DOSSIÊ

 

Evaluación del Impacto de la Comisión de la Verdad en Ecuador: aportes psicosociales en la actual discusión sobre la reparación a las víctimas¹

 

Impact Assessment of the Truth Commission in Ecuador: psychosocial contributions to the current debate on reparations for victims

 

Avaliação do Impacto da Comissão da Verdade no Equador: contribuições psicossociais na atual discussão sobre reparações às vítimas

 

Évaluation de l'Impact de la Commission de la Vérité en Equateur: contributions psychosociaux au discussion actuelle sur les réparations pour les victimes

 

 

Carlos Reyes^I; Gino Grondona^II; Marcelo Rodríguez^III

^IDoutor em Psicología Social pela Universidad Autónoma de Madrid, Madri, CM, Espanha. carlos.reyes@uam.es
^IIPsicólogo pela Universidad de Valparaíso, Chile, mestre em Desenvolvimento Regional e Local pela Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile. Atualmente é docente no curso de Psicologia da Universidad Politécnica Salesiana, Quito, Equador. ggrondona@ups.edu.ec
^IIIPsicólogo pela Universidad de Valparaíso, Chile, mestre em Estudos Urbanos pela Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Equador. Atualmente é docente no curso de Psicologia da Universidad Politécnica Salesiana, Quito, Equador. marcelor26@yahoo.es

 

 

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RESUMEN

La Comisión de la Verdad en Ecuador (CVE) y el Informe "Sin Verdad no hay Justicia" (2010), se establecieron como medida de reconocimiento del Estado ecuatoriano ante las sucesivas vulneraciones a los derechos humanos que se presentaron desde 1984-88, y posteriormente hasta 2008. En este contexto, se realizó esta investigación que permitió conocer el impacto del trabajo de dicha comisión, además de diversos aspectos psicosociales tales como: el compartir emocional, percepción de clima social, el perdón y crecimiento societal. La muestra estuvo conformada por 387 participantes entre 19 y 79 años, que se distribuyen en víctimas directas, indirectas y población no afectada. Los resultados indican que las víctimas directas presentan mayor conocimiento y una mejor evaluación del trabajo de la CVE, comparten más sus emociones sobre lo sucedido y perciben un mayor crecimiento en la sociedad tras el informe, en comparación con los otros dos grupos. Asimismo, en las víctimas directas se considera la urgencia de abordar en primer lugar la reparación económica, seguida de la judicial y la psicológica. Se analizan estos hallazgos y sus implicaciones en la actual discusión en Ecuador sobre la reparación.

Palabras clave: Comisión Verdad Ecuador, Impacto Psicosocial, Compartir Emocional, Crecimiento Societal, Reparación a Víctimas.

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ABSTRACT

The Truth Commission in Ecuador (CVE), and the report No Truth No Justice (2010), was established as a measure of recognition of the Ecuadorian State to successive violations human rights that occurred since 1984-88, and thereafter until 2008. In this context, this research seeking to find out the impact of the work of the committee, as well as psychosocial aspects such as: emotional sharing, perceived social climate, forgiveness and societal growth. The sample was conformed of 387 participants between 19 and 79 years in direct, indirect and non-affected population victims. Direct victims have greater knowledge and a better evaluation of the work of the CVE, socially shared her emotions about what happened and receive further growth in the company following the report that the other two groups. Also, the direct victims are considered the urgency of addressing primarily economic repair, followed by judicial and psychological. These findings and their implications for the current debate in Ecuador on the repair are analyzed.

Keywords: Ecuador Truth Commission, Evaluation, Emotional Sharing, Societal Growth, Repair Victims.

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RESUMO

A Comissão da Verdade no Equador (CVE) e o Relatório sim Verdade não há Justiça (2010), foram estabelecidas como medida de reconhecimento do Estado equatoriano ante as sucessivas violações dos direitos humanos ocorridas desde 1984-88 e depois disso, até 2008. Neste contexto, foi realizada esta pesquisa que permitiu conhecer o impacto do trabalho da comissão, além de vários aspectos psicossociais tais como: o partilhar emocional, percepção do clima social, o perdão e acrescimento da sociedade. A amostra foi constituída por 387 participantes entre 19 e 79 anos, que estão distribuídos em vítimas diretas, indiretas e população não afetada. Os resultados indicam que as vítimas diretas apresentam maior conhecimento e uma melhor avaliação do trabalho da CVE, compartilham mais suas emoções sobre o que aconteceu e percebem um maior conhecimento na sociedade após o relatório, em comparação com os outros dois grupos. Também, nas vítimas diretas considera-se a urgência de enfrentar em primeiro lugar a reparação econômica, seguido da judicial e a psicológica. São analisados estes achados e suas implicações para o debate em curso no Equador sobre a reparação.

Palavras-chave: Comissão da Verdade do Equador, Impacto Psicossocial, Compartilhar Emocional, Crescimento da Sociedade, Reparação de Vítimas.

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RÉSUMÉ

La Commission de vérité en Equateur (CVE) et le rapport "Sans Vérité No Justice" (2010), ont été mis en place en tant que mesure reconnaissance de l'Etat équatorien successives violations des droits humains qui se sont produites à partir de 1984-1988 puis jusqu'en 2008. Dans ce contexte, Il a mené cette recherche a donné des informations sur l'impact des travaux du comité, ainsi que divers aspects psychosocial telle perception partagée émotionnelle climat social, le pardon et la croissance de la société. L'échantillon était composé de 387 participants entre 19 et 79, qui, les victimes directes et indirectes distribués et la population touchés. Les résultats indiquent que les victimes directes Ils ont plus de connaissances et une meilleure évaluation des travail de CVE, partagent leurs émotions plus sur ce que des événements et de percevoir une plus grande croissance dans la société après signaler, par rapport aux deux autres groupes. Aussi dans les victimes directes, il envisage l'urgence d'aborder la première reparation économique, suivie judiciaire et psychologique. Ces résultats sont analysés et leur implications pour le débat actuel en Equateur sur la réparation.

Mots clés: Equateur Commission Vérité, Psychosocial Impact, Partager émotionnelle, Sociétal Croissance, Victimes réparer.

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Introducción²

Las sociedades latinoamericanas que experimentaron regímenes dictatoriales y autoritarios durante las décadas de los '70, '80 y '90, tuvieron la necesidad de implementar procesos de democratización social y política orientados a permitir el tránsito desde escenarios propios de violencia, hacia otros de cohesión social y de consolidación del estado de derecho (Arnoso, Cárdenas, Páez & Beristain, 2014; Cárdenas, Páez, Arnoso & Rimé, 2013a; Lopera, 2011; Oettler, 2013; Páez, Arnoso & Bilbao, 2014). En este contexto, la 'justicia transicional' adquiere un rol preponderante, siendo entendida como "procesos interrelacionados de enjuiciamiento y rendición de cuentas, difusión de la verdad, indemnizaciones y reforma institucional que se producen a raíz de conflictos de gran magnitud, que contribuyen al restablecimiento de las relaciones sociales a largo plazo" (Lopera, 2011:5).

Dentro de los mecanismos propios de la justicia transicional se encuentran: a) acciones de justicia procedimental, dentro de las cuales destacan las Comisiones de la Verdad; b) acciones de justicia retributiva, como los procesos judiciales de los responsables y colaboradores; c) acciones de justicia restaurativa, como la petición de perdón por parte de las instancias responsables; y d) acciones de justicia distributiva, tales como programas de reparación (Arnoso e col., 2014; Páez e col., 2014; Varón, 2011).

Una de las medidas más utilizadas y difundidas han sido las Comisiones de la Verdad (CV), las cuales pueden ser entendidas como rituales transicionales que buscan la consolidación de normas y el refuerzo de la cohesión social, permitiendo evitar la aparición futura de violencia y recuperar la confianza institucional (Beristain, Páez, Rimé & Kanyangara, 2010). Es decir, las CV pretenden hacerse cargo de graves conflictos sucedidos en un pasado reciente, en la perspectiva de generar condiciones para la paz social, en base a la verdad y evitando dejar estos hechos en la impunidad (Cárdenas e col., 2013a). En este sentido, dentro de las funciones atribuidas a las CV se encuentra "el esfuerzo por construir una verdad sobre el período de violencia, por reconocer y validar el sufrimiento de las víctimas, por reparar material y simbólicamente a los afectados, contribuir a crear una memoria colectiva inclusiva orientada al futuro, prevenir nuevos actos de violencia y ayudar en la búsqueda de justicia" (Cárdenas e col., 2013b:146).

En Latinoamérica, las CV han sido uno de los mecanismos de la justicia transicional más utilizados para elaborar y superar los hechos traumáticos asociados a las vulneraciones de los derechos humanos, habiéndose creado comisiones en Argentina (1983), Chile (1990), Guatemala (1997), Perú (2001), Paraguay (2004), Ecuador (2007) y Brasil (2011). Si bien han sido un aporte con informes detallados que constituyen pruebas documentales de los hechos acontecidos, no siempre han tenido un carácter vinculante con la justicia, lo que ha limitado seriamente su alcance (Páez e col., 2014).

Dentro de los principales temas de debate sobre las CV, destaca en primer lugar, sus potenciales efectos disuasivos. En otros términos, si los procesos a los que conducen efectivamente mejoran la situación de los derechos humanos y facilitan su goce efectivo por parte de la ciudadanía (Sikkink, 2011). En segundo lugar, se mencionan sus impactos a nivel psicológico y emocional, destacando que como espacio de escucha y expresión directa de las víctimas, conllevan un fuerte impacto emocional asociado al recuerdo del pasado, encontrando síntomas de depresión y/o estrés post traumático entre otros (Broneus, 2008; Hamber, 2007; Kanyangara, Rimé, Philippot & Yzerbit, 2007; Rimé, Kanyangara, Yzerbyt & Páez, 2011). Justamente, estas secuelas dependerán de las condiciones en las cuales se entregan los testimonios, pudiendo también generar un efecto liberador, de alivio e incluso la sensación de realización por la oportunidad de expresarse libremente (Kanyangara, Rimé, Philippot & Yzerbit, 2007). En tercer lugar, se menciona el impacto a nivel social, destacando las limitaciones de las CV para generar una memoria colectiva inclusiva que refuerce la cohesión social (Páez e col., 2014). Finalmente, el impacto de las CV no solo incluye el trabajo que haya realizado una comisión, sino que dependerá del proceso de seguimiento y de las condiciones políticas del país en que se ha realizado. No obstante, a pesar de esto, las CV aportan al reconocimiento social de las víctimas y de los hechos acontecidos, a la vez que sus efectos positivos aumentan cuando existen medidas de reparación, tanto materiales como simbólicas, que ayuden a la creación de un clima social positivo (Cárdenas e col., 2013a).

En Ecuador, una de las estrategias de dominación política, económica y cultural fue la creación de la Doctrina de Seguridad Nacional del Estado impuesta en el gobierno de León Febres Cordero entre los años 1984 y 1988. A partir de esta Doctrina, que actuó como aparato represor del Estado, se justificaron graves violaciones a los derechos humanos y una progresiva violencia política incentivada por la idea de enemigo interno. Todo aquel que no estuviera de acuerdo con las políticas gubernamentales o que realizaran acciones que pusieran en riesgo el "orden social" era considerado un enemigo, sobre el cual el Estado debía reaccionar. Esta dinámica mostraba a un gobierno autoritario que generaba constantes confrontaciones públicas con los sectores sociales opositores, incluyendo el movimiento político-militar Alfaro Vive.

Con la asunción democrática al poder por parte del gobierno de Rafael Correa Delgado y por la demanda de un grupo de víctimas de violaciones de derechos humanos, el 3 de mayo del año 2007, se crea la Comisión de la Verdad de Ecuador (CVE) mediante Decreto Presidencial nº 305. El artículo número 1 de este decreto planteó como propósito central el "investigar y esclarecer e impedir la impunidad respecto de los hechos violentos y violatorios de los derechos humanos, ocurridos entre 1984 y 1988 y otros periodos". El artículo número 2 especifica este propósito en objetivos orientados a proceso de investigación, desclasificación de archivos de Estado confidenciales. Además, incluía el reconocimiento de las víctimas y elaboración de políticas de reparación, construcción de reformas legales e institucionales, así como de mecanismos de prevención, sanción y determinación de responsabilidades civiles, penales y administrativas. Para cumplir estos objetivos, la CVE inició sus actividades el 14 de enero del 2008.

El periodo de violencia investigado e informado incluyó relatos de casos entre los años 1984 y 1988 y, adicionalmente, entre los años 1989 y 2008. Los casos incluyeron seis tipos de violaciones de derechos humanos: ejecución extrajudicial, desaparición forzada, tortura y malos tratos, atentado contra el derecho a la vida y violencia sexual. El proceso de investigación de la CVE (2010) contempló las siguientes fases metodológicas: inicialmente, la recepción de testimonios de víctimas o familiares de víctimas, revisión de fichas y relatos, elaboración de hojas de ruta. Posteriormente, la recopilación de indicios documentales, revisión bibliográfica y de la hemeroteca, recopilación de indicios testimoniales, selección y transcripción de los testimonios y la recopilación de indicios materiales. Además la Comisión llevó a cabo la notificación y cita de presuntos responsables o involucrados. Por último, la confección de expedientes de cada caso, elaboración del relato del caso y preparación del Informe Final.

Las conclusiones del informe de la CVE (2010) exponen que se registraron un total de 118 casos, que incluyen a 456 víctimas, en los seis tipos de violaciones consideradas. Se identificaron un total de 831 violaciones, ya que en una misma persona se reportaron diferentes tipos de delitos. Estas se distribuyen en: "269 víctimas de privación ilegal de la libertad, 365 de torturas; 86 de violencia sexual; 17 de desapariciones forzadas; 68 de ejecución extrajudicial y 26 de atentado contra la vida" (CVE, 2010:433). La mayor concentración de estas violaciones (68%) se dieron en el gobierno de Febres Cordero y el resto se perpetraron entre los años 1993 y 2003. Respecto a los presuntos responsables, se identificaron 460, de los cuales el "49.6% corresponde a oficiales y miembros activos y pasivos de la Policía Nacional, el 28.3% a miembros activos y pasivos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, el 10% son autoridades de gobiernos, el 5.4% funcionarios judiciales y el 5.9% autoridades o agentes de estado extranjeros" (CVE, 2010:434).

El Informe de la CVE (2010) propone un conjunto de 155 recomendaciones orientadas hacia la verdad y justicia y su relación con el proceso de reparación de las víctimas. En materia de satisfacción plantea medidas tales como: obtener declaraciones que ofrezcandisculpas públicas y restablecer la dignidad de las víctimas, revelar públicamente la verdad y buscar a personas desaparecidas y los cuerpos de las personas ejecutadas. En materia de restitución, propone medidas para: eliminar antecedentes judiciales y policiales de las personas que fueron involucradas, facilitar el retorno voluntario, seguro y digno de las personas que tuvieron que exiliarse. En materia de rehabilitación, se considera el apoyo en salud física y psicosocial, en educación, trabajo y se contemplan medidas de indemnización a víctimas. En materia de garantías de no repetición, plantea varias medidas, de las cuales se destaca: educar a todos los sectores en derechos humanos, fortalecer el poder judicial, impulsar políticas públicas en materia de derechos humanos, y promover reformas legales que adecuen el marco normativo de los derechos humanos. Finalmente, se propone un programa de reparación por vía administrativa orientada a una reparación efectiva, e incluso se realizó un proyecto de ley como propuesta incluida en el informe de la CVE. Este proceso propició que el 13 de diciembre de 2013, se publicara la ley para la reparación de las víctimas y la judicialización de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008.

Si bien se dispone de diversas recomendaciones en materia de rehabilitación que se explicitaron en el informe de la CVE, no se han articulado las instituciones, políticas y espacios reparativos que estaban proyectados. Por lo tanto, una política de reparación integral es una de las tareas pendientes del actual proceso de justicia transicional en Ecuador. En este punto, se describirán los aspectos asociados a los efectos psicosociales del impacto del trabajo de la CV.

Todo acto de vulneración a los derechos humanos en las personas, familias y comunidades generan efectos que pueden ser abordados desde una dimensión psicosocial (Beristain, 2009). Aquí es posible distinguir efectos psicológicos en dos momentos: (a) aquellos que se presentaron en las víctimas y sus familiares como consecuencia de la situación de vulneración, (b) aquellos que pudieron surgir en las víctimas luego de prestar testimonios y del informe de una CV. Respecto de este segundo momento, se ha reconocido que los testimonios podrían generar en las personas afectadas una re-activación de síntomas traumáticos y otras consecuencias (e.g., impacto de la impunidad, sentimientos de injusticia, expectativas de reparación, entre otros). Pero también se ha reconocido que podría generarse un efecto psicológico positivo en las víctimas por la descarga afectiva, sentimiento de escucha y del reconocimiento del dolor sufrido (Kanyangara e col., 2007; Kanyangara, 2008). Todo esto evidencia la necesidad de que las víctimas cuenten con un acompañamiento psicológico permanente, ya sea en la expresión de las vulneraciones en diversos contextos (e.g., en audiencias judiciales), como en la posibilidad de una intervención psicológica. De cualquier modo, cabe la pregunta de si la participación de las víctimas en una CV promueve necesariamente un corolario de bienestar y la influencia en el mismo de la reparación posterior: la respuesta apunta a que es necesario que se cumplan una serie de requisitos propiciados por los Estados para que las acciones restaurativas sean eficaces (ver Páez, 2010).

Entre los posibles impactos psicosociales posteriores a los informes de las CV, se han explorado algunas variables y sus efectos en víctimas y en población no afectada. En primer lugar, el nivel de información que las personas presentan de las recomendaciones y medidas reparatorias contenidas en los informes de la CV. En segundo lugar, es indispensable que se produzcan gestos de disculpas y reconocimiento desde el Estado, y las políticas de reparación (Arnoso e col., 2014). En efecto, parece haber cierta relación en que la ausencia o retraso en las disculpas conlleva a una percepción de baja eficacia de la acción de la CV, o en el desarrollo de juicios por delitos de lesa humanidad como podría observarse en Perú y Uruguay (Páez e col., 2014). Un tercer aspecto corresponde al compartir social de las emociones asociadas con el periodo informado por las CV (Cárdenas e col., 2013a, Rimé, 2012), que suele ser referido en mayor parte por las propias víctimas. Un cuarto elemento se asocia a la valoración del clima social en el país. Los estudios revelan que esta percepción en las víctimas puede ser negativa, tal como se informa en Chile (Cárdenas e col., 2013b) o positiva como se describe en Argentina (Bombelli, Muratori, Arnoso & Mele, 2013), dependiendo de las políticas y acciones estatales en la reparación a las propias víctimas. Finalmente, la tendencia política se presenta como un factor que ha generado diferencias en la percepción del impacto de las CV.

Por otro lado, hay coincidencia en los estudios respecto a que la población general no afectada conoce poco sobre el trabajo de las comisiones, lo que depende en general de la difusión del trabajo (Arnoso e col., 2014). Conjuntamente, la población no afectada reporta menor conocimiento, aprobación y compartición social del trabajo de las comisiones (Cárdenas e col., 2013b).

En este contexto, el interés en explorar los efectos de la CV en Ecuador era pertinente, dado el escenario actual de posible inicio de medidas de reparación a las víctimas. Para ello, en este trabajo se establecen los siguientes objetivos: en primer lugar, se examina el conocimiento y la valoración de las personas sobre el trabajo de la comisión y las disculpas oficiales. Segundo, se busca conocer si la tendencia política de los participantes genera diferencias sobre el compartir socialmente sus emociones sobre el trabajo de la CVE, el perdón, la percepción del clima social y del crecimiento societal. Finalmente, se explora en la población directamente afectada por la violencia, si conoce la situación de la ley de víctimas, así como su percepción sobre los tipos de reparaciones más urgentes y qué aspectos fortalecerían las organizaciones de víctimas en Ecuador.

 

Método

Participantes

La muestra está conformada por 387 participantes, 194 hombres (50.1%) y 193 mujeres (49.9%). Sus edades varían entre 19 y 79 años (M = 39.53 y DT = 12.79).

Se reconoce como VD, a toda víctima expuesta directamente a la violencia por parte del Estado (N = 85); como VI, a víctimas indirectas que incluye a los familiares y cercanos de una VD (N = 67); y como NA, a población no afectada por la violencia (N = 232).

Respecto al lugar de residencia, el 46.8% (N = 181) vive en Quito, un 25.8% (N = 100) en Guayaquil, el 11.4% en Manta (N = 44), un 10.1% en Cuenca (N = 39) y un 5.9% (N = 23) en Sucumbíos. Un 78.6% (N = 294) de la muestra está trabajando.

Desde el punto de vista ideológico, el 55.9% (N = 213) considera la religión algo bastantemuy importante y respecto a ideología política, el 46.2% (N = 163) se considera de izquierda, un 31.4% (N = 111) de centro y un 22.4% (N = 79), de derecha.

Medidas

Los datos fueron recolectados a través de un instrumento de evaluación de índole autoadministrable, compuesto por las siguientes escalas³:

♦ Datos socio-demográficos y personales.

Se pregunta aspectos tales como sexo, edad, lugar de residencia, situación laboral, religión, ideología política, entre otros.

♦ Grado de exposición a la violencia propia o de familiares entre los años 1984 y 2008 en Ecuador.

Estos ítems permitieron distinguir entre cuando un participante se considera una "Víctima Directa" (VD), "Víctima Indirecta" (VI) o "No Afectado" (NA).

♦ Tipos de Vulneraciones.

Se incluyó un ítem para que los participantes identificaran qué tipo(s) de vulneración(es) presentaron directamente o entre sus familiares y cercanos, de acuerdo a la tipología que estableció el Informe de la CVE.

♦ Conocimiento y evaluación CVE.

Se pregunta sobre el conocimiento sobre el trabajo de la CVE y se valora la evaluación del trabajo de esta comisión.

♦ Actitud ante las Comisiones (Gibson, 2004).

Evalúa el grado de aprobación de las actividades de las comisiones, en las cuatro funciones identificadas (α = .79).

♦ Escala abreviada de Clima Social (Páez e col., 1997).

Se evalúa el clima social del país, ya sea del clima social positivo (α = .69) y del negativo (α = .76).

♦ Compartir Social de las Emociones (Rimé, 2012).

Se evalúa la frecuencia y necesidad de hablar o inhibir socialmente respecto de las vulneraciones y hechos traumáticos, ya sea a través del compartir emocional (α = .87), o la inhibición emocional (α = .78).

♦ Dimensión societal de Escala de Crecimiento Postraumático Colectivo (Páez, Basabe, Ubillos & González, 2007).

Evalúa la percepción de mejora y crecimiento tras el trauma. Consta de tres dimensiones: a) individual, b) comunal y c) societal. Se considera en este punto solo la dimensión societal, que informa sobre el crecimiento que ha presentado la sociedad respecto a los derechos humanos. (α = .89).

♦ Reparación, conocimiento de Ley de reparación a las víctimas y percepción sobre organizaciones de víctimas en Ecuador.

Se crearon tres ítems que se preguntaron solo al grupo de víctimas directas. El primer ítem evaluó el conocimiento de la Ley de víctimas ("¿Conoce el estado actual de la Ley de Reparación a las víctimas?"). El segundo ítem valoró la percepción de las víctimas expuestas directamente a la violencia sobre qué tipo de reparación es la más inmediata ("Frente a las distintas dimensiones de la reparación que pueden obtener las víctimas, por favor enumere del 1 al 5 cuáles consideraría usted más urgentes"). Se ofrecieron cinco alternativas: reparación económica, judicial, psicológica y memoria-reconocimiento público y otra. Los participantes debían ordenarlas de acuerdo al orden de su preferencia. Finalmente, un tercer ítem preguntaba sobre las necesidades de las organizaciones de víctimas en Ecuador. ("Qué aspectos fortalecerían las organizaciones de víctimas?"). Igualmente, se presentaron cinco opciones de respuesta: Reconocimiento del Estado, financiamiento, compromiso de integrantes, acompañamiento técnico externo y otra. Las opciones de respuesta para los últimos dos ítems era 1 (más urgente) a 5 (menos urgente).

Análisis de Datos

El análisis de los datos se realizó mediante el paquete estadístico SPSS 21. Primero, se calcularon los estadísticos descriptivos para cada ítem, y se evaluó la consistencia interna de los instrumentos de la escala. Posteriormente, se realizaron comparaciones de grupos a través de la prueba chi cuadrado, contrastes sobre medias y análisis de varianza, en una agrupación de los casos de acuerdo al nivel de exposición a la violencia. Se realizaron comparaciones post hoc, de acuerdo a la corrección de Bonferroni y se incluyeron el cálculo del tamaño de efecto y correlaciones de Pearson.

Procedimiento

Inicialmente, se realizó una validación del cuestionario en Ecuador, a través de cuatro jueces expertos. Dos evaluaron los contenidos contemplados y dos la redacción de los ítems. Posteriormente, se estableció contacto con el "Comité de Víctimas de delitos de lesa humanidad y graves violaciones de Derechos Humanos en Ecuador" que aparece en el Informe de la Comisión de la Verdad, a quienes se les explicó el objetivo del estudio. A través de su gestión, se pudo establecer el contacto con víctimas y sus familiares en las provincias anteriormente señaladas. Con las víctimas que tuvieron una exposición directa e indirecta a la violencia, las encuestas fueron realizadas por encuestadores expertos. El tiempo de duración de las respuestas a la encuesta varió entre 45 y 70 minutos, dependiendo de los comentarios y observaciones que realizaban mientras contestaban las preguntas. Los contactos con las víctimas directas e indirectas se realizaron a través de visitas domiciliarias o en reuniones en espacio grupal.

El estudio se realizó en un periodo de tiempo donde se estaba discutiendo la Ley de Reparación de Víctimas en Ecuador (finales de 2013). Primero, se efectuó un contacto telefónico donde se informaba la persona que había facilitado sus datos, se describían los objetivos del estudio y del origen de la iniciativa. Posteriormente, se acordaba un punto de contacto, ya sea en su propio domicilio o en un lugar externo. Una vez que se entraba en contacto con el participante, se les explicaba nuevamente el objetivo del estudio y, dependiendo del caso, leían o se les leía la hoja de consentimiento informado y firmaban su autorización. En algunos casos, las víctimas observaron con recelo el objetivo de la investigación en el contacto inicial, por lo que fue necesario explicar en detalle la iniciativa académica que motivaba el estudio. Se aclararon los alcances y las expectativas respecto a los posibles productos esperados del estudio. La población general no expuesta a la violencia, fue contactada en diversos espacios (contacto en Universidades, servicios públicos, instituciones, organizaciones y en la calle). Respecto a este grupo, se adoptó como criterio de inclusión que fuese mayor de edad y de nacionalidad ecuatoriana. Como criterio de exclusión, se definió que los participantes no pertenecieran a las otras categorías planteadas por el estudio; en este caso, que no tuviesen familiar o amistad que se haya relacionado con los hechos informados por la CV. A este grupo, igualmente, se les explicaban los objetivos de estudio, se leía y firmaba la hoja de consentimiento informado y se procedía a completar el cuestionario. En estos casos, el tiempo de duración varió entre 20 y 30 minutos.

La participación fue voluntaria y los participantes fueron identificados mediante claves numéricas, lo que posibilitaba el anonimato en el tratamiento y uso de los datos. De las víctimas y familiares contactados, el 3.28% rechazó participar en el estudio.

 

Resultados

Exposición a la Violencia, Tipo Vulneración, Conocimiento y Aprobación Trabajo CVE

Del total de los participantes, en el 22% se trataba de víctimas directas (VD), un 17.3% de víctimas indirectas (VI) y una mayoría (59.9%) de población no afectada (NA). Se observan diferencias significativas en las edades de los diferentes grupos: es mayor en el grupo de VD (M = 49.32 años, DT = 12.3), respecto a las VI (M = 36 años, DT = 10.6) y el grupo NA (M = 37 años, DT = 11.7) (F(2, 386) = 38,152; p = .000; f = .40).

Entre las VD, el 9.5% sufrió privación ilegal de libertad, un 15.8% atentado contra el derecho a la vida, el 12.7% tortura o malos tratos y el 61.9% una combinación de los tipos de vulneraciones anteriores, incluyendo violencia sexual. En relación a las VI, reportaron que sus familiares, amigos o conocidos en un 47.8% presentaron privación ilegal de libertad, un 33.3% atentado contra el derecho a la vida, el 37.8% tortura o malos tratos, un 2.2% violencia sexual, el 35.6% desaparición forzada y el 14.4% ejecución extrajudicial. Tanto las VD como las VI presentan familiares o cercanos que sufrieron vulneraciones. De estos, un 23.5% corresponde a amistades, 14.6% a hermanos/as, 13.8% a parejas, 9.7% a padres/madres, 8.9% hijos/as, 8.1% a tíos/as, 2,4% a primos/as, 1% a abuelos/as y un 4.1% a otros conocidos (vecinos/as, compañeros/as de trabajo). Además, un 13.8% presenta a varias personas afectadas.

Un 50.4% del total de los participantes conoce el trabajo realizado por la CVE (N = 195). Este conocimiento se encuentra condicionado por la exposición a la violencia (F(2, 384) = 31.514; p = .000; f = .37). Las VD y las VI presentan mayor conocimiento del trabajo de la CVE (alrededor del 75%) que la población general sin exposición a la violencia (35.1%). En las comparaciones post hoc no se encontraron diferencias entre VD y VI respecto a este punto. En relación a cuanta información presentan los participantes del trabajo de la CVE, igualmente se asocia por la exposición a la violencia (F(2, 383) = 24.462; p = .000; f = .33). En otras palabras, a mayor exposición a la violencia, las personas presentan mayor información sobre el trabajo de la CVE. Entre las VD, un 29.7%, tiene bastante información, en las VI, 12.2% y entre la población NA un 4.4%.

Por otro lado, aunque el 50.4% del total de los participantes conoce el trabajo, de estos, el 82.6% aprueba el trabajo de la CVE (N = 161). Se encontraron diferencias en la aprobación entre los grupos por tipo de exposición a la violencia (F(2, 373) = 5.418; p = .005; f = .16 ). Las comparaciones post hoc detectaron que las VD presentan diferencias significativas respecto al grupo de población NA (p = .019). Entre las VD, un 87.1% aprueba el trabajo de la CVE y un 12.9% presenta desaprobación. Entre las VI, se observa un 87.5% de aprobación y un 12.5% de desaprobación. En cambio, la población NA, un 79.9% aprueba y un 20.1% rechaza este trabajo. Se identifica una relación directa entre la información que se posee del trabajo de la CVE y su aprobación (r = .18, p = .000).

Evaluación CVE, Compartir Emocional, Disculpas Institucionales y Perdón por Exposición a la Violencia

En relación a la evaluación de la eficacia del trabajo de la CVE, en general, hay una percepción de un buen trabajo de la comisión (71.2%), las cuales se asocian a la exposición a la violencia (F(2, 374) = 13.604; p = .000; f = .26). No obstante, esta evaluación es levemente superior en las VI (87.9%), que en las VD (81.2%), las cuales presentan diferencias significativas respecto a la población NA (65.7%). Las VD evalúan mejor las funciones de la CVE, específicamente, en la generación de una historia común y en garantías de no repetición en el futuro. En contraste, no se confirman diferencias respecto a conocer la verdad sobre lo ocurrido a las víctimas. Igualmente, se presentan diferencias respecto al compartir emocional, el cual aparece mayor en VD respecto a los otros dos grupos. Esto no ocurre en la inhibición, apreciándose que es más bajo en las propias víctimas que en población NA. En lo relativo a las disculpas y el perdón, no hay diferencias entre los tres grupos.

 

 

Evaluación CVE, Compartir Social, Clima Social y Crecimiento Societal por Ideología Política

La tabla 2 muestra las diferencias obtenidas respecto a la propia ubicación ideológica política de los participantes. Se observa que los participantes de izquierda presentan mayor información y una mejor evaluación de los objetivos y funciones de la CVE. No se advierten diferencias en los tres grupos en la participación en actividades de derechos humanos. Hay diferencias en el compartir social, donde los participantes de izquierda tienden a compartir más sus emociones del trabajo de la comisión. Igualmente, los participantes de izquierda presentan mejor evaluación de las disculpas oficiales recibidas por las víctimas.

 

 

En relación a la percepción de cambios en el clima social del país, no se observan diferencias respecto a clima positivo. En cambio, sí se observan ante la percepción de clima social negativo, con una puntuación más alta entre los participantes de derecha. En último lugar, los participantes de izquierda observan mayor crecimiento societal a partir del informe de la CVE, y los de derecha lo puntúan menor.

Los participantes de derecha tienden a inhibir sus emociones de lo ocurrido en el periodo informado, aprecian menor puntuación en las disculpas oficiales y la posibilidad de perdón de las víctimas y observan un clima más negativo a nivel social. Los participantes de ideología política de centro puntúan menos en la evaluación de las funciones de la CVE, participan menos en actividades de recuerdo y perciben menor crecimiento societal que los de ideología de izquierda y derecha.

Respecto a la dimensión de crecimiento societal incluida en este estudio, se observa que las VD presentan puntuaciones más altas (M = 14.70, DS = 6.1), seguida de las VI (M = 13.79, DS = 5.3) y finalmente, el grupo no expuesto a violencia (M = 10.71, DS = 6.1). Estas diferencias son significativas (F(2, 382) = 16.844; p = .000; f = .28). El análisis de correlaciones de Pearson mostró que la dimensión de CPT societal presenta una relación con el grado de conocimiento de la CVE (r = .13, p = .009), una mejor evaluación del impacto de la CVE (r = .37, p = .000) y sus funciones (r = .37, p = .000.), donde las disculpas institucionales ayudaron a comprender el sufrimiento de las víctimas (r = .33, p = .000). También se presentan diferencias con la participación en actividades de derechos humanos (r = .21, p = .000), y con el compartir social (r = .25, p = .000).

Reparación, Conocimiento de Ley de Víctimas y Percepción sobre Organizaciones de Víctimas en Ecuador

Estas preguntas se realizaron solo a las VD en el contexto de la Ley de Reparación de Víctimas que se dio a conocer a finales de 2013. Un 66.7% conocía el estado de la Ley de Reparación a Víctimas. El 70% considera que la reparación más urgente es la reparación económica, un 16.7% la reparación judicial y un 11.7% la atención psicosocial. Finalmente, un 51.7% refiere que el reconocimiento del Estado es el aspecto que más fortalecería a las organizaciones de víctimas y familiares (e.g., comités, mesas nacionales y provinciales), seguido de un 31.7% que describe la necesidad de financiamiento para estas organizaciones.

 

Discusión

Aun cuando la CV se creó 20 años después del periodo más recurrente de violaciones de derechos humanos en Ecuador, supuso una instancia del Estado de reconocimiento y búsqueda de la verdad de sucesivas vulneraciones a los derechos humanos entre 1984 y 2008. En este trabajo, se buscó conocer su impacto en distintos sectores de acuerdo al nivel de exposición a la violencia y su ubicación en ideología política. Los resultados apuntan a que el trabajo de la comisión no ha sido recibido ni elaborado de la misma forma por la sociedad ecuatoriana.

Respecto del primer objetivo relacionado con el conocimiento y aprobación sobre el trabajo de la CVE y las disculpas oficiales, se destaca que las víctimas directas son quienes más conocen y aprueban su trabajo, de forma coherente con lo expuesto en estudios previos (Cárdenas e col., 2013b). Esto evidencia que a medida que hay un mayor grado de conocimiento sobre el trabajo realizado por la CVE, aumenta su aprobación. A su vez, las víctimas directas son quienes poseen mayor información sobre la CVE y evalúan mejor sus funciones, especialmente en relación a la generación de una historia común y a las garantías de no repetición en el futuro. En este sentido, se puede concluir que la valoración social que se realiza sobre esta comisión depende de la exposición a los hechos de violencia que ocurrieron y/o de la participación de las víctimas en el proceso de la CVE. Posiblemente esto se debe a que el trabajo de la CV se orientó a las víctimas y que su contenido fuera poco conocido a nivel público. Además, hay que tener en cuenta que, en términos comparativos, el nivel de las violaciones de derechos humanos sucedido en Ecuador tuvo menor relevancia que en el caso de las dictaduras o guerras internas vividas en América Latina en esos años. Esto explicaría que las víctimas y organizaciones de derechos humanos hayan tenido menor grado de organización e incidencia social que en otros contextos. Asimismo, confirma este carácter más selectivo del trabajo de la CV, que en Ecuador se constituyó como mecanismo principal del proceso de justicia transicional (Olsen, 2010; Sikkink, 2007), y que evidencia las limitaciones en su impacto cuando es utilizado como único dispositivo (Brahm, 2007; Hayner, 2000).

Por otro lado, no se aprecian diferencias significativas en la evaluación que realizan los participantes sobre las funciones de la CVE relativas a establecer la verdad sobre lo ocurrido y que los culpables sean juzgados. Esto podría explicarse de dos maneras: una primera se deba a que en Ecuador las recomendaciones del trabajo de la comisión se han traducido en escasos procesos judiciales contra los responsables identificados. Una segunda explicación es que estas funciones sean percibidas como valores compartidos, en la cual la verdad va asociada a la justicia y reparación. En relación al compartir social de las emociones, se presentan diferencias significativas en los participantes, siendo mayor en las víctimas directas. Así, un mayor nivel de exposición a la violencia y participación en la CVE va asociada a un mayor compartir emocional, como se reporta en Argentina (Bombelli e col., 2013), Chile (Cárdenas e col., 2013b) y Paraguay (Arnoso e col., 2014). Esto otorgaría a las víctimas un efecto de afrontamiento de los hechos acontecidos, ya sea de aproximación o de evitación (Arnoso, Cárdenas & Páez, 2012).

También las víctimas directas presentan mayores puntuaciones en crecimiento societal. Esta dimensión presenta correlaciones altas con un mayor conocimiento de la CVE, con una mejor evaluación de su impacto y sus funciones, como también con una mayor valoración de que las disculpas ayudaron a comprender el sufrimiento de las víctimas. De esta forma, la percepción de un mayor crecimiento societal puede ser considerado como un resultado del aporte del trabajo de la CVE a la elaboración colectiva de estos hechos.

No se observan diferencias significativas asociadas al nivel de exposición a la violencia, en relación a la sinceridad de las disculpas y la valoración de cómo esta disculpa ayudó a las víctimas. Es posible que este resultado se explique a que las disculpas oficiales abogaron por el término de la impunidad y, dado que no ha ocurrido, no han sido percibidas como aporte a la elaboración social de los hechos acontecidos.

Sobre el segundo objetivo relacionado con la percepción en el trabajo de la CVE de acuerdo a la ubicación en la ideología política, se obtiene que personas de izquierda tienen mayor información y una mejor evaluación de los objetivos y funciones de la CVE. Además, las personas de izquierda tienden a compartir más sus emociones respecto a lo que fue el periodo que comprende el trabajo de la comisión, presentan mayor aceptación de las disculpas oficiales y observan mayor crecimiento societal. En contraposición, las personas de derecha perciben un clima social negativo, observan menor crecimiento societal, y tienden a inhibir sus emociones de lo ocurrido en el periodo informado. Asimismo, no se observan diferencias significativas por ideología política en relación a la percepción de un clima social positivo, lo que puede deberse a la falta de mecanismos de reparación y de procesos judiciales. Estos resultados corroboran el hecho de que los impactos de las vulneraciones a los derechos humanos afectaron de manera desigual a la población en función de su ideología política, y que esto se relaciona con el nivel de aceptación e impacto del trabajo de la CVE.

Sobre el tercer objetivo, los resultados indican que las víctimas directas tienen un importante nivel de conocimiento sobre la ley de reparación a víctimas. La mayoría indica que la reparación más importante en la económica, seguida de la judicial y luego la psicológica. Además, sobre aquellos factores que fortalecerían a las organizaciones de víctimas, se menciona en primer lugar el reconocimiento por parte del Estado, seguido de apoyo financiero para su funcionamiento.

Respecto a la reparación psicológica, los resultados indican que para las víctimas es importante, pero señalan la necesidad de otras medidas de reparación previas. Esto requiere de dispositivos de abordaje terapéutico que contemplen las limitaciones que podría implicar su funcionamiento (Beristain, 2009; Lira, 2010), atendiendo a las necesidades de las víctimas de violaciones de derechos humanos y la adopción de un enfoque psicosocial (Beristain, 2009). Dadas las peculiaridades de este tipo de atención, es indispensable el desarrollo de criterios de reparación adecuados y que generen confianza en las víctimas (Brewer & Hayes, 2014). En este punto, podrían implementarse las acertadas recomendaciones sobre salud física y psicosocial que incorpora el propio informe de la CVE (Recomendaciones 21 a 30).

Entre las limitaciones del estudio, es que se utiliza un método transversal. Esto dificulta constatar los cambios que haya respecto al impacto del trabajo de la CVE. No obstante, este estudio es el primero que pregunta a las víctimas respecto de su evaluación del trabajo de la CVE. Una segunda limitación, se refiere a que se realizó un muestreo que no alcanzó a cubrir a todas las víctimas de diversas provincias del Ecuador, aunque se dio cobertura a las provincias donde el Informe reportó mayor porcentaje de víctimas. Una tercera limitación, es que no se pregunta por el grado de conocimiento respecto de las recomendaciones que realizó la Comisión. Esto ha sido evaluado como el criterio más pertinente para rastrear el impacto real del trabajo de las comisiones de la verdad (Brahm, 2007). Sin embargo, dado que la mayoría de los participantes conoce poco o muy poco sobre el trabajo de la CVE, es posible que una menor cantidad conociera las recomendaciones, incluso en las propias víctimas directas.

Futuros estudios requieren describir las diferencias que puedan encontrarse en las propias víctimas, ya sea distinguiendo quienes presentaron distintos tipos de vulneraciones o su participación en grupos políticos o sociales en el momento de los hechos. Conjuntamente, siguiendo las recomendaciones de Brahm (2007) y Olsen (2010), futuras investigaciones requieren incorporar el efecto que pueden presentar otras medidas que actualmente están en inicio o aún no formalizadas (e.g, reparación, judicialización de los casos, entre otros). Esto posibilitaría explorar con mayor precisión, si las diversas recomendaciones que realizó la CVE están cumpliéndose y el impacto de las mismas especialmente en las víctimas a quienes van dirigidas.

A nivel psicológico, futuros estudios podrían explorar los mecanismos de recuperación y crecimiento de las propias víctimas. Es indispensable examinar sobre la noción de reparación psicológica en las víctimas: en este contexto, ¿Las víctimas están dispuestas a iniciar este tipo de procesos de atención o reparación? Será importante indagar sobre los dispositivos de ayuda psicológica que el Estado ecuatoriano implemente y cómo son recibidos por las víctimas, tanto en el ámbito del impacto de los hechos o la impunidad, como en el acompañamiento psicosocial en los procesos de judicialización.

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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Recebido em 20/01/2015.
Revisado em 24/04/2015.
Aceito em 28/04/2015.

 

 

1 Un agradecimiento al Comité de Víctimas de Delitos de Lesa Humanidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos en Ecuador, y al Programa Andino de Derechos Humanos (PADH) de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, que posibilitaron el contacto con las víctimas y sus familiares.
2 Este trabajo fue apoyado por la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador, con la subvención al Proyecto de Investigación Nº 6, "Impacto de la Comisión de la Verdad de Ecuador en los Procesos de Reparación", ejecutado por el Grupo de Investigaciones Psicosociales de la Carrera de Psicología, durante el período 2013-2015.
3 Estas escalas representan las medidas que se utilizaron en gran parte de los estudios que conforman el presente monográfico. Por tal motivo, no se detallará en su descripción. En cambio, sí se especifica en las preguntas sobre los tipos de delitos y las escalas de crecimiento societal, reparación y percepción sobre organizaciones de víctimas, que fueron incluidas específicamente para Ecuador.