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Revista Psicologia Política

Print version ISSN 1519-549X

Rev. psicol. polít. vol.13 no.28 São Paulo Dec. 2013

 

Psicología política del conflicto: relaciones intergrupales, exclusión social y participación política no convencional en el Perú

 

Political psychology of conflict: intergroup relations, social exclusion and unconventional political participation in Peru

 

Psicologia política do conflito: relações intergrupais, exclusão social e participação política não convencional no Peru

 

Psychologie politique des conflits : les relations intergroupes, l'exclusion sociale et la participation politique non conventionnelle au Pérou

 

 

Rosa María Luisa Cueto SaldivarI; Henry Raul Guillén ZambranoII

IMestra em Psicologia Comunitária pela Universidade do Chile, Santiago, Chile, Pesquisadora do Grupo de Psicologia Política e Professora Ordinária da Pontifícia Universidade Católica do Peru, Lima, Peru. rcueto@pucp.pe
IIGraduado em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica do Peru, Lima, Peru. hguillen@pucp.pe

 

 


RESUMEN

El presente artículo tiene por objetivo analizar la naturaleza de las relaciones intergrupales en el Perú y a partir de esta reflexión establecer algunos puntos a tener en cuenta respecto a las raíces de la exclusión y el conflicto social, dadas las relaciones jerárquicas entre distintos grupos que diversos estudios exploratorios han ido revelando durante los últimos años (Espinosa, 2006; Espinosa & Pancorbo, 2009; Espinosa, Cueto & Schmitz, 2012; Espinosa & Cueto, 2014). Por otro lado, se plantea cómo los mecanismos de participación política no convencional vienen siendo legitimados por los grupos sociales excluidos, dada la poca legitimidad con la que se percibe al Estado y las herramientas formales de participación (Córdova, 2013). Finalmente, revisaremos las principales secuelas psicosociales del Conflicto Armado Interno (CAI) (Guillén, 2013) y sus relaciones con los conflictos socioambientales en la actualidad, así como las nuevas formas de conflicto intergrupal evidenciadas a través de las redes sociales, principalmente en contextos electorales (Guevara, 2012).

Palabras clave: Relaciones intergrupales, Exclusión social, Conflicto social, Participación política.


ABSTRACT

The aim of this article is to analyze intergroup relations nature in Peru and from this reflection set some points to consider regarding the roots of exclusion and social conflict, given by hierarchical relationships between different groups that some exploratory studies have been revealing in recent years (Espinosa, 2006; Bucksport & Espinosa, 2009; Espinosa, Cueto & Schmitz, 2012; Espinosa & Cueto, 2014). Furthermore, it presents how unconventional mechanisms of political participation are being legitimized by social excluded groups, due to the lack of legitimacy that the state is perceived and formal participation tools (Cordova, 2013). Finally, the major psychosocial sequelae of Internal Armed Conflict (IAC) are reviewed (Guillén, 2013) and their relation with socio-environmental conflicts today, as well as new forms of intergroup conflict evidenced through social networks, especially in electoral contexts (Guevara, 2012).

Keywords: Intergroup relations, Social exclusion, Social conflict, Political participation.


RESUMO

Este artigo tem como objetivo analisar a natureza das relações intergrupais no Peru e deste reflexo definir alguns pontos a considerar sobre as raízes da exclusão e conflito social, dadas as relações hierárquicas entre diferentes grupos divulgadas em vários estudos nos últimos anos (Espinosa, 2006; Bucksport & Espinosa, 2009; Espinosa, Cueto & Schmitz, 2012; Espinosa & Cueto, 2014). Por outro lado, considera como os mecanismos de participação política não convencional estão sendo legitimada por grupos sociais excluídos, dada a pouca legitimidade com que percebe as ferramentas de participação formais do Estado (Cordova, 2013). Finalmente, vamos analisar as principais sequelas psicossociais do conflito armado interno (CAI) (Guillén, 2013) e suas relações com conflitos ambientais atuais, bem como novas formas de conflito intergrupal evidenciado através das redes sociais, especialmente em contextos eleitorais (Guevara, 2012).

Palavras-chave: Relações intergrupais, Exclusão social, Conflitos sociais, Participação política.


RÉSUMÉ

Cet article vise à analyser la nature des relations intergroupes au Pérou et de cette réflexion définir quelques points à considérer en ce qui concerne les racines de l'exclusion et les conflits sociaux, données les relations hiérarchiques entre les différent groupes des diverses études exploratoires ont été révélés au cours des dernières années (Espinosa, 2006 ; Espinosa et Bucksport, 2009 ; Espinosa, Cueto et Schmitz, 2012 ; Espinosa et Cueto, 2014). D'un autre côté, on projette comment les mécanismes de participation politique non conventionnelle sontlégitimés par des groupes sociaux exclus, donnée la faible légitimité dont il perçoit l'État et outils formels de participation (Cordoue, 2013). Enfin, nous réviserons les principales psycho-sociales séquelles du Conflit Armé Interne (CAI) (Guillén, 2013) et leurs relations avec les conflits socio-environnementaux actuellement, ainsi que les nouvelles formes de conflit intergroupal mises en évidence à travers les réseaux sociaux, surtout dans le contexte des élections (Guevara, 2012).

Mots clés: Relations intergroupales, Exclusion sociale, Conflit social, Participation politique.


 

 

Introducción

Las relaciones intergrupales en el Perú vienen conformando un importante foco de interés en los últimos años. Esto principalmente debido a la creciente necesidad de los investigadores por comprender las dinámicas que subyacen a las distintas formas de relacionarse entre los grupos sociales que conforman el país y que lamentablemente, en su mayoría, vienen trayendo como consecuencia el nacimiento de una gran cantidad de conflictos sociales, mayoritariamente de naturaleza socioambiental. Siendo así que la Defensoría del Pueblo del Perú reportó en su Informe Mensual de Conflictos Sociales el aumento en cantidad de conflictos, tanto en número como en intensidad, pasando de 47 en el 2004 a 212 en febrero del año 2014, 136 de los cuales reconocidos como conflictos socioambientales (Defensoría del Pueblo, 2014).

Tal cantidad de conflictos sociales da luces acerca de los bajos niveles de tolerancia política a nivel nacional en tanto revelarían la poca disposición de los actores a aceptar la expresión de ideas e intereses divergentes a los del propio grupo y que supondrían una mirada contradictoria respecto del orden social que éste defiende (Sullivan, Pearson & Marcus, 1993). En este escenario es relevante mencionar que la tolerancia política, considerada como una actitud política, fundamenta una de las principales columnas de cualquier democracia estable ya que sostiene y promueve el respeto de las libertades, evita la confrontación social y reduce el accionar coercitivo contra las minorías (Sullivan, Pearson & Marcus, 1993). Sin embargo se ha demostrado que los niveles de tolerancia política son sensibles al contexto; así, cuando la percepción de amenaza intergrupal es latente los niveles de tolerancia tienen a reducirse (Gibson & Bingham, 1982). Lo anterior cobra importancia en un contexto como el peruano, en el que la prevalencia de conflictos sociales, étnicos, raciales y culturales parece ser consecuencia de una identidad nacional fragmentada y que evidenciaría un cuestionamiento respecto de sus componentes (Bruce, 2007; Espinosa, 2011).

Esta fragmentación se vería reforzada por la evaluación negativa que hacen los distintos grupos sociales respecto del funcionamiento del aparato estatal, lo cual como menciona Long (1990) suele generar en la población sentimientos de desmoralización y emocionalidad negativa hacia el sistema político. Estos factores devienen en una percepción de amenaza constante, y una visión crítica del sistema y de su legitimidad (Long, 1990). En un contexto en el que se percibe una insatisfacción de las demandas sociales y un limitado acceso a mecanismos de participación política formal, junto a sentimientos de frustración y desventaja social emergen nuevas formas de participación política no-convencional (Ekman & Amná, 2012; Sandoval, Hatibovic & Cárdenas, 2012). Estas nuevas formas de expresión ciudadana están basadas en la acción directa de los ciudadanos en el espacio público y suelen ubicarse en los límites de la normatividad; entre ellas se ubican protestas, huelgas y otras manifestaciones públicas, que pueden darse tanto de manera pacífica como violenta y que demandan un involucramiento emocional por parte de sus actores (Córdova, 2013; Ekman & Amná, 2012; Sandoval e col., 2012).

En línea con lo mencionado anteriormente, la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú recuerda que la conformación y estructuración de la sociedad peruana ha estado históricamente teñida por distinciones entre grupos sociales que marcan diferencias jerárquicas y escenarios de exclusión social constante (Comisión de Entrega de la CVR, 2003). En tal escenario es que se han generado constantemente situaciones de conflicto social y violencia colectiva, siendo el llamado Conflicto Armado Interno la mas prolongada, de mayor intensidad y de efectos más negativos para la sociedad en general (Comisión de Entrega de la CVR, 2003; Defensoría del Pueblo, 2013a; Defensoría del Pueblo, 2013b).

En este marco, el presente artículo se propone presentar los procesos psicológicos que anteceden al conflicto social en el Perú, teniendo como referencia estudios recientes que vienen dando luces acerca de las dinámicas psicosociales que estructuran las relaciones intergrupales, y promueven la generación de estereotipos y prejuicios intergrupales, así como de las situaciones de discriminación que afectan a los grupos de menor estatus al interior de la sociedad peruana. De igual forma se buscará profundizar, desde la psicología social de los fenómenos políticos (Espinosa e col., 2012), en los procesos que generan y mantienen la exclusión social así como las estrategias y reacciones que se estructuran para hacerle frente, siendo una de éstas y la más radical, la expresión violenta del conflicto. Finalmente, se buscará analizar los efectos psicosociales del Conflicto Armado Interno, así como sus repercusiones en diversos ámbitos de la vida social.

 

Relaciones Intergrupales en el Perú: identidad social, estereotipo y prejuicio intergrupal

Las relaciones intergrupales se definen como aquellas formas en que los miembros de dos o más grupos se vinculan entre sí en función de sus identificaciones grupales (Sherif, 1958). Estos procesos median la conformación de la identidad social, en tanto dan forma a significados tanto valorativos como emocionales que redundan en la autoestima individual de los miembros de determinada categoría social y fortalecen su identificación con el endogrupo, así como la distinción de los exogrupos (Espinosa, 2011; Fiske, 1998; Stangor, 2000; Ramos de Oliveira, 2009; Tajfel, 1984). En consecuencia el grado de identificación del individuo con una categoría social determinada influenciaría la manera en que éste piensa, siente y actúa ante sí mismo y frente a los demás (Hoggs & Abrams, 2001; Sherif, 1958).

Se tiene evidencia del efecto de la membresía grupal en la autoestima personal en procesos de identificación con categorías étnicas, raciales y culturales determinadas (Espinosa, 2011). La evidencia indica que si las categorías de identificación están asociadas a situaciones negativas la identidad social generará vergüenza y culpa, afectando negativamente la autoestima de sus miembros (Doojse, Branscombre, Spears & Manstead, 1998; Páez, Márquez, Valencia & Vincze, 2006). Cuando la categoría de identificación supone un colectivo nacional, la identidad nacional resultante se origina tanto en la comparación con otras naciones como con la situación actual y pasada de la nación (Genna, Espinosa & Páez, 2010; Nigbur & Cinnirella, 2007). Así, la percepción de mayores niveles de identificación con el colectivo nacional estará vinculada tanto a una mayor recordación de eventos positivos como al bloqueo de hitos históricos negativos (Dresler-Hawkey & Liu, 2006; Espinosa, 2011; Páez, Marques, Valencia & Vincze, 2006; Rottenbacher & Espinosa, 2010).

En el caso peruano, estudios no representativos refieren que la estructura de la identidad nacional peruana se asienta sobre la base del vínculo de los individuos con el espacio geográfico más que en la identificación y cohesión entre los distintos grupos sociales que la componen (Espinosa, 2011; Espinosa, Cueto & Schmitz, 2012). Estos hallazgos son consistentes con estudios que revelan la dificultad de los peruanos para procesar las diferencias y afrontar la diversidad étnica, racial y cultural que caracteriza la sociedad peruana (c.f. Espinosa, 2011; Espinosa & Calderón-Prada, 2009; Rottenbacher, 2009; Rottenbacher & Espinosa, 2010). La evidencia apoya la idea de una identidad nacional todavía frágil, poco cohesionada y de un sí mismo colectivo aún en duda (Bruce, 2007; Espinosa, 2011; Comas-Díaz, Lykes & Alarcón, 1998; Salgado en Espinosa e col., 2013).

Tales dinámicas vienen generando que en el Perú las relaciones intergrupales estén mediadas por la distinción entre categorías sociales de alto y bajo estatus derivadas de orígenes raciales, étnicos, culturales, regionales y de género (Espinosa e col. 2007; Sanborn, 2012). Las investigaciones muestran que las categorías raciales blanco, asiático y mestizo se asocian a atributos mejor valorados que las características atribuidas a las categorías andinos, amazónicos y afroperuanos; percibidos los primeros como grupos de mayor estatus y de mayor acceso al poder (Espinosa, 2011; Espinosa e col., 2007; Pancorbo e col., 2011).

Así por ejemplo, mientras el poder y el éxito social son características atribuidas a los blancos -también percibidos como corruptos, individualistas y poco patriotas- a los andinos, los nativos amazónicos y los afroperuanos se les atribuye el conformismo, el atraso, el subdesarrollo y la incapacidad, lo que los representa como alejados del poder- aunque también son representados como valientes, patriotas y solidarios- (Espinosa, 2011; Espinosa e col., 2007; Pancorbo e col., 2011). Aunque los diversos grupos sociales presentan similitudes en la estructuración de las representaciones estereotípicas asociadas a los distintos grupos étnicos y raciales, existen diferencias en términos de sus marcos explicativos. Así, personas de nivel socioeconómico bajo, generalmente más autoidentificadas con categorías de bajo estatus, atribuyen el éxito de los blancos a la opresión que ejercen sobre la población indígena o afrodescendiente, generalmente pobre (Pancorbo e col., 2011), mientras que los sectores económicos medios y altos, tradicionalmente autoidentificados con categorías de alto eestatus, atribuyen la pobreza de los indígenas y afrodescendientes a su escaza capacidad y empeño (Espinosa, 2011; Espinosa e col., 2007).

Así como en otros países de Latinoamérica en el Perú existe una sobrevaloración de lo blanco, junto con una valoración negativa de lo indígena, seguido de lo afroperuano, con lo que implícitamente se niega los aportes de estas categorías a la identidad colectiva nacional (Bustamante, 1986; Molina & Rivera, 2013; Portocarrero, 1992). De esta forma se corrobora la significativa importancia atribuida a los rasgos fenotípicos, a los valores culturales y a los niveles de acceso al poder en la dinámica de las relaciones intergrupales en el Perú (Bruce, 2007; Comas-Diaz, e col., 1998), tal y como en otros países de composición social heterogénea (Espinosa & Cueto, 2014; Merino, Millamán & Quilaqueo en Sandoval e cols, 2012).

Por otro lado, en tanto las relaciones entre los grupos sociales nacionales se basan en jerarquías y estructuras verticales, las amenazas simbólicas o reales al estatus-quo y a la visión que se tenga del mundo tienden a provocar emociones de ansiedad e inseguridad en los grupos de mayor estatus, favoreciendo la emergencia de actitudes autoritarias ante todo estímulo que represente un riesgo (Duckitt & Fisher, 2003; McCann, 2008). Tales actitudes darían forma a situaciones de exclusión social y al surgimiento de conflictos intergrupales que enfrentarían a los grupos de alto estatus con aquellos que se perciben como excluidos (Espinosa, Cueto & Schmitz, 2012).

Conflicto intergrupal y participación política no convencional en un escenario de exclusión social

En países cuya organización social refleja una estructura jerárquica es posible identificar a grupos en situación de exclusión social, entendida ésta como el conjunto de prácticas sociales por las que los grupos de menor estatus son impedidos de acceder a la justicia, así como a una serie de preocupaciones morales de las que sí gozan los miembros de grupos sociales más poderosos (Morales, 2003). En dichas sociedades y países se da una distribución desigual de poder y de estatus entre los diferentes grupos sociales que la componen y sus miembros(Chong & Ñopo, 2007; Espinosa, 2011; Espinosa e col., 2007; Espinosa & Pancorbo, 2009; Genna & Espinosa, 2012; Morales, 2003; Pancorbo e col., 2011). En el caso peruano, ciertos grupos étnicos presentan peores condiciones de vivienda, educación, salud, inserción laboral y acceso a la justicia, encontrándose más propensos a sufrir los efectos negativos de la violencia estructural y de las catástrofes, tal como sucedió en el periodo de conflicto armado interno 1980 - 2000 (Banco Interamericano de Desarrollo, 2008; Comisión de Entrega de la CVR, 2003; Chong & Ñopo, 2007).

Toda condición de exclusión genera reacciones desde sus distintos actores. Los estudios señalan que desde el lado de los grupos excluidos surge la necesidad imperante por proteger la autoestima individual y colectiva del endogrupo, haciendo de las características por las que son estigmatizados sus principales atributos identitarios, e incluyendo como parte de su autoconcepto tanto los atributos poco valorados como el contenido estereotípico negativo (Branscombre, Schmitt & Harvey, 1999; Espinosa, 2003; Frable, Platt & Hoey 1998; Ramos de Oliveira, 2009). Dicha dinámica tendería a suscitar actitudes de reivindicación del endogrupo y una sensación de desconfianza hacia los grupos dominantes, quienes son percibidos como culpables de la situación de injusticia (Bianchi, Zea, Belgrave & Echeverry, 2002; Crocker & Major, 1989; Páez, Zubieta & Mayordomo, 2004; Pancorbo e col., 2011; Smith e col., 2005; Traverso-Yépez, 2005; Williams, Spencer & Jackson, 1999).

Algunas reacciones frente a la exclusión social son definidas desde las actitudes políticas, principalmente el potencial de represión y la legitimidad del reclamo y de la protesta pública. Se define el potencial de represión como la disposición a aceptar el uso de instrumentos de control por parte de las autoridades con el objetivo de enfrentar protestas, manifestaciones y actividades no-ortodoxas (Gibson & Bingham, 1982; Marsh & Kaase, 1979); por su parte la legitimidad del reclamo y de la protesta pública se entiende como la disposición hacia el reconocimiento y aceptación frente al derecho de grupos distintos al propio a reclamar o realizar algún tipo de protesta que pueda alterar el orden social establecido (Olsen & Baden, 1974). Grompone & Tanaka (2009) señalan que estos mecanismos de participación política no formal surgen en contextos en los cuales los mecanismos formales son evaluados como costosos y poco eficaces, sumado ello a la deslegitimación del Estado y de sus principales instituciones y actores sociales, poniéndose en duda la naturaleza de su representatividad frente a las necesidades no satisfechas de los grupos excluidos. Es en estos escenarios que el reclamo y la protesta se reivindican como mecanismos legítimos y efectivos de participación política (Grompone & Tanaka, 2009).

Algunos estudios respecto de la tolerancia política refieren que el Perú se encuentra, a nivel regional, por debajo del nivel promedio, por lo que habría una fuerte actitud de rechazo hacia mecanismos de participación política no convencional (Tanaka & Grompone, 2009) entendiendo que estos puedan ser tanto legales (protestas, huelgas y manifestaciones pacíficas) como ilegales (protestas violentas, bloqueos de carreteras y confrontación) (Cameron, Shannon & Nichelsen, 2009; Ekman & Amna, 2012; Jost, Chaikalis, Abrams, Sidanius, van der Toorn & Bratt, 2012). Como menciona Córdova (2013), el nivel de participación política no convencional en el Perú sería uno de los más bajos a nivel regional debido a que aquellos grupos que están a favor de este tipo de accionar son una minoría en el país frente a la gran mayoría que muestra intolerancia frente a estos mecanismos de participación (Carrión, Seligson & Zárate, 2012). Cabe mencionar que el surgimiento de estos mecanismos de acción política no convencional se da principalmente en el sector rural, explicándose por distintos factores como las experiencias de victimización, la corrupción y las condiciones socioeconómicas (Carrión & Zárate, 2012), así como por la percepción del mal funcionamiento de las instituciones formales vinculadas con la democracia participativa (Machado, Scartascini & Tomassi, 2011).

En el Perú, se ha encontrado que las actitudes políticas arrojan resultados diferenciados en los distintos escenarios nacionales: la capital, el interior-urbano y el interior-rural (Córdova, 2013). Así, se encontraron actitudes más positivas hacia la protesta y el reclamo en el interior-rural en comparación con la capital. Sin embargo, estas reacciones más positivas frente a la participación política no convencional no se condicen necesariamente con una mayor tolerancia política, en tanto la protesta nace como una estrategia alternativa frente a la ineficacia de los mecanismos formales de participación, por lo que no involucraría necesariamente una actitud dialogante frente a otros discursos (Córdova, 2013), principalmente en una coyuntura en la que la gran mayoría de conflictos sociales surge coincidentemente en el contexto rural (Defensoría del Pueblo, 2014).

Además de las actitudes políticas, otras investigaciones realizadas en el Perú han encontrado en la ideología política conservadora, principalmente en el autoritarismo de ala derecha (RWA) y la orientación hacia la dominancia social (SDO), indicadores que estarían describiendo también una serie de actitudes y comportamientos vinculados con el conflicto intergrupal y la exclusión social. Por un lado, se ha visto que el RWA implica una predisposición hacia la sumisión frente a las normas como mecanismo para la defensa del endogrupo y la preservación del orden social establecido (Altemeyer, 2004; Duckitt & Fisher, 2003; Duckitt & Sibley, 2010), así como una tendencia al desarrollo de prejuicios y actitudes negativas frente a las minorías (Haddock, Zanna & Esses, 1993; McCann, 2008; Stones, 2006), además de una actitud favorable hacia la restricción de derechos civiles (Kossowska, Trejtowicz & Lemus, 2010) y hacia comportamientos injustos y punitivos por parte del Estado con el fin de asegurar el mantenimiento del estatus-quo (Altemeyer, 1988; Altemeyer, 1996; Benjamin, 2006).

En el caso peruano, se ha encontrado que la capital del país presenta mayores niveles de RWA respecto del interior-rural, lo que en parte explicaría la tensión política entre la capital y el interior; por un lado el interior siempre ha tendido a inclinarse por candidatos de movimientos políticos críticos al sistema, mientras que Lima, la capital, ha terminado por ser, generalmente, de intención política convencional y tradicional (Córdova, 2013; Espinosa, Calderón-Prada, Burga & Güímac, 2007). Se encontraron también diferencias en los niveles de potencial de represión entre la capital de país y el interior-rural; reportándose asociaciones en este último sector entre el potencial de represión y actitudes favorables hacia los mecanismos de participación política no convencional, en algunos casos violentos (Córdova, 2013). A su vez, se encontró que tanto en el interior-rural como en la capital del país se reportan niveles altos de RWA; sin embargo las asociaciones entre esta variable y las actitudes favorables hacia los mecanismos de participación política no convencional fueron opuestas, lo que se explicaría en tanto la actitud hacia la protesta y el reclamo, así como la intolerancia política y la actitud negativa hacia la participación política no convencional buscan como fin común mantener o establecer el orden social y preservar la cohesión (Jost e col., 2009; Kruglanski, 1996).

Respecto de la SDO, se ha encontrado en estudios nacionales que una mayor orientación a la dominancia social se asocia a una menor valoración de determinados grupos étnicos (Espinosa e col., 2007), lo que se explicaría en tanto la SDO implica una preferencia por relaciones inequitativas y jerárquicas en las relaciones intergrupales (Duriez, Van Hiel & Kossowska, 2005; Pratto e col., 1994; Sidanius & Pratto, 1999).

Esta situación de asimetría en estatus y valoración, característica de contextos socialmente jerárquicos, se encontraría a la base de la generación de conflictos intergrupales, que se ven agudizados en determinadas coyunturas políticas en las que los grupos de mayor estatus buscan mantener su posición ventajosa e imponer su ideología y sistema de valores (Crocker, Major & Steele, 1998). A su vez, estos procesos psicológicos agudizarían las asimetrías entre categorías sociales, dificultando a grupos de bajo estatus acceder a mejoras en su calidad de vida, y fortaleciendo relaciones intergrupales conflictivas (Espinosa, 2011; Pancorbo e col., 2011, Portocarrero, 1992), como las evidenciadas a partir de los mecanismos de protesta y movilización social.

En concordancia con lo anterior, se tiene evidencia que demuestra que las relaciones intergrupales que desencadenan un conflicto derivan de procesos de identificación social en los que el exogrupo es percibido como fuente de amenaza, simbólica o real, generando ansiedad e inseguridad y promoviendo la emergencia de estereotipos y prejuicio a nivel intergrupal (Duckitt & Fisher, 2003; Espinosa, 2011; Fiske, 1998; Kunda, 2001; McCann, 2008; Smith & Mackie, 2000).

Por otro lado, la construcción de una identidad nacional cohesionada en el Perú se vería debilitada en la medida en que todavía hay muchos conflictos intergrupales sin resolver y que las relaciones entre los grupos sociales que conforman la nación dan origen a expresiones de exclusión y prejuicio (Comas-Díaz e col., 1998; Espinosa, 2011), que se evidencian por ejemplo en las situaciones de discriminación y la desvalorización de grupos de menos estatus, expresados través de las redes sociales en los últimos procesos electorales del 2006 y el 2011(Espinosa, 2006; Espinosa & Pancorbo, 2009; Guevara, 2012). Estos procesos han evidenciado cómo hoy en día las redes sociales conforman un nuevo espacio abierto que facilitaría la expresión de comentarios surgidos de los prejuicios y estereotipia negativa, de contenido étnico y racial, provocados a su vez por la sensación de amenaza al estatus quo que suponía la potencial victoria del candidato que representaba a los sectores menos valorados de la sociedad (Ferrándiz, Ibáñez & Espinosa, 2011; Guevara, 2012; Godoy, 2011).

Por otro lado, cabe señalar que la evaluación actual del marco institucional como deslegitimado e ineficaz se ha visto reforzada por una serie de intentos fallidos por reestructurar un orden político en el país, expresados éstos en las dictaduras militares y la inestabilidad política en los años 70's, la crisis económica y el surgimiento de la violencia política en los 80's, así como la dictadura fujimorista de los 90's (Grompone & Tanaka, 2009). De ahí que el bajo apoyo al sistema político actual, que evidencian los estudios en el ámbito nacional, sea consecuencia de la situación descrita anteriormente, así como de la insatisfacción social frente a las demandas ciudadanas no satisfechas (Booth & Selligson, 2009). Se ha encontrado que los niveles menores de apoyo al sistema político se encuentran con mayor frecuencia en el ámbito rural y en población ubicada en los quintiles de riqueza más bajos, cuya percepción negativa respecto de la situación económica personal y nacional va de la mano con su experiencia directa con la inseguridad, la corrupción y la exclusión (Carrión & Zárate, 2010).

En concordancia con lo anterior, se ha establecido que las motivaciones que disparan la protesta y el reclamo en el Perú están vinculadas a percepciones de amenaza para el bienestar del grupo provenientes de las políticas de Estado, principalmente en ámbitos de mayor desventaja; estando estas percepciones a la base de actitudes políticas que legitiman el uso de mecanismos de participación política no convencional (Córdova, 2013; Gurr, 1970). En estos contextos, el sistema político hegemónico es también percibido como intolerante frente a los actores sociales que busquen impugnar las políticas de las autoridades a través de mecanismos de participación política que se revelan contra el orden social (Córdova, 2013). Al respecto, la historia nacional, da cuenta de respuestas no convencionales frente al orden hegemónico, como las reacciones de los actores afectados por las industrias extractivas en el marco de los denominados conflictos sociambientales en la actualidad, y, con mayor intensidad y violencia, el conflicto armado interno del período del 80 al 2000 (Comisión de Entrega de la CVR, 2003; Guillén, 2013).

 

El Conflicto Armado Interno y los Nuevos Conflictos Sociales en el Perú

La emergencia de una sensación generalizada de miedo y desconfianza, la destrucción del referente comunal y de la familia como principal estructura social son algunas de las principales secuelas psicosociales que la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (2003) menciona como consecuencia del conflicto armado interno que azotó al país durante los años 1980 - 2000 (Comisión de Entrega de la CVR, 2003). El Informe Final de la CVR señala como la población más afectada por la violencia política característica de ese período a los habitantes de las zonas rurales del Perú (Comisión de Entrega de la CVR, 2003); de ahí que las secuelas psicosociales no atendidas del conflicto tendrían eco en la tensa relación que mantienen al día de hoy estas comunidades con el Estado (Guillén, 2013) y que se expresaría en una preferencia por los mecanismos no convencionales de participación política señalados anteriormente. Lo anterior se evidencia con gran intensidad en las confrontaciones entre la población de las zonas altoandinas y amazónicas y los funcionarios estatales en el marco de las protestas y movilizaciones en contra de los proyectos de extracción de recursos naturales en sus territorios (Comisión de Entrega de la CVR, 2003; Pancorbo, Espinosa & Cueto, 2011).

Mackie, Devos y Smith (2000) plantean que la violencia política impacta también en la identidad nacional, tanto en el caso de víctimas directas como indirectas, dado que las emociones socialmente compartidas generadas por el conflicto provocarían que los elementos que podrían generar cohesión se tornen irrelevantes frente a la necesidad de asegurar la sobrevivencia del endogrupo; sumado lo anterior al efecto negativo en el autoconcepto y al autoestima social que tendría la propia experiencia de sentirse víctimas de otros peruanos, o verse en el medio de un enfrentamiento de dos bandos de connacionales, el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (Degregori, 1996).

En la memoria colectiva de las víctimas, el CAI supone un precedente negativo, como es también negativa la evaluación respecto del papel del Estado y los gobiernos en su misión de generar mecanismos que fortalezcan un sentimiento de colectividad en la nación y que busquen generar espacios de reconciliación entre los distintos actores implicados en este periodo (Comisión de Entrega de la CVR, 2003; Guillén, 2013). En vista de esto se mantiene en los sectores de menor estatus la percepción de abandono por parte del aparato estatal, lo cuál lo deslegitima y lo hace poco confiable. Como contraposición, se ven favorecidas y legitimadas memorias colectivas estructuradas sobre la base de la victimización y la exclusión, antes que desde una percepción colectiva y funcional del país (Lyons, 1996; Marques, Páez, Valencia & Vincze, 2006; Páez, Basabe & González, 1997; Rottenbacher e col., 2010). Como se ha visto, las acciones de participación política no convencional surgidas durante los últimos años en el Perú (Defensoría del Pueblo, 2014) tendrían a la base la percepción de la prevalencia de relaciones entre grupos sociales basadas en el conflicto y la inequidad (Córdova, 2013; Espinosa, 2011; Espinosa & Cueto, 2014). Estos últimos procesos a su vez se encuentran fuertemente arraigados en ideologías políticas de tipo conservador (Altemeyer, 1988; Altemeyer, 1996; Benjamin, 2006; Jost e col., 2009; Pratto, 1999; Pratto e col., 1994), cuya existencia puede rastrearse históricamente en los distintos discursos que determinan distinciones y valoraciones diferentes de los grupos que conforman la nación peruana, basadas en sus orígenes étnicos o raciales (Espinosa, 2011; Zapata & Rojas, 2013). Nos encontramos entonces ante el conflicto social como la expresión de una serie de dificultades para la cohesión y la armonía social que atraviesan la sociedad peruana y que se vinculan con categorizaciones y evaluaciones de grupos étnicos que son utilizadas para establecer situaciones de discriminación social y étnica (Bartolomé, 2005).

 

Conclusiones

Las dinámicas intergrupales en el Perú están mediadas por distinciones entre grupos sociales de alto y bajo estatus, muchas de ellas basadas en características étnicas, raciales y culturales. Esta dinámica ha llevado a que algunos grupos étnicos o raciales -blancos, asiáticos y mestizos- sean mejor valorados que otros, -andinos, amazónicos y afrodescendientes-, en base únicamente a características étnicas (Espinosa e col. 2007; Espinosa e col., 2012; Sanborn, 2012;).

La cantidad e intensidad de conflictos sociales en la actualidad y los antecedentes de violencia que tiene el país reflejan claramente un nivel muy bajo de tolerancia política por parte de los distintos actores vinculados a estas dinámicas; lo anterior evidencia que las relaciones intergrupales en el país no están orientadas por una disposición por parte de los distintos grupos sociales hacia la aceptación de la expresión de ideas y acciones provenientes de miembros de otros grupos, con los cuales conviven cotidianamente (Espinosa, 2011; Fiske, 1998; Ramos de Oliveira, 2009; Stangor, 2000; Tajfel, 1984). Esta situación estaría a la base de una fuerte disposición por parte de la población en general hacia actitudes conservadoras y bastante autoritarias, con el fin de mantener o establecer un determinado orden social (Córdova, 2013). Sin embargo, dadas las condiciones de diversidad étnica, cultural y racial del país, lo anterior deviene en el nacimiento de choques intergrupales, que originan en muchos de estos casos situaciones de conflicto intergrupal.

La protesta, el reclamo y otros mecanismos de participación no formal surgen como reacción del grupo social excluido, al percibir que los mecanismos formales de participación política no son eficaces, ni legítimos y son sumamente costosos. En el caso peruano, la percepción de amenaza del endogrupo estaría mediando también estas actitudes y comportamientos vinculados con el conflicto social. Este proceso debilitaría la conformación de una identidad nacional fortalecida, en tanto la sobrevivencia y seguridad del endogrupo se priorizaría antes que la motivación por la cohesión del colectivo nacional (Córdova, 2013).

Finalmente, junto con el creciente aumento de conflictos sociales en el Perú, principalmente socioambientales, se abren nuevos escenarios en los que las relaciones intergrupales conflictivas emergerían y se agudizarían, utilizando los grupos conservadores tanto el espacio público como las redes sociales para hacer expresión directa de comentarios prejuiciosos y discriminadores frente a grupos que encarnen posturas políticas que supongan para ellos una amenaza al estatus-quo (Guevara, 2012).

 

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Recebido em 03/10/2013
Revisado em 14/11/2013
Aceito em 11/12/2013