EDITORIAL

La psicología ante los desastres naturales y la violencia criminal

El presente editorial refiere dos situaciones relevantes. La primera, sobre la urgencia de capacitar a nuestros psicólogos en programas dirigidos a intervenir en períodos de crisis y situaciones postraumáticas, y la segunda, sobre la presencia participativa del profesional de la salud mental en la búsqueda de soluciones frente al auge de la delincuencia y el crecimiento de la inseguridad ciudadana en la República Dominicana.

Acontecimientos como los del 11 de septiembre del 2001, tras el derrumbe de las torres gemelas, donde sucumbieron miles de personas de varias regiones del mundo, entre ellos centenares de dominicanos; posteriormente, el accidente aéreo que se produjo en New York en marzo del 2003, en el cual fallecieron muchos nacionales que viajaban al país; el desbordamiento del Río Blanco, riada producida en Jimaní en mayo del 2004, que marcó luto, dolor y cuantiosas pérdidas humanas y materiales a la República Dominicana, hechos aislados, pero que muestran la necesidad de que los psicólogos dominicanos cuenten con la capacitación que les facilite enfrentar situaciones críticas, de emergencia y desastre. Más aún, considerando la vulnerabilidad de la zona tectónica, los riesgos telúricos y ciclónicos a que está expuesta la isla de Santo Domingo.

En ese sentido, llamamos la atención de las instituciones de educación superior del país, para que consideren esas demandas y las incluyan en sus planes de estudios. Nuestros psicólogos necesitan conocer en profundidad aquellas técnicas psicológicas idóneas que han de utilizarse en la recuperación de la salud mental de los afectados en situaciones de desastre y de pérdidas traumáticas, así como también estar aptos emocionalmente para condiciones de trabajo de gran adversidad, o condiciones de pánico colectivo, fruto de informaciones infundadas que se pudiesen presentar en lo adelante.

No obstante, Perspectivas Psicológicas debe reconocer la labor que han desempeñado muchos psicólogos dominicanos, que junto a otros profesionales de la salud mental, han respondido voluntariamente y de manera eficaz ante los desastres que anteriormente hemos señalado, acciones casi heroicas, realizadas a través de Redes de Apoyo Psicológico a los Afectados, pero constituidas de forma espontánea, y que deberían ser parte de un programa serio establecido y dirigido por el Estado como parte de un componente importante de la Defensa Civil y dentro de un proyecto preventivo de urgencias y desastres.

Hemos de reconocer el trabajo mancomunado realizado en Jimaní por la Red Interinstitucional de Salud Mental para el Apoyo a Personas Afectadas por el Desastre, en el cual participó el Instituto de Psicología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, coordinando las actividades efectuadas por 31 psicólogos y estudiantes de término de psicología que durante tres meses y medio de intensa labor de apoyo psicológico, lucharon con denuedo y abnegación para que Jimaní se recuperara emocionalmente del aquel triste acontecimiento.

Se agradece, además, el apoyo solidario que mostró la Sociedad Interamericana de Psicología (Directiva, Junta y Representantes Nacionales) frente a los sucesos trágicos ocurridos en Jimaní, y particularmente la ayuda material de grupos de psicólogos del vecino país de Puerto Rico, que nos asistieron aportando su contribución tan oportuna para la zona del desastre.

Nuevamente les damos las gracias.

El segundo tema del presente editorial va destinado a hacer comprender la importancia de la participación del psicólogo en los programas que fomentan una cultura de paz y de bienestar social, así como también en proyectos que frenen la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado, hechos que se han recrudecido en los últimos tiempos en el país y han consternado a la población dominicana. Se han incrementado la tasa de homicidio, el robo de vehículos de motor y de celulares, la aparición de bandas incontrolables de malhechores (pandilleros) con nuevas formas de delitos, tales como los secuestros, los ajustes de cuenta por la lucha de los puntos de venta de drogas y otros actos delictivos aparecidos con denotada despiadada crueldad.

A esto se añaden la corrupción campante e impunidad judicial y policial con la que han contado hasta ahora los delincuentes; el uso y abuso de sustancias prohibidas, el expandido mercado del narcotráfico, en el que paradójicamente se han visto involucradas personas del ámbito militar y policial, que presuntamente deberían preservar el orden y velar por la seguridad ciudadana. Por otro lado, el modelamiento de la violencia, la penetración de valores inadecuados a través de los medios de comunicación de masas, principalmente televisivos y la permisividad en el porte de armas de fuego son también componentes de muy alto riesgo que contribuyen a deteriorar más la situación.

Un acontecimiento que a principios del año 2005 llamó poderosamente la atención de toda la sociedad dominicana, fue el entierro de un presunto delincuente, cuyo féretro fue envuelto en la bandera nacional, y se vio acompañado de una multitud compuesta principalmente por jóvenes y adolescentes en un ambiente de fiesta, con música, bebidas y hasta disparos con armas de fuego. Realmente una práctica muy divorciada de nuestras costumbres y cultura y que parecería estar siendo importada de otros contornos. La solidaridad para con ese supuesto delincuente es atribuida a los favores y prebendas económicas, que de manera generosa otorgaba dicho sujeto a los pobladores de la barriada depauperada, y que para nadie es un secreto, procedía de la venta de drogas llevada a cabo durante mucho tiempo con injustificable impunidad.

Todo esto deja mucho que pensar en cuanto a los valores morales y sociales que predominan en una gran parte de la juventud. Sin lugar a dudas, este hecho responde a una complejidad de factores, pero lo cierto es que los valores éticos, religiosos y culturales de la dominicanidad han sido sustituidos por nuevos antivalores, cimentados sobre la incapacidad del Estado, de la Iglesia y demás instituciones sociales de evitar la marginación de amplios sectores populares. Otra expresión del deterioro moral predominante en nuestra juventud es la de los “jebitos de la Avenida Abraham Lincoln”, quienes buscan protagonismo y desafían a la sociedad con algunas de sus escalofriantes inconductas de exhibicionismo sexual.

Ante la creciente ola de violencia, la sociedad civil y algunas organizaciones han realizado caminatas en protesta por el deterioro social observado y a favor de la codiciada paz social. Otros, en cambio, estimulan campañas educativas y con entregas de “pitos”, para que se denuncie a la comunidad aquellos actos delictivos, inmediatamente sean cometidos. Por su parte, el Estado se propone adoptar algunas medidas en el orden represivo policial y judicial, y a nivel general, imponer la política de “cero tolerancia” a la violencia. Sin embargo, observamos que estamos lejos de buscar soluciones efectivas, mientras no se cuente con la participación al unísono de todos los sectores de la sociedad y se enfrente las verdaderas causas que ocasionan el problema de la violencia.

Indiscutiblemente, el psicólogo debe jugar un papel protagónico en la lucha contra este flagelo; como especialista de la conducta, puede aportar investigaciones diagnósticas y pronósticas sobre los factores que la desencadenan, y que faciliten el diseño y la ejecución de proyectos preventivos y de corrección tendientes a reducir a su mínima expresión este mal social. Es por todos conocido, que este fenómeno se encuentra estrechamente vinculado a aspectos socioeconómicos y culturales, siendo Latinoamérica y el Caribe la segunda región más violenta del mundo, cuyos factores endógenos son engendrados principalmente por las grandes desigualdades sociales y la mala distribución de las riquezas; así como también, por la falta de políticas estatales de largo plazo, que contrarresten las deficiencias estructurales propias de un sistema social con enormes desequilibrios internos. El problema no se resolverá ofreciendo paliativos y correctivos coyunturales de corto plazo, ni simplemente con respuestas de tipo punitivo o basadas en la represión, tal como sería simplemente aumentar el número de policías y la severidad de la pena a los delincuentes.

En fin, confiamos en que el problema de la violencia criminal en el país sea debidamente abordado en toda su complejidad, y que se comprenda el significativo rol que deben desempeñar nuestros psicólogos en una sociedad aquejada de tantos quebrantos económicos, sociales, educativos y psicológicos, como la que nos ha tocado vivir.