una vivência de presente “eterno”, en una moratoria experimentada más como una suma de restricciones e imposibilidades, que como una etapa de posibilidades abiertas y aprendizaje vital.

· En general, los jóvenes de sectores populares son de difícil “captación” por las instituciones, especialmente si son del Estado. En el contexto latinoamericano es muy esta situación esté reforzada por una imagen muy negativa de los organismos oficiales, asociada con temores y desconfianzas sociales muy arraigadas y bien fundamentadas por una tradición clientelista, represiva y violenta de parte de los organismos estatales. Para el acercamiento a estos jóvenes es importante partir de un actitud de no injerencia, que no supone “dejarlos hacer lo que quieran” sino mantener equilibrio entre cercanía, estímulo y disponibilidad, pero siempre manteniéndose en un segundo plano de la fotografía

· Las dificultades, inconvenientes y limitaciones de los jóvenes no integrados, más que con otras clases de jóvenes, están en gran parte determinados por los adultos, que con frecuencia son quienes suelen verlos y vivirlos como “problemas sociales”. En este sentido, no deben ser subestimados los efectos que se pueden conseguir, por lo menos, en dos importantes direcciones: (a) empezar a conseguir el apoyo de los padres y maestros, para que se interesen en reducir las tensiones con sus hijos y estudiantes; y (b) emprender la desestigmatización de los jóvenes populares ante la sociedad, haciendo visibles no sólo sus aspectos positivos, sino también las discriminaciones e injusticias que padecen.

Coherente con la argumentación hasta ahora presentada, las acciones que promuevan la participación de los jóvenes en los sectores populares menos integrados, deben orientarse por los siguientes criterios:

· Identificar en las propuestas de los jóvenes aquellas más progresistas desde el punto de vista del cuestionamiento al sistema, especialmente las que requieren el control directo de los recursos por parte de ellos, y vincularlas con las luchas económicas y políticas de otros colectivos de la misma clase.

· Siempre que sea posible, especialmente en los primeros contactos con el grupo destinatario de la oferta, ir hacia “donde están” los jóvenes (calles, escuelas, parques, etc.) en lugar de centralizar el servicio en la municipalidad u otro lugar no reconocido como escenario de jóvenes.

· Partir de las capacidades de los mismos jóvenes, aunque exija un esfuerzo especial por evidenciar, incluso para los mismos jóvenes, un nivel mínimo de desarrollo de distintas habilidades y talentos. · Ayudar a que los jóvenes construyan demandas propias, mostrando especial cuidado de discernir aquellas propuestas que se efectúan para “atraer” la oferta del municipio pero que se sospecha sin mucha relación con las verdaderas aspiraciones y gustos de los jóvenes. Esto va a significar un trabajo previo de “ganar” su confianza, de mucha observación y escucha, al que no se puede renunciar ni suponerlo de antemano.

· Conjuntamente, colaborar en que los jóvenes vayan cualificando su demanda: no contentarse con las primeras respuestas, sino procurar que vayan reflexionando y haciendo más concretos sus intereses y necesidades, a la par que van enriqueciendo y profundizando su capacidad de análisis crítico, por lo cual es esencial inculcar entre los propios jóvenes una actitud que valore el análisis de su realidad.

· Disponer de información para los jóvenes sobre distintas oportunidades, beneficios y servicios a los que pueden acceder, así como los requisitos de costo u otros, que le faciliten canalizar adecuadamente posibles respuestas específicas sobre inquietudes y problemas concretos (estudios, trabajo, salud, sexualidad, etc.).

· Fomentar acciones grupales entre los jóvenes, partiendo de la identificación inicial de intereses individuales, que puedan luego manifestarse como comunes y/o complementarios con otros intereses individuales, procurando momentos especiales donde puedan ser expresados y servir de base para emprender experiencias de actividades conjuntas.

Finalmente, ya en el marco de la Animación Sociocultural, las funciones generales del animador de los procesos de fomento de la Participación Juvenil deberían orientarse hacia:

· Apoyar la educación de los jóvenes, procurando actuar como mediadores entre los jóvenes que están en la calle y las instituciones escolares, y entre estas y los padres de familia, para conseguir que la educación formal sea valorada y posible.

· Ser agente de “presencia distinta” en el medio abierto, apareciendo como servidores públicos presentes en los territorios jóvenes, conocidos y aceptados como adultos próximos y positivos⁹. Esto requiere, por parte de estos animadores, la disposición para ejercer determinados roles en horarios y circunstancias poco habituales para otros profesionales.

· Estimular las iniciativas juveniles, evitando la intromisión y respetando los estilos propios de sus manifestaciones (informales, provisionales, variables, conflictivas con el poder adulto, etc.).

· Orientar el desarrollo y concretización de los intereses de los jóvenes, lo que va más allá de saber donde están los beneficios, las oportunidades y los servicios, sino también acompañar para facilitar el acceso de estos jóvenes a las distintas instituciones, relacionar sus intereses con sus actitudes y capacidades, aconsejar las elecciones y decisiones, etc.

· Ser agente de dinamización de las organizaciones juveniles en las comunidades, ayudando a que las acciones planeadas y realizadas por colectivos de jóvenes tengan en cuenta el contexto de sus comunidades, y al tiempo, sensibilizando a los adultos para que las organizaciones de jóvenes tengan mayor presencia y dinamismo en las instancias de participación local, como los Consejos de Desarrollo, Juntas de Vecinos, etc.

 

Referencias

BADIOU, A. “Dos ensayos de metapolítica”. In: Acontecimiento 17 (1999). http://www.grupoacontecimiento.com.ar/documentos/badiou17b.PDF

BALARDINI. S. “Políticas de juventud: conceptos y la experiencia argentina”. In: Última Década, 10. Viña del Mar: CIDPA, julio 1999: p. 1-16.

BORJA, J. Descentralización y participación ciudadana. Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local, 1987.        [ Links ]

FALETTO, E. ”La juventud como actor social en América Latina”. In: Revista CEPAL. Santiago: Naciones Unidas, agosto 1986.

HOPENHAYN, M. “La participación y sus motivos”. In: ELIZALDE, A. Formación en Cultura Ciudadana. Primer Seminario Nacional sobre Formación Artística y Cultural. Memorias. Ministerio de Cultura. Mimeo. Bogotá. CEPAUR. 1988: p. 5.

JAMESON, FREDRIC. “El posmodernismo como lógica cultural del capitalismo tardío” (1984). In: Ensayos sobre el posmodernismo. Buenos Aires: Ediciones Imago Mundi, 1991: p. 55-87.

MARTIN CRIADO, E. Estrategias de juventud. Jóvenes, estudios, trabajos, clases sociales. Tesis de doutoramento. Facultade de Ciências Políticas e Sociología. Madrid: Universidad Complutense , 1993.         [ Links ]

MARX, K. & ENGELS, F. Obras Completas. Buenos Aires: REUNIR Ediciones Digitales, 2002.         [ Links ]

TOURAINE, A. “Juventud y Democracia en Chile”. In: Revista Iberoamericana de Juventud, N° 1. Santiago: OIJ, julio 1996: p.10-50.

 

 

Endereço para correspondência

José Miguel Abad
R. Vicente Stancato, 48
Chácara Santa Margarida
13085-475 Campinas, SP Tel.: (5519) 32870210
E-mail: miguelabad2000@yahoo.com.ar

Recebido em 15/05/2005
Aceito em 12/06/2005

 

 

 

* Consultor en Juventud y Desarrollo.
¹ En los procesos modernizadores en América Latina pueden diferenciarse tres grandes proyectos, contradictorios y discontínuos, aunque relacionados: el primero, durante las reformas liberales introducidas entre 1880 y 1920; el segundo, después de de la segunda guerra mundial y hasta fines de la década de los 60´s, bajo el signo de la industrialización y la sustitución de importaciones planeada por el Estado desarrollista; el tercero bajo las directrices del Consenso de Washington, la globalización y el neoliberalismo, a principio de los 80´s y hasta hoy.
² Según la tesis de Baudiou (1998), que no vamos a desarrollar aquí, sostiene que el comunismo genérico sería el fin último de la política. Esto significa el decaimiento del Estado como forma institucional, es decir, el cese de la norma de soberanía. Así pensado, la política apuntaría a la anulación de sí misma, al desaparecer el sujeto que da sentido a la deliberación acerca del poder sobre los individuos. El fin del Estado es la introducción de una norma siempre exterior a las relaciones reales entre individuos, que bajo determinadas circunstancias – como las de una sociedad comunista, según la teoría marciana, podría no ser necesario.
³ La norma viene dada en función de unos intereses de clase. Tales parámetros “exteriores”, propuestos desde Aristóteles hasta Rawls, pasando por Kant y Hegel, forman parte de las doctrinas actuales de “Buen Gobierno”, cuya semejanza con lo expuesto por Marx en la Crítica de la Filosofía del Derecho vale la pena destacar: “No obstante así como la religión no hace al hombre, sino que el hombre hace a la religión, así la constitución del Estado no constituye al pueblo, sino que el pueblo hace la constitución. El hecho es que el Estado surge de la masa de hombres que existen como miembros de familias y de la sociedad civil” (MARX, 2002). Una de las consecuencias de la inversión de la causalidad hegeliana que critica Marx, donde la familia y la sociedad civil son dos fases del Termo utilizado a partir do conceito de ‘sofrimento ético-político’ de Sawaia, Bader B. O sofrimento ético-político como categoria de análise da dialética exclusão/inclusão. In: SAWAIA, Bader B. (org.) As artimanhas da Exclusão: análise psicossocial e ética da desigualdade social. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999. p. 97-118. Estado como Idea, es que el Estado, lejos de ser capaz - como Hegel suponía - de mediar en los antagonismos de la sociedad civil, más bien los refleja y condensa.
⁴ Como en la sociedad feudal la existencia de tierras marginales podían dar origen a la explotación de terrenos comunales fuera del dominio de las relaciones de vasallaje, y de ahí que la explotación feudal fuera más de carácter extensivo que intensivo, en la sociedad capitalista el trabajo se pone bajo el control de la relación salarial, con una tendencia a la extensión del mercado a cada vez más áreas de la experiencia humana, haciendo difícil distinguir las horas de trabajo dedicadas a la producción de las destinadas a la reproducción social o al tiempo libre: todo se hace trabajo y consumo. Así, los llamados “servicios comunitarios” comienzan a ser privatizados, incorporando a auto-gestión de las comunidades, especialmente de los jóvenes, como trabajo impago (“voluntario”) de reproducción social.
⁵ En estas circunstancias, debe calificarse deignorante o como cínica impostura la posición de los los sindicatos que, bajo las actuales condiciones del desarrollo capitalista, si ajustan pasivamente a la contractualización de la distribución del valor añadido y la retirada del Estado, cuando la única consecuencia de tal posición, dictada por las necesidades de austeridad y ajuste necesarias para salir de la crisis y recomponer la ganancia de los capitalistas, sólo puede ser el aumento de la subordinación del Trabajo al Capital.
⁶ Parecida suerte ha sufrido la investigación-acción participativa en sus diferentes corrientes, que de cuestionar los métodos positivistas de la investigación social y promover la adopción de una posición clasista en el investigador en lugar de la pretendida “objetividad científica”, devino en la mera validación del sentido común hegemónico y el relativismo de todos los puntos de vista.
⁷ Ahora bien, coincidimos con Badiou en que toda prescripción particular reordena la política al Estado y la somete a la férula de la autoridad estatal. Esta autoridad puede, eventualmente, llegar a prohibir la desigualdad, tal y como muestran los derechos humanos: la prohibición es siempre un régimen de Estado. En cambio, la democracia es lo que presenta la igualdad como realidad y resultado efectivo, no como mera posibilidad o aspiración; de ahí que la necesaria anulación o decaimento del Estado democrático, una vez alcanzada la igualdad.
⁸ Las características antes mencionadas son, pero en un sentido completamente inverso, se perciben en los partidos políticos de la burguesía: estructuras poco democráticas, gente poco comprometida realmente con una causa colectiva, actuaciones poco convincentes.
⁹ Contra un prejuicio muy extendido, las personas a cargo de la dirección y ejecución de programas con jóvenes no necesariamente deben ser a su vez otros jóvenes; de hecho puede ser más eficaz la acción de adultos que pueden servir de modelos “de identidad” y permitir experiencias diferentes en la relación intergeneracional.